El ministro de Defensa Nacional, Javier García y el comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, comparecieron este lunes ante la Comisión de Defensa del Senado, acompañados de autoridades del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, para hablar sobre el proceso de adquisición de las dos lanchas patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) que el Estado comprará por 92 millones de dólares. 

García comenzó su intervención diciendo que, para el Gobierno “que la Armada Nacional cuente con patrulleros oceánicos es un tema país” y expresó que, desde 2008, tanto el Frente Amplio como los partidos integrantes de la coalición “nunca” abordaron el tema “en términos de gobierno y oposición, sino en términos de país”, según cita la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

El ministro dijo que a pesar de esos 15 años de “unanimidad” del sistema político sobre esta “necesidad”, nunca se concretó y siempre aparecieron “obstáculos”. García afirmó que hubo, a lo largo de ese tiempo “intereses económicos legítimos, privados, que de una forma u otra tuvieron una dinámica que fue más potente que todo el sistema político junto”.

Ante esto, el secretario de estado remarcó la premura de concluir este proceso. “Lo voy a decir en términos vulgares: estamos regalados en nuestras aguas jurisdiccionales, porque hace 15 años estábamos mejor que ahora. ¿Cómo no lo íbamos a estar, si los barcos eran 15 años más nuevos? Ahora tenemos los mismos barcos o menos barcos y 15 años más viejos, salvo los tres buques que se compraron en noviembre pasado, pero son fluviales; son costeros”, afirmó.

Sobre los barcos que se comprarán, García remarcó que no son “buques de guerra”, ya que estos tienen “otra constitución y otra tecnología”, sino que son barcos que “tienen agregados que permiten desplegar tareas militares, con un armamento que no es para hacer la guerra con nadie, sino para cumplir las tareas de cuidar nuestra jurisdicción”.

García recordó que el proceso para comprar las patrullas se inició en diciembre de 2021, cuando hizo una presentación pública con el presidente Luis Lacalle Pou. Se trató del proceso de compra directa secreta que luego debió dejarse sin adjudicaciones, “en virtud de las propuestas que había y la propuesta que se había elegido superaba ampliamente la capacidad económica” que el Gobierno había marcado en el presupuesto asignado para hacer esa compra.

“Hubo un segundo intento con una oferta que existió de Noruega, pero, por razones técnicas, la Armada recomendó no concretar la compra. Había un tema de calado y otras condiciones técnicas que excedían las posibilidades de nuestro puerto. Y la tercera etapa es esta que estamos recorriendo y finalizando, que consiste en una compra directa, también amparada por el Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). La Armada Nacional hizo invitaciones a algunos astilleros y llegó a la recomendación que nos hizo”, indicó García.

La tercera es la vencida

A pesar de que el contrato aún no está firmado, García anunció el pasado 17 de julio que las patrullas se comprarían al astillero español Cardama, por un precio total de US$ 92 millones. Se trata de dos buques “cero milla”, a diferencia de los que se buscaban en los procesos anteriores.

En sus intervenciones, García hizo referencia a la diferencia de precio entre la oferta de Cardama, la de los postulantes que se habían presentado al pliego inicial y la de los otros ofertantes en este tercer proceso.

“Hacía referencia el señor senador (Mario) Bergara al precio inusitadamente bajo. En verdad, no hay un precio inusitadamente bajo. Lo decía el señor subsecretario. La diferencia entre la primera y la segunda propuesta son US$ 10.000.000”, dijo García, que sostuvo, que uno de los aspectos positivos de la oferta de Cardama es que “el precio es más bajo”.

“Como podrán ver hoy, el precio es, ahora sí, sensiblemente menor al que las empresas anteriores habían cotizado con respecto a lo que estaba planteado anteriormente. Hay una diferencia importante entre los US$ 160.000.000 o US$ 200.000.000 –en números gruesos– del primer proceso y las cifras que estamos manejando ahora”, sostuvo el ministro.

García citó además una nota del gobierno de España, con fecha del 13 de junio de 2023, en la que respondían a una carta del subsecretario de defensa, Rivera Elgue, sobre la empresa Cardama. En la misiva, las autoridades españolas expresaban: “De acuerdo a la información que obra en nuestro poder, la empresa mencionada es un astillero español civil fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior”.

Además, según señaló García, en la nota se manifestaba que: “En todo caso, el gobierno de España –de acuerdo con el gobierno de la R.O. del Uruguay y demás partes interesadas– se compromete a hacer seguimiento de esta operación y prestar su apoyo para el buen fin de la misma dentro del ámbito y los límites de sus propias competencias”.

“Creo que no es menor que el gobierno de España nos remita esta nota”, sostuvo García.

El comandante Wilson, por su parte, hizo un paneo de las cinco empresas entre las que se definió en última instancia para la compra.

“Aquí se hizo mención a si el astillero había construido o no. Haciendo un repaso rápido, Cardama sería la primera vez que construye un OPV de estas características. Cotecmarc, la propuesta del astillero colombiano, recién se encuentra en la etapa de ensamblaje de cuatro módulos del primer OPV de esta clase, o sea que todavía no hay ninguno en el agua. A su vez, quiero aclarar que la versión francesa de Kership no es igual a la de Argentina; tiene un casco diferente, con casillería distinta; de ahí la diferencia con el precio de Argentina”, dijo el comandante en jefe de la Armada.

“El del astillero Gondán es el mismo proyecto que el de Cardama y la mayor diferencia entre ambos es el precio. Hyundai trabaja sobre el casco de una corveta reducida en sus prestaciones para cumplir la oferta de OPV, pero como este OPV, en este momento no hay ninguno en el agua. Damen Group ha propuesto, sobre una línea de casco que ya tiene probada, adecuar la infraestructura del buque a los requerimientos de nuestra Armada; o sea, que el casco va a ser exactamente igual, pero no las prestaciones del buque. El astillero Freire presentó un buque muy parecido al que se hizo para la isla de Malta, pero no es igual, por lo que sería único y no habría antecedentes. Y el de la empresa china CSTC se basa en un OPV de guardacostas chino que tiene mayor desplazamiento, acortado y dimensionado a nuestros requerimientos. O sea que la mayoría de los astilleros no han hecho exactamente el mismo buque que nos están ofertando”, explicó Wilson.

El titular de la Armada sostuvo que en el informe final que elaboró el Comando de la Armada —que luego fue presentado al Ministerio— se seleccionaron a Cardama, Kership y Cotecmar como “las tres mejores propuestas en cuanto a las capacidades complementarias”, aunque remarcó que “todas cumplían con los requisitos que la Armada había pactado”.

A su vez, se refirió al informe elaborado por el exjefe del Estado Mayor, Gustavo Musso —que pidió pase a retiro este lunes— en el que recomendó la elección del astillero Gondán y en el que colocó a Cardama como última opción. “En la reunión de almirantes, cuando cada uno plasmó las conclusiones del análisis de la propuesta, no hubo alguien que manifestara que estaba alineado con el análisis del almirante Musso”, dijo Wilson.

“El asesoramiento técnico que la Armada brindó al ministro fue el análisis de la propuesta del buque. Nosotros no entramos en el análisis de los astilleros, ni en las propuestas económicas, tanto en la primera oportunidad, como en la segunda. Se dijo que yo no sabía, pero nunca tuve un monto exacto de parte del ministro con respecto a la cantidad de dinero que se estaba manejando. Siempre se presentaron todos los proyectos para la evaluación por el ministerio”, sostuvo el comandante de la Armada.

Wilson dijo que, en el caso de Cardama, “ha hecho buques de tamaño parecido y con complejidades similares”, que son “todos buques civiles como este OPV que va a construir”.

“Va a estar militarizado porque tendrá cañones, una cubierta de vuelo y las embarcaciones LRI (lanchas rápidas de interdicción)”, señaló.

“A diferencia del primer y segundo llamado se bajaron capacidades y el cañón que hoy por hoy se está colocando tendrá un alcance de unas 5.000 yardas, unos 5.000 metros. Se bajó en electrónica y en algunos otros sistemas, pero cuando se valoraron los opcionales, se apuntó a los que más se acercaban a lo que se había pedido en el primer llamado. Por eso este, al mantener el mismo precio y aceptar todas nuestras propuestas de las aletas estabilizadoras y las palas de paso controlable de las hélices, cobró mayor preponderancia que el mismo proyecto presentado por Gondán que era más caro y no aceptaba nuestras propuestas”, indicó Wilson.

“Son dos astilleros españoles, pero uno aceptaba la propuesta y el otro no y, por eso, uno quedó por encima del otro”, concluyó el marino.

La carta de la empresa china

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez hizo referencia a la carta enviada a la Comisión del Senado y firmada por el presidente del astillero China Shipbuilding Trading Co. (CSTC), que participó del proceso licitatorio inicial que luego el Ejecutivo dejó desierto.

“Está claro que el Poder Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de dejar sin efecto bajo cualquier circunstancia, ya que el marco legal lo habilita. Pero me parece que es bueno aclarar si es una cuestión esencialmente de precios. En la nota se dice: ‘¿por qué no se llamó a negociar a nuestra empresa CSTC, acorde lo que disponía el numeral 13 del pliego de condiciones y amparado en el artículo 66 del Tocaf, habiendo por nuestra parte manifestado vía mail, en dos oportunidades, nuestra disposición a entablar negociaciones con el fin de lograr una mejora del precio y condiciones?’”, apuntó Sánchez.

“Ellos estaban dispuestos a negociar el precio, que es en lo que se funda la resolución de dejar sin efecto el llamado. Como se decía que el precio era demasiado caro y no se podía asumir, la empresa responde que, según lo que establece el numeral 13 del pliego de condiciones, se abría la posibilidad de negociarlo”, agregó el legislador del MPP.

En respuesta, el director general de Recursos Financieros del MDN, Damián Galó, argumentó que el pliego no obligaba al Ejecutivo a renegociar. “El monto era de 161 millones, por lo que había que ver si el Poder Ejecutivo quería continuar o no con el proceso, más allá de la negociación que se hiciera”, dijo el jerarca.

Por su parte, el ministro García esgrimió que, “las notas de parte de la empresa (CSTC), llegaron con cotizaciones que implicaban también una reducción de prestaciones”.

“Es decir, no solo era una reducción de precios en virtud del mismo equipamiento, sino que llegó una propuesta con un monto inferior – igual muy superior a este del que estamos hablando–, pero también con prestaciones inferiores. Se modificó la oferta”, dijo García. Tal como informáramos, la empresa china señaló que su nueva oferta era por un monto de US$ 131.980.000.