Montevideo Portal
La expresidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se manifestó este jueves sobre la noticia de que el gobierno habilitó a los operadores de cable de Montevideo, Pando y Colonia a brindar servicio de internet.
En diálogo con Paren todo de radio El Espectador, Cosse dijo que “es una medida de legalidad cuestionable y es antipatriótica”.
“Estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel. La empresa ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones. Antel es la que hizo posible el Ceibal, Antel es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajados del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones. Es una medida antipatriótica”, expresó la también exministra de Industria, que recordó la ley de la creación de Antel.
Cosse valoró sobre la iniciativa que la intención del gobierno puede ser la de dar un respaldo a los canales privados, pero lo calificó como “un grave error”.
“Entiendo que los canales tengan problemas, que necesiten otro negocio. Que Netflix, HBO y otras plataformas de streaming les estén generando problemas como en todas partes del mundo. Pero no creo que el camino para ayudar a empresas sea desmantelar las empresas públicas. No es ese el camino. No es desvestir un santo para vestir a otro”, afirmó.
Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto lo que hace es “privatizar el internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal.
“Privatización de internet fijo. El Ejecutivo otorgó licencias a privados para comercializar internet a hogares y empresas. La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica. El modelo uruguayo, cimentado en nuestra empresa pública, garantizó el desarrollo del Ceibal, la conectividad educativa, el teletrabajo, el desarrollo de tecnologías de la información y las exportaciones de software. El Estado gana además 120 millones de dólares anuales. Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (US$ 410 millones) dependen del internet fijo. Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, cuestionó el jerarca en Twitter.
En tanto, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, defendió la postura del gobierno y afirmó que “había una demanda por parte de los cableoperadores de poder brindar también servicios de transmisión de datos e internet”.
En esta línea, la jerarca destacó entrevistada por Comunicación Presidencial que las concesiones fueron habilitadas por el Poder Ejecutivo, luego de que cinco cableoperadores presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el artículo n° 56 de la ley n° 19.307, del 29 de diciembre de 2014.
Debido a que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aceptó el reclamo, las empresas, a partir de ahora, podrán ofrecer esas prestaciones y proporcionarles a sus usuarios mayores opciones y más libertad para elegir, informó Aramendía.
Por su parte, el director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, indicó a Paren Todo que Uruguay es uno de los pocos países del mundo en el que los cableoperadores no pueden brindar servicio de internet y que “el Poder Ejecutivo del pasado gobierno no quiso cumplir con la decisión de la SCJ”.
“Esto es más opciones para la gente, más libertad para la gente que tiene más de un proveedor. Y va a redundar seguramente en la calidad del servicio y en el precio. Esto no va a afectar a Antel de ninguna manera, es un negocio más que puede llegar a tener. Antel seguirá siendo dueño de su red y podrá negociar con los cables para que utilicen sus redes de fibra óptica”, argumentó el jerarca, que insistió en la intención del gobierno de derogar la actual Ley de Medios para que otros cableoperadores puedan brindar el servicio.
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