La justicia chilena condenó a seis militares en retiro por el asesinato del diplomático y economista español Carmelo Soria, perpetrado hace 47 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La Corte Suprema impuso penas a penas de entre 10 y 15 años de prisión a los antiguos oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política que operó los primeros años del régimen de Pinochet (1973-1990), según un fallo público de última instancia (inapelable) informado el martes.
Militante del Partido Comunista Español, Soria trabajaba para la Comisión Económica para América Latina (Cepal), un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago.
Se había refugiado en Chile en 1971 y empleó su inmunidad diplomática como funcionario de la ONU para ayudar a varios opositores a exiliarse en distintas embajadas en Santiago.
Soria tenía 54 años cuando fue torturado y asesinado por los agentes de la dictadura, que en su momento hicieron pasar su muerte como consecuencia de un accidente de tránsito provocado por el consumo de alcohol.
Entre los responsables están Pedro Espinoza, de 91 años, y Raúl Iturriaga Neumann (85) jefes operativos de la DINA, a la que se le atribuyen la mayoría de las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura.
Ambos, junto a Juan Morales, también condenado por este caso, cumplen largas penas por otros delitos en la cárcel especial para violadores de derechos de Punta Peuco, en las afueras de Santiago.
Los otros condenados por el asesinato son Guillermo Salinas, René Quilhot y Pablo Belmar, quienes están libres bajo fianza y deberán ser conducidos a prisión en los próximos días, según la sentencia.
El fallo establece que "un grupo de individuos pertenecientes a la DINA, entidad que operó sistemática y clandestinamente en contra de múltiples opositores políticos del gobierno militar y de sus colaboradores (...) se concertaron para detener a Carmelo Soria Espinoza, a quien consideraban contrario al régimen instaurado".
El 14 de julio de 1976, agrega la sentencia, "simulando un control vehicular y vestidos como funcionarios policiales", lo detuvieron y lo llevaron hasta un sitio para someterlo a interrogatorios y a castigos físicos que le "provocaron la muerte".
Para ocultar el crimen, simularon el desbarrancamiento de su automóvil y dejaron "una nota entre sus vestimentas que sugería la infidelidad de su cónyuge", detalla la sentencia.
"El 16 de julio de 1976 (dos días después del asesinato) mi madre dijo que esto era un crimen político. El 22 de agosto 2023, el Poder judicial nos da la razón", dijo a la AFP Carmen Soria, hija del diplomático.
No obstante, consideró "miserables" las penas.