Tras la intervención y el desplazamiento de autoridades resuelto por el Banco Central del Uruguay (BCU), el propietario y principal accionista de Grupo Bursátil Uruguayo defendió el “profesionalismo” con el que trabaja su empresa.
En el comunicado, al que accedió Montevideo Portal, el director de la corredora de bolsa Álvaro Correa aseguró que la intervención y suspensión de actividades definida por el organismo regulatorio “en nada deberá afectar el servicio” que brinda.
“En las últimas horas el BCU tomó la decisión de intervenir nuestra empresa. Más allá del respeto que merece el regulador de mercado, es una decisión que consideramos no fundamentada e inconveniente. La resolución del BCU se relaciona exclusivamente con un cliente en particular. Nada tiene que ver ni con la solidez de la empresa ni con su capacidad para responder por la inversión de cada uno de los clientes. A lo largo de 27 años de actividad hemos cultivado un vínculo de confianza basado en el rigor profesional, que no ha de resultar afectado pese a la sinrazón de la medida adoptada”, indicó Correa.
En este orden, el contador público aseguró a sus clientes que la “intervención no afecta en absoluto las inversiones que cada uno de nuestros clientes tiene en su cartera, y que su resultado habrá de reafirmar la validez y el respaldo de todas las inversiones en custodia”.
“Lamentamos sin embargo las molestias que este proceso pueda ocasionarles durante los próximos días. La intervención dispuesta por el BCU generará desde hoy la imposibilidad de atenderlos como es costumbre e interrumpirá transitoriamente la operativa normal. Esperamos que en los próximos días se restablezca la actividad y se recupere la operativa normal de sus cuentas. Estamos trabajando para acelerar en lo posible el retorno a la normalidad operativa”, añade el mensaje enviado con el objetivo de brindar tranquilidad a los inversores.
La intervención
El directorio del BCU resolvió la intervención, el desplazamiento de autoridades y designó una interventora tras constatar que Grupo Bursátil Uruguayo realizó una inversión de fondos en un producto financiero de oferta privada, cuando un dictamen judicial había prohibido la utilización de esos mecanismos financieros para ese dinero en particular.