Coordinadora de ollas populares, molesta por “amenaza” del Gobierno, llama a movilización

“Somos la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna. Somos las ollas populares organizadas. Somos vecinas, vecinos y hemos aprendido que la solidaridad no es una palabra hueca, no es marketing, no es botín político de nadie”, así arranca el comunicado de esta organización social que acusa al Gobierno de “desviar la atención” atacando a las ollas populares, en vez de reconocer “la grave situación que se vive en nuestros territorios”.

El colectivo señala que “el fenómeno del hambre en Uruguay” y “la respuesta que se dio desde las ollas populares” generó “tal nivel de desconcierto entre quienes pintan la realidad con colores de fantasía” que el Gobierno decidió poner en práctica una “operación mediática”. En este sentido, entiende que, en vez de reconocer la realidad, “se actuó con una soberbia desmedida”.

Por otra parte, la organización afirma que el Gobierno “apuntó contra quienes desde hace más de dos años" ponen "el cuerpo ante situaciones de profunda injusticia”.

Ollas por Vida Digna declara que “frente a este escenario artificial, donde se quiere poner a las ollas populares en el lugar de la desconfianza —quizás para desgastar el enorme prestigio que en la sociedad tiene la respuesta solidaria y autogestionada de nuestros colectivos—, volvemos a decir que las ollas son públicas y no tienen nada que esconder”. 

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró a medidados de setiembre que pidieron datos para corroborar el reclamo de las organizaciones sociales, pero que hasta ese momento no habían tenido una respuesta. Esta semana el ministro dio un paso más: dijo que si las ollas no dan la información al ministerio, la cartera cortará el apoyo económico a esos colectivos.

Por otra parte, el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté presentó, junto con el concejal de La Floresta Vicente Amicone, una denuncia penal por presuntas irregularidades con los alimentos de las ollas populares en el municipio de La Floresta. La Intendencia de Canelones también denunció la situación ante la Justicia.

Por su parte, la Coordinadora Popular expresó este miércoles que no acepta que, “frente a un reclamo justo del pueblo y una denuncia seria sobre el hambre”, la respuesta del Gobierno haya sido “la amenaza de dejar a las ollas populares sin insumos para cocinar”.

La organización social informa, además, que esta situación “generó incertidumbre y preocupación entre quienes ya de por sí tienen que hacerse cargo de situaciones de gran complejidad”.

Con diálogo pero sin respuestas

Este miércoles, Ollas por Vida Digna tuvo una reunión con referentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Sin embargo”, dice el comunicado, “el ministerio ratificó su conformidad con lo que está haciendo y se mencionó un nuevo modelo asistencial territorial para marzo de 2023 sobre el que no hay detalles”.

Por último, la Coordinadora Popular y Solidaria reafirma que “las ollas no deben ser una política pública”, y asegura que los insumos actuales “son insuficientes en cantidad y calidad para una alimentación adecuada”.

Por otra parte, señala que el Estado “está ausente en todos los territorios y no da las respuestas integrales a las graves necesidades sociales”.

Además, se insiste en la necesidad de que el Mides “garantice la reserva de los datos” que son entregados por la Coordinadora: “Ya nos ha ocurrido que terminan siendo materia prima de quienes apuestan a la desaparición de nuestra organización”.

Por último, la coordinadora plantea que las actitudes del Gobierno “son opuestas" a las que ha recibido la organización del "pueblo” y, por eso, convocan a generar “una respuesta masiva y desde la calle, el 11 de octubre desde plaza Libertad hasta Plaza Independencia, apoyando a las ollas populares y la lucha por carestía de la vida, precariedad y falta de trabajo, falta de vivienda, de respuestas en salud y educación”.