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El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) emitió este lunes una declaración pública sobre la situación de desfinanciamiento de la Caja de Profesionales y reclamó por una solución a nivel legislativo.
En el comunicado, la Cceau señaló que “la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios (Cjppu) no escapa a la necesidad de urgentes ajustes ante la crítica perspectiva de desfinanciamiento hacia fines de 2024 y el agotamiento de sus reservas, a consecuencia de los cambios demográficos, el aumento de la presión fiscal a los profesionales y de la mala gestión de autoridades conformadas en parte por delegados del Poder Ejecutivo”.
El gremio de profesionales apuntó que los universitarios “están obligados a la afiliación a la Cjppu, no tienen ningún privilegio y sus jubilaciones responden a los aportes efectuados desde el momento de tener un título universitario”.
“Los profesionales egresados de Universidad de la República, durante 25 años, abonan Fondo de Solidaridad y su adicional, con lo cual compensan los costos de sus estudios; los profesionales desde 2007 abonan el IRPF [Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas] y cobran en general IVA, por lo cual vierten parte significativa de sus ingresos al fisco y los jubilados de la Cjppu también abonan el IASS [Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social]. Parte del IVA, el IRPF y el IASS directamente financian al Banco de Previsión Social [BPS], mientras la Cjppu nunca ha recibido asistencia del Estado. Las normas que regulan la Cjppu surgen de sus leyes de creación y de modificación, leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La gestión de la Cjppu ha sido siempre compartida por el Poder Ejecutivo que designa dos directivos rentados en el Directorio, y con algunas decisiones privativas de gestión. Sus estados financieros son analizados por el Tribunal de Cuentas. Los altos miembros profesionales del Poder Judicial, sin realizar los aportes que corresponderían, se acogen a beneficios jubilatorios servidos por la Cjppu”, añade el documento.
Y agrega: “El Cceau exige una solución antes de llegar a una situación más crítica. Esa solución debe aprobarse por el Parlamento, por normas constitucionales, antes del 31 de octubre del corriente año (al ser 2024 año electoral). Y no se conoce aún el proyecto de ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo que se presentará para ello. El proyecto de ley ‘express’ difundido por la propia Cjppu mereció el rechazo de la Asamblea de Socios del Cceau de fecha 6 de marzo de 2023 y reiteramos ahora que ninguna solución puede ser viable sin el apoyo del Estado, como ser: a) que la versión del IASS de los jubilados profesionales financie a la misma Cjppu y no al BPS, b) el ajuste de los valores de los timbres profesionales acompasando su valor con el índice de ajuste de las prestaciones otorgadas y c) mayor contralor del Estado sobre la gestión de la Caja”.
Finalmente, se reclamó “la urgente necesidad de la presentación y discusión de un proyecto que sea justo y que implique aportes de todas las partes involucradas, viabilizando el futuro de la Caja de Profesionales”.
En esta línea, el gremio recordó el artículo 67 de la Constitución de la República, desde donde “surge la obligación del Estado de respaldo financiero a los sistemas de seguridad social sin excepciones”.
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