La empresa constructora Balsa y Asociados prevé cesar a unos 420 empleados el próximo lunes 19 de agosto. Así lo informó Javier Díaz, integrante de la Dirección del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), en declaraciones a La Diaria.

Se trata de obreros que se desempeñaron en la construcción de tres barrios privados: La Juana, Carlota y Pilar de los Horneros, localizados en Canelones. Luego fueron enviados al seguro de paro (en calidad de suspensión), cobertura que expira a mitad de este mes.

Ante tal situación, el Sunca se presentó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para gestionar la extensión de los seguros de paro al menos hasta diciembre. Si embargo, desde la cartera se respondió al Sunca que esa extensión no se llevará a cabo, “ya que si los trabajadores están dados de baja no tiene jurídicamente cómo dar un seguro de paro especial”, explicó Díaz.

El pasado 8 de mayo, Balsa y Asociados se presentó a concurso de acreedores debido a una situación financiera adversa, que ya se venía constatando al menos desde comienzos de año. En ese momento se abrieron dos frentes: el de los propietarios de las casas ubicadas en los barrios privados y el de los más de 400 trabajadores que se vieron afectados porque varios de los proyectos de la compañía aún no están finalizados.

Tal como informáramos, ante el cese de la cobertura de seguridad social, varios de los trabajadores canalizaron su situación legal a través del Estudio Jurídico y Notarial Atlántida, que estimó liquidaciones de entre $ 600.000 y más de $ 1.000.000, dependiendo de situaciones puntuales, como ser la antigüedad, el sueldo o las deudas salariales que mantenía la empresa.

Hasta ahora los funcionarios no han cobrado la primera quincena de abril, que es hasta cuando trabajaron. Tampoco cobraron los aportes a la seguridad social. “Dicho por el propio Juan Balsa frente al interventor días atrás, este lunes 19 les darán la baja. Por lo tanto, los trabajadores quedan sin posibilidades de seguro de paro especial, sin trabajo y sin perspectivas claras de nada”, explicó Díaz. La baja significa que los trabajadores quedan despedidos.

El sindicalista añadió que “seguramente las obras no van a continuar, y no les van a pagar los créditos laborales que les deben a los empleados”.

También criticó a la empresa en cuestión, debido a que “tuvo enormes exoneraciones por parte del gobierno, bajo el argumento, entre otras cosas, de que iba a existir un desarrollo inmobiliario importante en la zona, que mucha gente iba a tener trabajo y que se iban a ver beneficiados muchos ciudadanos, con las construcciones y la inversión”. Sin embargo, “nada de eso sucedió”, dijo.

“¿Cuáles son las políticas estatales en empleo para casos así? ¿Y para los trabajadores? ¿Que queden a la suerte de un juez en un juzgado? Porque, como expresó el propio empresario, no tiene dinero ni nada para rematar y obtener fondos para pagar. Se debería buscar, para situaciones así, alternativas y soluciones para los trabajadores”, expresó.

En contra de los propietarios

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya recibió más de 10 citaciones para mediar entre la empresa, los trabajadores y los propietarios de las casas. Los pasos por seguir dependerán de lo que suceda en esas audiencias de negociación, dado que la situación podría escalar al ámbito judicial.

En el conjunto de personas que posiblemente tengan que aportar para saldar las deudas económicas están los dueños de las casas de los barrios privados afectados, sobre todo de La Juana, Carlota y Pilar de los Horneros.

La ley 18.099 indica que, como muchos de los trabajadores cumplieron funciones en las viviendas, sus propietarios son “tan responsables de los aportes como los dueños de las empresas”. La ley establece que son “solidariamente responsables”, es decir, pueden acordar con los directivos de Balsa los porcentajes para saldar las deudas de los trabajadores.

Esta normativa se aplica solamente para el rubro de la construcción, y establece que se puede llegar hasta ejecutar los bienes en caso de que no se llegue a un acuerdo y no se pague lo establecido por la Justicia.