Desde este viernes en el Palacio Peñarol, el Frente Amplio (FA) lleva adelante el VIII Congreso Nacional, instancia en la que la coalición de izquierda, con pretensiones de volver al poder en 2025, proclamará finalmente de forma oficial las cuatro precandidaturas que competirán en elecciones internas. La de Yamandú Orsi (intendente de Canelones), la de Carolina Cosse (intendenta de Montevideo), la de Andrés Lima (intendente de Salto) y la de Mario Bergara (senador de la República).

El Congreso, que se reedita cada 30 meses, se da en una coyuntura diferente para el FA debido a que, desde 2005, con el gobierno, las diferencias entre las alas más radicales y las moderadas se hacían más visibles. Sin embargo, desde la coalición de izquierda se destaca la importancia que hubo durante el proceso de discusión que tuvo la colectividad política en lo previo a este Congreso puntualmente.

En particular, señalaron diversos dirigentes, las instancias El Frente te escucha y la Comisión de Programa  lograron consolidar un texto programático de 88 páginas con mayor consenso que en oportunidades anteriores.

“Creo que a este Congreso se llega con un trabajo muy diferenciado. Desde el 1985, es el primero que yo recuerde que se viene trabajando con mucha antelación la discusión programática, y de manera muy ordenada. Se constató lo que se resume en el programa con las organizaciones sociales. Es un programa que está parado sobre la realidad, pese a que puede tener, como todo, puntos y comas a corregir. Siempre va a haber énfasis en algún tema, pero el FA ha aprendido que la construcción política es en la unidad con la diversidad. Esa es la llave”, resumió el proceso el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra, presidente de la Comisión de Interior del FA, que trabajó en la construcción del programa.

No obstante, una característica tradicional de los Congresos del FA son las propuestas que provienen de los comités de base (más de 400 en todo el país). 

En esta instancia, según supo Montevideo Portal, más de 2.600 mociones (95% provenientes de los comités) fueron analizadas desde el pasado sábado por las 10 mesas que van a presidir las Comisiones del Congreso. Cada unas de estas mociones fueron luego diseccionadas en 32 unidades temáticas para ser estudiadas, debido a la amplia diverisdad que se proponen entre ellas. Las mesas, por su parte, cuentan con seis integrantes, la mitad en representación de los sectores políticos y tres provenientes de las bases (representantes de los comités).

Las más de 2.600 propuestas, de las que participaron en su discusión cerca de 10.000 militantes frenteamplistas, pueden llegar a ser de lo más variopintas. Desde correcciones de puntos, comas, agregar “todos y todas” en algún apartado, hasta propuestas como la de Casa Grande, de no aprobar la instalación de nuevas plantas de celulosa en el país.

En este sentido, las comisiones trabajaron durante los últimos días para separar de entre todas las propuestas, a las vinculadas a cambios de redacción o énfasis en algunos temas puntuales (mociones que en general será aprobadas), de las que modifican o sustituyen contenidos programáticos que en esos casos requieren de una “discusión política” más profunda, informó un integrante de una Mesa a Montevideo Portal.

Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta durante el transcurso del Congreso es que, para que se introduzcan modificaciones al documento original aprobado por el Plenario Nacional, se necesita de dos tercios del voto del pleno (de los delegados presentes en ese momento), “lo que implica un nivel de consenso importante de las bases con los sectores políticos”, detalló una fuente. Serán casi 2.000 los delegados congresistas provenientes de todo el país que participarán este sábado y domingo de la instancia política.

Algunas propuestas

Entre algunas de las mociones que serán puestas en consideración, destacan las iniciativas impulsadas por la alianza Izquierda y Libertad, que nuclea al Partido Socialista (PS), Casa Grande, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), junto a otras agrupaciones de las consideradas más “radicales”.

En el documento, sobre el que informó Búsqueda y al que accedió Montevideo Portal, se propone —a instancia del PS pero suscripto por los demás sectores mencionados— la eliminación del Liceo Militar, “que no justifica su existencia”, y la no participación del Ejército uruguayo de las misiones militares de Paz de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras. 

“Las fuerzas de ocupación han cometido excesos y abusos importantes sobre los pueblos que dicen defender. Nuestras propias Fuerzas Armadas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por maltratos, abusos, violaciones, entre otras prácticas aberrantes. Entendemos que la falta de resultados en lo que refiere a la mejora de las condiciones de vida de la población afectada, sumado a que estas ocupaciones extranjeras habilitan abusos de diverso tipo y terminan siendo funcionales a la acumulación de los grandes capitales imperialistas, son razones suficientes para que como país no seamos parte de esta clase de misiones militares”, se argumenta.

En defensa a esta propuesta, el diputado del PVP Daniel Gerhard defendió que “el debate sobre las misiones de paz cuenta con una larga tradición en la izquierda”.

“Si uno estudia el pensamiento en defensa y latinoamericanismo de Víctor Licandro es absolutamente en contra de las misiones de paz con argumentaciones profunda muy importantes. Después, tenemos el antecedente de Guillermo Chifflet, cuando renunció a su banca de Diputados por el envío de tropas a Haití. Entonces no es novedoso, el PVP también tiene su historia oponiéndose a la sucesión extensiva de intervención en otros países”, recordó Gerhard.   

En tanto, en lo previo, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) se manifestó una posición contraria a ambas iniciativas, al igual que desde el sector Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP).

Los nudos del terreno económico 

En este escenario, una alta fuente política del Partido Comunista del Uruguay (PCU), sector con fuerte ascendencia en las posiciones políticas de las bases frenteamplistas, apuntó que “los nudos de la discusión” estarán realmente enfocados en el grado de detalle y profundidad que se le dé a las propuestas en materia económica. “Ni de cerca el centro del Congreso va a ser el Liceo Militar”, graficó.

En esa línea, el sector liderado por el diputado Gonzalo Civila (PS) propone en una extenso documento “profundizar y corregir la tributación de rentas y, en particular, las vinculadas al capital”.

“Consideramos que el diseño actual del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) genera desigualdad intraempresarial. Por lo tanto, pequeñas empresas que ganan poco tributan porcentualmente lo mismo que grandes empresas con niveles de ganancias muy altos. Otro de los aspectos es la riqueza acumulada, para esto entendemos que el instrumento más adecuado es el impuesto al patrimonio. Entendemos que un nuevo gobierno del Frente Amplio debe fijar nuevos parámetros para el aporte del Impuesto al Patrimonio. La riqueza acumulada tiene un valor en sí misma, que procede en muchos casos de acumulaciones anteriores a los individuos que la usufructúan. De esta forma se consolida y reproduce una mayor desigualdad estructural”, será una de las mociones que presentará el PS.

En la misma línea, una propuesta del PVP sugiere una “reforma tributaria para que paguen más los que tiene más riquezas y más ingresos”.

En este punto, se propone una alternativa al texto programático que plantea “avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio con el criterio de progresividad”.

La opción del artículo propuesto por el PVP plantea “mayor tributación sobre las ganancias empresarias, un impuesto sobre la renta progresivo, un impuesto a las herencias elevadas, tributación de la renta agraria extraordinaria y la revisión de las exoneraciones tributarias”. Además, se propone gravar el patrimonio y la renta acumulada por todo ingreso.

“La carga sobre la renta del capital será, necesariamente, mayor que sobre los ingresos del trabajo. La política tributaria deberá ser utilizada para propiciar un cambio estructural de la economía acorde con los objetivos de desarrollo nacional. En la misma línea se encuentra la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, el impuesto a las herencias elevadas como mecanismo que favorece la igualdad de oportunidades y la aplicación de detracciones”, agrega el documento.

Conforme a esta postura y diversas propuestas de estos sectores (que también apoyan el plebiscito por la reforma de la seguridad social al igual que el PCU), como la de una renta universal, la posición del MPP y de CSP está alineada a mantener los lineamientos y ejes acordados en el texto base de 88 páginas, con la intención de no salir de las generalidades planteadas ni propuestas concretas en materia tributaria.

De todas formas, el senador Charles Carrera destacó que para el MPP hay lineamentos “importantes” para esa fuerza política que serán propuestos en el debate congresal. En esta línea, mencionó como prioridades prestar atención particularmente “en la pobreza infantil, la niñez, la pobreza en los hogares monoparentales y el sistema de contención y de seguridad social” para atender estas situaciones.

Por su parte, Jorge Polgar, de Fuerza Renovadora, apuntó que se trabajó en el programa durante tres años y que el sector quedó “muy conforme” con el documento de base programática. “Tenemos más de 2.000 propuestas que vamos a considerar durante el sábado y el domingo para generar la mejor síntesis para el futuro del Uruguay”, adelantó.

A diferencia de lo que ocurre en el Plenario Nacional o en la Mesa Política del Frente Amplio, órganos que por estatuto están compuestos mitad y mitad, la diferencia en el Congreso que tendrá lugar este fin de semana radica en el peso mayoritario que tienen los delegados de los comités de base.

Por tanto, la posición que asuman las bases y el PCU pueden convertirse en factores claves para que en un programa —acordado— que tuvo la intención de no salir de generalidades para no quedar obligados ante la posibilidad una hipotética llegada al poder, pueda incluir mandatos programáticos más específicos para un futuro nuevo gobierno del Frente Amplio.