El abogado defensor de varios de los damnificados por el déficit patrimonial de US$ 250 millones de la empresa Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, solicitará esta semana a la Fiscalía que oficie un pedido al Banco de Previsión Social (BPS) para que la investigación cuente con las nóminas de todas las personas que figuraron como trabajadores de la empresa y de todas las compañías vinculadas con ella, desde el 2015 a la fecha.
“Se solicitará que la Fiscalía comience a citar, en principio, en condición de testigos a cada uno de esos trabajadores para ver qué rol tiene en la empresa y qué información pueden aportar a la investigación”, dijo a Montevideo Portal el defensor, quien fue de los primeros en presentar una denuncia penal contra Conexión Ganadera el 23 de enero de este año.
Además, Decia afirmó que “puede ocurrir que a algunos de esos trabajadores que empiezan siendo citados como testigos, les cambie la calificación a imputados por el avance que vaya teniendo la causa y ante una eventual constatación de que llevaron adelante algún tipo de maniobra delictiva”.
La fecha delimitada para la lista de nombres tiene que ver con “la prescripción de los eventuales delitos que se puedan imputar”, dado que para todos los posibles escenarios, la pena es menor a 10 años, por lo que la prescripción opera a los 10 años.
Decia espera realizar el pedido al fiscal, Enrique Rodríguez, quien ya está al tanto de que recibirá la solicitud, “a partir de este miércoles, cuando se retome la actividad”, luego de los feriados de Carnaval.
El pasado jueves 27 de febrero, el abogado y su equipo presentaron una ampliación de la denuncia inicial ante el Ministerio Público. En el escrito, la defensa brinda documentación adicional que puede aportar a la investigación y los nombres de otras dos personas vinculadas con la empresa que, según su visión, cometieron actos con apariencia delictiva.
Se trata del ex gerente general de Conexión Ganadera Martín Bartol, quien también gerenciaba Stradivarius (marca de carnes premium perteneciente a la empresa Del Terruño SRL, concursada a mediados de febrero), y del exgerente operativo de la empresa, Rodolfo Flores.
El abogado pretende que se investigue a ambos por un presunto delito de encubrimiento.
En cuanto a los documentos adicionados a la carpeta, estos son contratos de bonos ganaderos que datan de setiembre de 2024 y pertenecen a una de las damnificadas, que invirtió US$ 145.000 en Conexión Ganadera para la compra de vacas de cría.
“Presenté las constancias de los registros SNIG [Sistema Nacional de Información Ganadera] del Ministerio de Ganadería que constatan que no se le compró un solo animal asociado a su Dicose [número de seguimiento de ganado]”, dijo Decia a Montevideo Portal.