El abogado Juan Pablo Decia, uno de los defensores de los damnificados por Conexión Ganadera, apunta a un contrato celebrado el 7 de enero de este año entre la empresa y una mujer de 70 años como una prueba más de que Pablo Carrasco y su esposa estaban al tanto de todos los pormenores del negocio.

La mujer, cuyo contrato está entre los que verifica Decia en el marco de la causa, colocó 50 mil dólares, para lo que le prometieron una renta anual de 7%.

La particularidad de este caso, apunta Decia, es que fue celebrado cuando la empresa ya estaba “en cesación de pagos”, por ser días antes de Carrasco anunciara a un grupo de 100 inversores el déficit patrimonial de la Compañía por 250 millones de dólares.

En la visión del abogado, este caso suma un nuevo elemento probatorio que debería llevar a la formalización inmediata de los imputados en la causa por estafa, apropiación indebida y asociación para delinquir, algo que Decia reclama hace semanas, también para la viuda de Basso, Daniela Cabral.

“Más allá de lo repudiable que es robar a cara descubierta a una persona mayor que confía todos sus ahorros a dos personas que desde el primer momento sabían que no iban a devolverle nada y que su dinero se iba a esfumar, la conducta asumida por Pablo Carrasco y su señora Ana Iewdiukow muestra realmente quiénes son y echa por tierra todos los intentos de colocarse como víctimas de Basso y de que no estaban al tanto de lo que sucedía frente a sus ojos”, señalo Decia en diálogo con Montevideo Portal.

En la misma línea, el abogado apuntó a que “falleció Gustavo Basso y siguieron estafando gente hasta el último momento literalmente, hasta días antes de anunciar el desfalco frente a sus acreedores”. “Pablo Carrasco asumió el rol de Basso como administrador y su señora tomó su lugar en Hernandarias. Y seguieron estafando gente sin reparar en medios”, sumó.

Por todo esto, para Decia es clara la apariencia delictiva de la maniobra, lo que debería llevar de forma urgente a la formalización de la investigación.

“La administración de Justicia debe dar una señal clara de que estas prácticas en un país que se precia de serio no se toleran, y si pasan se castigan con el máximo peso de la ley. El fiscal de la causa tiene el deber legal de aplicar la ley, y formalizar a todos los imputados. La apariencia delictiva de la maniobra está probada y los presuntos responsables están identificados. Ahora resta aplicar la ley”, concluyó el abogado.