El pasado 13 de julio, un funcionario de la Dirección de Policía Caminera del destacamento de Treinta y Tres estaba realizando un operativo de control a la altura del kilómetro 288 de la ruta 17 y en ese marco interceptó una camioneta para su inspección.

Su conductor, de 34 años y oriundo de la capital de ese departamento, estaba “visiblemente” alcoholizado, según informa el Ministerio del Interior en su página web. Luego de realizarle la prueba de espirometría (cuyo resultado fue 0,74 gramos del alcohol por litro de sangre), se le indicó que no podía continuar la marcha, que debía conseguir un conductor habilitado, que se le retiraría la libreta y se le aplicaría una multa, así como la inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos.

El conductor, en lugar de acatar lo que el policía le estaba diciendo, intentó en varias ocasiones “arreglar” entregándole dinero al funcionario para que no le realizara el procedimiento, razón por la cual fue detenido y se le aplicó una multa por “varias infracciones y faltas”.

Además, el caso fue informado a la Fiscalía de 2° Turno y posteriormente, en juicio abreviado, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de soborno a la pena de siete meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba con ciertas obligaciones.

El conductor deberá poner residencia fija en un lugar determinado donde sea posible la supervisión del OSLA, sujetarse a la orientación y vigilancia de la referida oficina, presentarse una vez a la semana a la seccional policial de su domicilio y hacer trabajos comunitarios dos veces a la semana, dos horas diarias por el plazo de cinco meses.