El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este miércoles que el Poder Ejecutivo resolvió decretar el fin de la emergencia hídrica, que fue determinada en junio de este año.

Esta decisión acarrea como consecuencia también el final de la exoneración impositiva para el agua embotellada, que está gravada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto Específico Interno (Imesi).

En el decreto para la exoneración del Imesi y del IVA, el Gobierno consignó que la medida iba a regir “hasta la fecha de finalización de la declaración de la emergencia hídrica”.

El agua embotellada en Uruguay está gravada por la tasa básica de IVA (22%) e Imesi, que se aplica el 10,5% por litro sobre un precio fijo, lo que significa que tiene un valor determinado según el tamaño del envase de agua que se compre.

En un bidón 6,25 litros, por ejemplo, solo el Imesi que paga el consumidor final es de aproximadamente $ 15 y $ 23.

En rueda de prensa, Lacalle Pou dijo que, aunque son números que podrá manejar de forma más precisa el Ministerio de Economía Finanzas (MEF), el costo estimado por el Gobierno que tuvo la crisis hídrica fue de unos “US$ 70 millones”.

“Eso hace a los dos litros por día que se le daban a 500.000 uruguayos, a la obra de trasvase del río San José al Santa Lucía. Y tiene que ver con la renuncia fiscal que hubo por el agua embotellada”, expresó Lacalle Pou.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, escribió en su cuenta de Twitter que, “durante la emergencia hídrica, el Gobierno aseguró la compra de más de 66 millones de litros de agua para la población vulnerable, lo que significó una inversión de US$ 25 millones”.