Por Joaquín Symonds
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Oscar Valli padece un tumor renal hace ya varios años, enfermedad que logró hacer metástasis en el resto de su cuerpo, por lo que los médicos decidieron que lo más conveniente era no hacer ninguna cirugía que pudiera empeorar la situación.
“Yo sé que la enfermedad es la que me va a matar, es un tema de tiempo”, dice Valli ahora mientras toma mate, y a su vez reconoce que “uno se acostumbra a estar enfermo”. “Sabés que de eso te vas a morir, que no va a haber sorpresas”, afirma.
Los diferentes estudios e informes médicos coinciden con el diagnóstico que narra el hombre de 68 años. Por eso es que, desde hace algunos años, diferentes profesionales buscan soluciones alternativas a través de medicamentos para alargar la vida de Valli al menos algunos años.
En la medida en que el cáncer avanzó, las drogas que requería se volvieron más caras y más complejas de conseguir, pero más efectivas. Hubo un momento en que Valli, metalúrgico jubilado, no pudo costear los medicamentos y acudió al Fondo Nacional de Recursos (FNR).
Para poder acceder a la ayuda del Fondo, se precisa que un abogado presente un recurso amparo contando al detalle la situación del paciente que pretende acceder al medicamento. Allí, además de hablar de la enfermedad, se requiere adjuntar una serie de documentos que dan cuenta de la realidad económica del solicitante, como forma de acreditar que le es imposible comprar la droga.
Desde que Valli tiene el tumor, accedió una vez a un medicamento a través del FNR. Para esto, acudió al Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que ofrece servicios gratuitos para personas que perciben ingresos nominales de hasta $ 49.000. En ese momento, hace dos años, Valli afirma que recibía algo así como $ 48.000, por lo que pudo utilizar el asesoramiento legal del organismo y así obtener el medicamento que precisaba. Agregó que en ese momento el medicamento era Nivolumab.
Pasaron dos años y los médicos notaron que el tumor y la metástasis seguían creciendo. Ante esto, convocaron a una asamblea médica para evaluar una posible alternativa. La junta de expertos determinó que lo mejor sería recetar Cabozantinib, que tiene efectos sobre el crecimiento de hepatocitos.
Al ver que el costo de cada dosis asciende a los US$ 1.000, Valli volvió a recurrir al FNR, por lo que precisaba un nuevo amparo, dado que había cambiado la droga, así como también el costo del tratamiento. Sin embargo, esta vez la respuesta del organismo de la Udelar fue negativa.
A través de un mail, desde la Udelar le respondieron que su salario actual supera el monto permitido para brindarle el servicio. Valli, que percibía $ 48.000, estaba ganando en el momento de la solicitud alrededor de $ 50.000 producto de los aumentos ya pautados en las pasividades.
“Yo estoy muy agradecido con la universidad, de verdad que me dieron una mano la primera vez e incluso la segunda también tuvieron mucha amabilidad”, sostiene Valli en diálogo con Montevideo Portal.
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Más allá de su reconocimiento, en los hechos quedó un tanto apretado en los plazos. Es que, de acuerdo con su versión, el consultorio le dio aviso de la imposibilidad de patrocinarlo a través del amparo una semana antes de que se venciera el plazo para presentar el documento ante el Fondo Nacional de Recursos.
Debido a esta situación, salió en busca de un abogado particular porque “era algo de vida o muerte, literalmente”. Finalmente, logró presentar el documento y, tras la apelación del Ministerio de Salud Pública, un Tribunal de Apelaciones falló a favor por lo que podrá tener la droga a través del FNR.
Sentencia Definitiva Oscar ... by Montevideo Portal
La respuesta
El encargado del Consultorio Jurídico de la Udelar, Juan Ceretta, explicó que desde la universidad se ordenó explícitamente que no se hicieran más “excepciones” como se podría haber realizado en este caso.
De acuerdo con su versión, el argumento para ajustarse a rajatabla a la reglas es que se les quita trabajo a los abogados particulares. “Si me preguntás a mí, yo se lo haría al amparo, pero no puedo en este momento”, aseguró Ceretta a Montevideo Portal.
Otros abogados que colaboran con el organismo avalaron la versión de Ceretta y reconocieron que “la mayoría de las veces” que el consultorio no atiende a una persona, se queda sin asistencia legal.
En el caso de Valli no sucedió, porque logró pedir prestado el dinero para pagar un representante legal privado. “No es que gane mal o que gane poca plata, pero tengo familia y realmente se me hace cuesta arriba poder desembolsar un montón de plata de un saque solo porque, directamente, no la tengo”, asegura el hombre.
Por Joaquín Symonds
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