Brian Alejandro llegó un día a su casa con una cafetera. La había comprado usada en la zona del Parque de la Amistad, a un precio de alrededor de $ 700. Ese día, sus familiares le dijeron que les parecía raro que la hubiera podido comprar por un monto tan bajo dado que el aparato parecía profesional. 

Alejandro, de un hogar humilde y con su abuelo que padece cáncer terminal, decidió entonces publicarla en Marketplace para poder “hacerse unos pesos”. 

El comprador apareció a los pocos días y quedaron de encontrarse en la Plaza Seregni. Pero cuando el joven de 20 años llegó al punto acordado, quien lo esperaba era un policía que le dijo que la cafetera era robada y que él quedaba detenido por un presunto delito de receptación. 

Ana, su madre, cree en la versión de su hijo acerca de que no sabía que la cafetera era hurtada. Tras la captura, el proceso judicial siguió adelante y Alejandro firmó un acuerdo abreviado mediante el cual aceptó un delito de receptación agravada por el que fue condenado a seis meses de prisión, que se sustituyeron por un régimen de libertad a prueba. 

El joven debió fijar domicilio, ir a firmar a una dependencia policial y prestar servicios comunitarios en lugares públicos. Los problemas empezaron cuando Alejandro, en ocasiones, incumplió las medidas.

“Un día estaba en el Hospital Maciel y lo mandaron a limpiar los baños, y dijo que no. Yo entiendo las dos partes: que debería haber cumplido y que también, con 20 años, hubo algo de rebeldía”, considera Ana en diálogo con Montevideo Portal. 

Pero la supuesta rebeldía no era la única razón. El abuelo de Alejandro transita un cáncer de próstata con metástasis ósea. En diciembre cumple 79 años y la esperanza de vida es de —como mucho— ocho meses. Ana es madre soltera y Alejandro no tuvo un padre presente, por lo que ese lugar fue ocupado por su abuelo. 

Además de las razones sentimentales, hace más de un año que Alejandro era quien cubría a su madre cuando se iba a limpiar alguna casa para poder obtener ingresos. 

“Mi padre no es una persona dependiente, pero hay que sacarlo a caminar, hay que darle laxante y estar atento a cambiarle los pañales”, asegura Ana y reconoce: “Yo misma había veces que le decía: ‘No, Ale, no vayas, quedate a cuidarlo porque me salió una limpieza’”. 

La segunda oportunidad

La Justicia dio aviso a Alejandro de que debía cumplir con la pena dispuesta. La defensora de oficio presentó una serie de argumentos e hizo hincapié en que la violación a la pena se dio sin que se escuchara al joven. 

En el documento se asegura que Alejandro fue detenido en la vía pública y se lo aprisionó sin “oír a la defensa”, además de que tampoco se celebró una audiencia. La Justicia, finalmente, resolvió que se retomaran las medidas sustitutivas. 

La historia se volvió a repetir. Alejandro incumplió las medidas y, un día que salió con un amigo, fue detenido por la Policía porque estaba requerido. Actualmente se encuentra en la Cárcel de Florida y espera por una sentencia definitiva. 

El último movimiento que hubo en la carpeta fue una solicitud del abuelo para que vuelva a su casa. Ana, su madre, insiste: “Yo quiero que esté acá dentro, con tobillera o lo que sea, pero que pueda ayudarnos. Si se manda una cagada grande, que pague, que quede preso. Pero es una cafetera...”. 

En el escrito presentado por la familia ante la Justicia, el abuelo del joven reafirma: “Mi nieto a su corta edad, ha sobrellevado conmigo toda mi enfermedad, cuidándome, alimentándome, ayudándome a ir al baño, así como todas mis necesidades mientras mi hija Ana Fernández trabaja desde la mañana a la noche a los efectos de afrontar los gastos de la casa, así como los de mi enfermedad”.

Denuncia de abuso policial

La familia de Alejandro denunció en 2020 a la Policía por abuso en la zona de Pocitos. Lo que sucedió, según cuentan, es que el joven —quien en ese momento era menor— vio que algunos efectivos estaban “maltratando” a unos hombres apostados sobre la vía pública. 

Alejandro decidió filmar, pero los efectivos le pidieron que lo borrara y, ante la negativa, los policías lo detuvieron. Según un video de ese momento, lo hicieron recostarse contra el patrullero y lo obligaron a eliminar el video. “Borre, borre”, se escucha decir y luego uno de los funcionarios le pega en reiteradas ocasiones por la espalda. 

Siempre atentos

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que a raíz del crecimiento de las ventas a través de Marketplace se dispusieron medidas para poder detectar artículos que hayan sido robados y denunciados por sus dueños. 

Junto con lo anterior, parte del personal policial que investiga estos casos trabaja encubierto en perfiles de Facebook para poder dar con quien tenga el artículo robado. 

El Código Penal en su artículo 350 establece que serán penados aquellos que “sin concierto previo” reciban u oculten algo robado. Una agravante del ilícito es que lo hurtado se utilice para beneficio propio a través de su venta.