El postor se agarró la cabeza cuando Mario Molina bajó el martillo y otro rematador se le acercó para pedirle los datos. Eran las 11 de la mañana en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, estaban presentes 80 interesados, varios medios de comunicación y había ofertado US$ 125.000 más comisión (18.3%) por un Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo.
Después también ofertó por otros dos. Al mediodía, había comprado tres de los cuatro autos de lujo que fueron decomisados al empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo en 2018. El problema: no tiene dinero para pagar la seña.
Dos personas declaran en Interpol por la falta de fondos para pagar la seña y el remate puede terminar en juicio, informó la periodista Viviana Ruggiero en Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Junta Nacional de Drogas. La seña ronda el 30% del precio total de cada vehículo.
Las vueltas del remate
La esposa de Balcedo, Paola Fiege, estuvo presente en el remate, anunció que iba a ofertar, pero no lo hizo y al terminar dijo a Montevideo Portal que los autos estuvieron sobrevalorados por los postores. Por su parte, el rematador dijo que "se lograron precios inimaginables".
El Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo incautado a Marcelo Balcedo y Paola Fiege fue rematado por la Junta Nacional de Drogas y la Asociacion Nacional de Rematadores en US$ 125.000 más comisión (15% más IVA).
— Nico Delgado (@NicoDelgadoSan) March 25, 2021
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Días antes de la subasta, un empresario argentino que estuvo en prisión en el marco de esta investigación y dice ser el dueño de los vehículos, pidió a la Justicia de su país que solicite a Uruguay la suspensión del remate.
A su vez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, publicó un tuit horas después del remate aclarando que los fondos que se consigan no son administrados por la Fiscalía General de la Nación.
Los bienes decomisados a los criminales por sentencia judicial pasan automáticamente al Fondo de Bienes Decomisados, cuya administración corresponde al Poder Ejecutivo.
— Jorge Diaz (@jdiazalmeida) March 25, 2021
A diferencia de lo que sucede en otros países la Fiscalía no recibe el dinero obtenido por su venta.