El exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, luego de que su defensa acordara con la fiscal Gabriela Fossati. Una vez que salió de la instancia judicial, la magistrada dijo que las cinco líneas investigativas que se abrieron a raíz de este caso seguirán adelante.
Astesiano fue condenado por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado.
La primera carpeta de investigación de la fiscal, donde están comprendidos los delitos reconocidos por el excustodio, apunta a la organización que se encargaba de obtener pasaportes uruguayos con documentos apócrifos para así dárselos a ciudadanos rusos. “Los ‘trabajos’ para la extracción de documentación comenzaron en el año 2013 y se extendieron, con interrupción durante el covid, hasta el año 2022”, expresó la fiscal en su acusación.
El grupo criminal del que formaba parte Astesiano también estaba integrado por al escribano Álvaro Fernández, quien fue imputado por un delito de asociación para delinquir junto con el ciudadano ruso Alexey Slivaev.
A la pareja de Fernández, Patricia Medina, también se le formalizó una investigación en su contra por suposición de estado civil y adulteración de documentos. La mujer está en prisión domiciliaria, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
La quinta persona imputada por este caso es el excónsul uruguayo en Rusia Stéfano Di Conza, quien había sido acusado por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia fuera de la reiteración. A esto se le suman otros 14 actos ilícitos por suposición de estado civil. Hace algunas semanas, la defensa de Di Conza logró que saliera en libertad tras pagar una fianza de US$ 25.000.
Otras líneas
Fossati abrió una segunda línea de investigación a raíz de la denuncia de los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara, quienes plantearon a Fiscalía que fueron víctimas de un presunto espionaje, con el fin de que retiraran la denuncia penal contra el exministro de Transporte Luis Alberto Heber y otras autoridades del Gobierno por la concesión del puerto de Montevideo a Katoen Natie por 50 años.
Un ejecutivo de la empresa de seguridad Vertical Skies se contactó con Astesiano para pedirle información y así armar “fichas” con información personal de ambos legisladores. Fossati citó a declarar a los senadores, con el fin de obtener más información y lograr algún elemento que le permita determinar responsabilidades.
Marcos Prieto, abogado de Astesiano. Foto: Dante Fernández / FocoUy
Según informó El País, en la citación del mes de diciembre, Carrera y Bergara negaron que hayan vivido un episodio de “apriete” luego de que presentaron la denuncia por el puerto. “De todas formas, para nosotros sería una tragedia si hay una figura del Gobierno vinculado a estas empresas para hacernos un apriete de tipo mafioso en una democracia”, sostuvo Carrera.
Con poca evidencia aún en su poder sobre si efectivamente concretó el seguimiento a los legisladores de la oposición, la fiscal seguirá adelante con la denuncia, para saber si efectivamente el espionaje existió.
La tercera carpeta que tiene la magistrada se refiere a las filtraciones de los chats de Astesiano que han sido publicados en la prensa en los últimos meses. Fuentes de la investigación indicaron a Montevideo Portal que el equipo fiscal no ha podido avanzar lo suficiente como para solicitar la formalización de la causa.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, envió un documento a Fossati en donde se dejaba constancia de que los chats de Astesiano no fueron filtrados desde la Fiscalía. Ahora, Fossati intentará determinar si alguna de las defensas de los involucrados divulgó la carpeta con las conversaciones a los periodistas.
“La ‘filtración’ muy probablemente se hizo una vez. Se está trabajando para ubicar al responsable. Lo que sucede es que quien [o quienes] la recibió la comunica por goteo. Seguramente va a volver a suceder si no se ajusta la ley. Ocurre con demasiada frecuencia”, publicó Fossati en Twitter el 1º de febrero.
La cuarta línea de investigación se centra en los vínculos de Astesiano con las jerarquías policiales. Esta es una de las carpetas que tiene mayor carga de información y de la más diversa, dado que los vínculos datan de antes y después de la detención de Astesiano.
Algunos jerarcas policiales declararon en calidad de indagados, como por ejemplo el director de Inteligencia, Claudio Correa, el exsubdirector de la Policía Nacional Héctor Ferreira, y el titular de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León, quien fue el primer imputado dentro de esta línea investigativa.
Sin embargo, la semana pasada la fiscal anunció que se había archivado la investigación contra De León porque se comprobó que el jerarca policial en ningún momento concretó las actividades ilícitas, pese a que Astesiano se lo había pedido.
El exsubdirector ejecutivo de la Policía Jorge Berriel también está dentro de este grupo, y la semana pasada se formalizó una investigación en su contra por cometer tres delitos de revelación de secretos, lo que Fossati comprobó a raíz de las conversaciones que mantuvo con Astesiano. El Ministerio del Interior decidió cesarlo de inmediato, pese a que, un día antes, el ministro Heber anunció que lo sustituiría a partir del 1º de marzo.
La quinta y última línea de investigación que marcó Fossati surgió a raíz de un chat de Astesiano y Berriel, dado que el excustodio utilizó las cámaras de videovigilancia de la Torre Ejecutiva para obtener información sobre el siniestro de tránsito que protagonizó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.
El dirigente sindical fue citado por la fiscal, así como también el secretario del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, dado que recibió algunas de las imágenes que Astesiano capturó de las cámaras. El abogado de Abdala, Luis Acosta Ibarra, no descarta impulsar diversas acciones legales y argumentó que el hecho se “parece mucho a lo que se llama en la Constitución pesquisa secreta”.
A esto se le suma el seguimiento a alumnos y docentes del Liceo 41 por parte de Astesiano. Un funcionario policial, que integró la custodia presidencial, le envió información sobre los jóvenes, de acuerdo a los chats que fueron divulgados por La Diaria.
Fossati dijo que hasta ahora no “hay hechos de apariencia delictiva” en el caso de Abdala y tampoco en el del Liceo 41.
Son ellos
Una vez que se conoció la condena, algunos actores del oficialismo se expresaron públicamente. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, tuiteó: “Perseguimos legisladores para amenazarlos y que no hagan denuncias. Seguíamos a profesiones y al presidente del Pit-Cnt. Hacíamos escuchas ilegales. Había drogas en los pescados. Abusamos, decían. Nada de eso pasó. ¿Alguien va a pedir perdón por las acusaciones falsas? No vale todo”.
Perseguíamos legisladores para amenazarlos y que no hagan denuncias.
— Santiago González (@santiagon1974) February 15, 2023
Seguíamos profesores y al Pte del PIT CNT.
Hacíamos escuchas ilegales.
Había Droga en pescados.
Abusábamos decían.
Nada de eso pasó.
Alguien va a pedir perdón por las acusaciones falsas?
No vale todo.
El senador blanco Sebastián Da Silva fue en la misma línea y posteó: “Esperando a la Comisión de seguimiento de Astesiano del Frente Amplio para que finalmente se animen a interpelar. El día que tengamos una oposición más seria y madura seremos un poco mejores como país”.
Esperando a la comisión de seguimiento de Astesiano del Frente Amplio para que finalmente se animen a interpelar. El día que tengamos una oposición más seria y madura seremos un poco mejores como país.
— Sebastian Da Silva (@camboue) February 15, 2023
Fuentes del Gobierno comentaron a Montevideo Portal que ahora “se cierra una etapa”, porque se reafirma lo que siempre se dijo desde Torre Ejecutiva: “Astesiano se comprometía pero no cumplía”.
El oficialismo considera que el Frente Amplio debe dar explicaciones, dado que los actos ilícitos comenzaron en el año 2013 y hay funcionarios de Cancillería involucrados que trabajaron durante gobiernos de izquierda.
La otra explicación que esperan es sobre la visita del exdirector de Convivencia Ciudadana Gustavo Leal a la casa de los padres de Astesiano, reunión por la que fue citado por Fossati el próximo jueves.
“Ahora empieza una etapa en donde es el Frente Amplio quien debe explicar”, dijo una fuente del oficialismo.
En las “narices”
El senador Bergara sostuvo que con la condena de Astesiano se reconocen delitos que “implican corrupción”. “Creemos que lo importante es que quedan todo el resto de la causas abiertas […] en las que pueden ser implicados otros delitos y otros responsables”, agregó en rueda de prensa.
El legislador hizo hincapié en que hay “responsabilidades” políticas, porque Lacalle eligió a Astesiano para un cargo “importante” a pesar de conocer sus antecedentes. “Todas estas cosas pasaban en las narices de la Torre Ejecutiva, donde hay también un responsable institucional, que es el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés”, sostuvo.
Bergara argumentó que “está claro” que Astesiano no actuaba solo, y desde lo político no cabe “tomar distancia” del caso del excustodio. “Hay que dejar que siga actuando la Fiscalía”, subrayó sobre el final.
Por otra parte, Carrera también apuntó contra el Gobierno tras conocerse la condena a Astesiano este miércoles. “Queda demostrado que en la Torre Ejecutiva funcionaba ‘una asociación para delinquir’, además de la responsabilidad política de las autoridades. Todo bajo las narices del propio presidente. Veremos cómo sigue la investigación ya que hay más responsables”, publicó.
Por su parte, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo a Montevideo Portal que, desde su punto de vista, el fallo de Fossati fue “la comprobación de que había una asociación para delinquir”. En ese sentido, dijo que la oposición “evaluará los hechos” ya que, “más allá de lo jurídico, el asunto tiene consecuencias políticas”.
“Esto no cierra nada. Es la primera parte de una zaga de casos que se van a suceder”, enfatizó Brenta, que apuntó por ejemplo a las actuaciones de Berriel, exsubdirector nacional de la Policía.