La pandemia cambió el mundo del trabajo. La frase, que suena a cliché, se sostiene, entre otras cosas, con la explosión del trabajo remoto como una modalidad que los empleados demandan cada vez más. Pero ahora esa situación genera desafíos para distintas empresas, y dentro de las que operan en el régimen de zonas francas hubo variadas consecuencias.

La Ley de Zonas Francas establece como norma general que la actividad debe ser desarrollada dentro del predio, lo que hasta marzo de 2020 obligó el trabajo en las oficinas. Sin embargo, durante la pandemia fue habilitado el empleo remoto. Eso generó que, una vez levantada la emergencia sanitaria, los trabajadores debían volver a sus oficinas, pero en los hechos el teletrabajo fue tan extendido que las empresas y el Gobierno negociaron una reglamentación del empleo remoto.

La normativa determinó que la sumatoria de horas presenciales de los empleados debe ser bajo modalidad presencial al menos en el 60% del tiempo acumulado durante un mes.

Además permite a un 10% de la plantilla teletrabajar todo el tiempo, aunque el beneficio de esos empleados puede jugar en detrimento de sus compañeros de trabajo, que en esos casos deberían cubrir más horas presenciales para llegar al mínimo del 60% requerido entre toda la empresa.

El personal que aplique al trabajo a distancia, además, debe ser dependiente y a tiempo completo, y con una carga horaria semanal que no debe ser menor a 25 horas.

Ahora que el decreto con las limitantes a la excepción que duró casi dos años -o flexibilidades sobre la situación prepandemia- está vigente desde el 5 de enero, las empresas del sector enfrentan distintas realidades.

Según dijeron a Montevideo Portal asesores legales y tributarios, las determinaciones empezaron a causar consecuencias en las empresas, cuyos empleados habían adoptado el teletrabajo como una costumbre. Una de ellas es que, ante la demanda de los empleados para teletrabajar, las compañías optan por pasar a algunos de sus ejecutivos a la jurisdicción uruguaya, para de este modo retenerlos y evitar que busquen otro destino laboral en un mercado global. Otras, en tanto, analizan dejar el régimen franco, según los consultados, que integran distintos estudios y firmas de consultoría.

Las empresas que más han advertido estas situaciones son las tecnológicas y de servicios, dijeron los abogados y expertos en tributación. Este sector es uno en los que el Gobierno ha puesto el foco para promoverlo al señalar a Uruguay como hub de innovación. En particular, en la industria del software, la estimación es que en Uruguay faltan unos 3.000 puestos de trabajo, que las empresas demandan pero no pueden cubrir.

Otra situación ocurre en particular con las empresas más chicas que operan en zonas francas. Según el nuevo decreto, para habilitar la posibilidad de teletrabajo a sus empleados, las compañías deben cumplir como mínimo con 1.000 horas por mes en la modalidad presencial. Eso, según los expertos, inhabilita a las compañías de menor porte a ofrecer la posibilidad de teletrabajar, con lo que son menos atractivas en el mercado de contrataciones.

Negociación y advertencia de Cámara de Zonas Francas

La Ley de Rendición de Cuentas de 2021 aprobó que los empleados puedan teletrabajar desde su domicilio particular. El decreto reglamentario fue de fines de setiembre (319/022), pero una resolución de la Dirección de Zonas Francas determinó primero su entrada en vigencia para diciembre y luego otra resolución lo postergó para que entre en vigencia desde el 5 de enero, explicó a Montevideo Portal Diego Tognazzolo, socio de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de PwC.

En los hechos, en un esquema de 10 o 12 trabajadores con un régimen de entre seis u ocho horas, se podría ofrecer el teletrabajo dos días y asistir a la oficina tres días, sobre la base de cumplir los demás mínimos. Si hay un 10% de la plantilla que toma la opción de no ir nunca, el otro 90% de los empleados deberían ir más tiempo para “cubrir” las horas de los que no van, señaló Tognazzolo.

Fuentes empresariales dijeron que la Cámara de Zonas Francas y el gobierno llevaron adelante un proceso de discusión sobre las condiciones del retorno, aunque partiendo de la base de que la ley madre del régimen establece que el trabajo debe tener como base el recinto franco.

La tensión del asunto está en que las autoridades advierten que las empresas de zonas francas se encuentran en una situación de ventaja impositiva frente a otras de jurisdicción uruguaya, por lo que buscan velar por el cumplimiento de la norma que asegura beneficios siempre y cuando la empresa desarrolle su actividad en el recinto franco. Por eso, de cierto modo y pese a los reclamos, las empresas sin embargo reconocen que hubo una flexibilización en relación a la situación de antes de la pandemia.

Desde el Ministerio de Trabajo dijeron a Montevideo Portal que este tema fue trabajado a través del Ministerio de Economía, mediante la Dirección de Zonas Francas. Ante la consulta a la Unidad de Comunicación de la cartera, el MEF respondió que no haría comentarios al respecto.

El presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, Enrique Buero, dijo a Montevideo Portal que como gremial todavía no evaluaron casos concretos pero sí admitió que las empresas tecnológicas y las de servicios son las más preocupadas por la normativa.

“La implementación del teletrabajo en las condiciones autorizadas por el Poder Ejecutivo es un tema que nos tiene muy atentos como Cámara, en particular para el sector servicios, para el cual tenemos claro que los requisitos establecidos pueden afectar su competitividad a la hora de captar o retener talento; aspecto absolutamente crítico para un sector de actividad que es muy relevante para las Zonas Francas”, dijo Buero.

Los reclamos de las empresas

Ante la consulta de Montevideo Portal, Isabel Laventure, socia de Ferrere Abogados en el área de Impuestos, dijo que hubo “algunos casos” de compañías que tenían dos empresas de su mismo grupo, una en zona franca y otra en plaza uruguaya, y ante eso realizaron traslados de empleados de una jurisdicción a otra. “Hubo también situaciones en donde directamente se analizó dejar el régimen de zona franca pero al final no lo ejecutamos”, agregó.

Verónica Raffo, socia del área Laboral en la misma empresa, también trabajó en el tema. “Tuvimos algunos casos en el sector tecnológico que, como dice Isabel, traspasaron algunas posiciones para una filial fuera de zona para que ese personal pueda teletrabajar sin las restricciones mensuales que implica la regulación de zonas francas. Y otros que están analizando la posibilidad de migración fuera de zona”, dijo.

En tanto, según sostuvo Tognazzolo de Pwc, desde esa consulta también atendieron clientes que optaron por “desdoblarse” e iniciar una operación en el régimen general, donde pueden ampararse en los beneficios de la Ley de Software y ofrecer a sus empleados trabajo remoto a tiempo completo.

“A través de distintas consultas, o intercambios, lo que notamos es que la mayor preocupación sobre estos cambios normativos y de qué forma se iban a implementar es en las empresas tecnológicas. Porque en toda esa industria hay pleno empleo, con lo cual el planteo era: las entidades que están en zona franca, que no pueden ofrecer un trabajo fijo, se ven en cierta desventaja porque, dicen los clientes, los trabajadores exigen teletrabajo y si no lo pueden dar, esa persona se va”, dijo el experto en asesoría tributaria.

Aunque son casos puntuales y evitan nombrar clientes en particular, los consultados advirtieron un volumen de demandas que con seguridad irá en aumento y que puede llevar a una casuística particular para cada empresa.

Federico Formento y Juan Diego Menghi, socios encargados del estudio Adders a cargo de los departamentos de Corporativo y de Laboral, afirmaron que recibieron “varias consultas y requerimientos de posibilidades de cambio de la normativa por parte de empresas dedicadas a todos los rubros, muchas de ellas ya consideradas y otras en camino a ser ‘unicornios’”.

En opinión de los abogados de Adders, el mecanismo para la instrumentación del teletrabajo significa “mayor onerosidad y costos operativos”, y eso lleva “a que varias empresas se planteen modificar el esquema de ubicación de mano de obra calificada en territorio franco”. Además alertaron que “no refleja las necesidad del sector”.

“Entendemos que el camino es buscar cambios a la normativa vigente a los efectos de contemplar las necesidades del sector y no perder recursos humanos valiosos”, afirmaron Formento y Menghi ante la consulta de Montevideo Portal.

“Las normas no van en el mismo camino trazado por el Gobierno, en el sentido de atracción de inversión extranjera y de clima de emprendedurismo que fuera anunciado en la última cumbre de inversiones en Punta del Este. Es perfectamente viable una mayor flexibilidad en la regulación del teletrabajo en zonas francas, ya que el régimen funcionó de muy buena manera, por ejemplo, durante la pandemia, sin que se viera alterado el modelo de negocios”, agregaron.

Empresas chicas, dificultades grandes

La limitante de la cantidad de horas mínimas es otro punto que generó inquietud entre las empresas usuarias de zonas francas. “Eso implica que si tenés menos de 10 trabajadores no podés teletrabajar, porque no cumplirías con esas 1.000 horas mínimas de trabajo presencial en zona. Eso obviamente ha sido bastante resistido porque de alguna manera las empresas pequeñas, que no cumplen con ese mínimo de horas, no pueden ofrecerle a sus trabajadores el teletrabajo”, explicó Tognazzolo.

El experto añadió que la disposición no permite alcanzar ese mínimo de horas de manera progresiva, lo que puede jugar en contra de una empresa que recién empieza y busca escalar su negocio de la mano con sus empleados.

“Si yo contrato seis trabajadores, no le puedo decir que un día va a trabajar en su casa, hasta tanto no tenga ese mínimo de horas. Entonces, a veces, esa persona que se presenta al trabajo plantea que si no puede teletrabajar, directamente se baja del llamado y puede complicar el reclutamiento para etapas iniciales de una empresa”, ejemplificó el contador.