El próximo viernes 9 de julio, la Comisión Nacional Pro Referéndum deberá entregar 675.000 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para ser derogados. En este sentido, el pasado 22 de junio, la organización realizó una conferencia de prensa donde informó que hasta ese momento llevaban 572.551 firmas recolectadas.
Para intensificar la recolección de firmas, el pasado 27 de junio, día en que se conmemoró el aniversario 48 del Golpe de Estado en Uruguay, la comisión realizó una actividad importante de recolección de firmas, situación que se repitió el día en que se decretó por la central sindical PIT-CNT el paro general, aunque sus autoridades aclararon que no lo hicieron con ese fin.
Las diferentes actividades para recolectar firmas se han intensificado en las últimas semanas con el objetivo de llegar a las firmas necesarias. En tal sentido, la comisión tiene personas que están recolectando firmas en Europa. Una usuaria de Facebook publicó en el grupo público "Viena-Uruguay", las diferentes personas que están en ciudades de España, Israel y Bélgica, entre otros, donde se están juntando firmas contra la LUC.
El posteo está acompañado por imágenes que dan teléfonos celulares de personas que juntan firmas en Viena en Austria, Barcelona y Madrid en España, Bruselas en Bélgica, Berna en Suiza y en Tel Aviv en Israel.
El ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó a Montevideo Portal que "el requisito para ser uno de los promotores del referéndum, es decir firmar y estampar su huella, es estar habilitado en el Registro Cívico Nacional". "Es el único requisito, estar habilitado en el Registro Cívico Nacional", comentó.
Denuncia en la INDDHH
La Comisión Pro Referéndum presentó este martes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) una denuncia por la creación de un operativo especial realizado por la Jefatura de Rocha con el fin de vigilar a quienes juntan firmas para habilitar el mecanismo electoral.
El pasado 17 de junio el exintendente de Rocha Aníbal Pereyra (MPP) recibió información que denunciaba "la creación de un Sistema de Gestión de Seguridad Pública", que disponía el seguimiento y la investigación de las personas que realizan la recolección de firmas.
Pereyra a su vez presentó ante el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, los hechos que entendió pertinente investigar, identificando varios vehículos vinculados al la Jefatura de Rocha o al jefe de Policía del departamento.