El diputado blanco Alfonso Lereté presentó este lunes una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra la Intendencia de Canelones por mantener en funciones durante 15 años a un inspector de tránsito luego de que este fuera procesado con prisión en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes y otros delitos.

El escrito presentado por el legislador da cuenta de que el “jefe directo del funcionario era el director general de Tránsito y Transporte Marcelo Metediera, hoy intendente de Canelones, y el superior de ambos era el exintendente Yamandú Orsi, hoy candidato a la presidencia del Frente Amplio”. 

“¿Qué dirían los funcionarios municipales honestos y cumplidores ante esta situación donde dos gobernantes quedan como protectores de un inspector de tránsito condenado con prisión por tráfico?”, se preguntó el diputado por Canelones, quien alega que el funcionario en cuestión es militante frenteamplista, en particular del Partido Comunista.

El jefe comunal Metediera brindó este lunes una conferencia de prensa junto al secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, en la que aseguraron que las autoridades municipales siguieron los procedimientos administrativos adecuados.

Allí el intendente dijo que “la Intendencia de Canelones en ningún caso estuvo omisa a las distintas instancias y hechos que acontecieron” y que en ambas instancias de procesamiento (2010 y 2022) “se dieron los procesos jurídicos por las vías administrativas que correspondían para darles garantía a todas las partes”.

“Esto no fue a la Junta Departamental porque no se trata de un funcionario presupuestado: se trata de un funcionario contratado, entonces el desenlace es la rescisión del vínculo contractual”, detalló Legnani.

Metediera, por su parte, agregó que “los ilícitos no los hizo en ningún momento mientras estaba trabajando”, y puntualmente sobre los sumarios consideró que estos son “realizados en la dirección de jurídica por parte de abogados de carrera”. “La valoración de la prueba la mira más de un profesional y se toma en consideración el testimonio, donde hay circunstancias eventualmente atenuantes y agravantes”, agregó.

“El intendente puede desoír y aplicar otro tipo de sanción. Pero lo que se da en el 99% de los casos es que se les da la derecha a los profesionales actuantes que sugirieron esa sanción, y fue la que se le aplicó”, sumó Metediera.

También se criticó a Lereté por elevar la denuncia ante la Jutep: “Entendemos que el accionar de este diputado refleja lo que históricamente ha hecho en su forma de actuar. Entonces nos parecía que lo más sano era informar a la opinión pública”.

El caso

Según documentos de la comuna a los que accedió Montevideo Portal, el funcionario en cuestión, Ramiro Álvarez Arispe, fue condenado a prisión en dos ocasiones. La primera fue el 9 de octubre de 2009 por suministro oneroso de estupefacientes y salió en libertad “bajo caución juratoria” el 4 de mayo de 2010.

Por este motivo, en mayo y en junio de 2011 la comuna, por ese entonces con Marcos Carámbula al frente, dispuso dos suspensiones sin goce de sueldo que duraron 90 y 60 días respectivamente.

En el documento con la resolución de la segunda medida, con fecha del 13 de junio, se expresa: “Estamos ante un claro caso de adicción a las drogas, por lo que su conducta no amerita la calificación de gravísima, máxime teniendo presente que ha sido criterio de esta comuna adoptar políticas contra la adicción en general”.

Asimismo, se esgrime que también se tuvo en consideración, “como circunstancias alteratorias de responsabilidad”, “el buen concepto funcional brindado por sus superiores” y “las anotaciones de agradecimiento y reconocimiento en su ficha de méritos”.

La segunda vez que la Justicia resolvió que Álvarez Arispe fuera a prisión fue en 2022, cuando el Juzgado Penal de octavo turno de Las Piedras lo condenó a dos años y seis meses de penitenciaría efectiva por un “delito continuado de negociación de sustancia estupefaciente prohibida (marihuana), un delito continuado de hurto de energía eléctrica y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones”.

Por este delito, el 14 de octubre de 2022 la intendencia, esta vez con la firma digital de Yamandú Orsi, volvió a ordenar un “sumario administrativo con separación de cargo y retención total de haberes”.

Finalmente, el funcionario fue cesado el 8 de marzo de este año por el actual intendente Metediera, luego de 15 años contratado por la Intendencia de Canelones.