El Partido Colorado decidió que votará el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca modificar la ley de medios vigente. El documento fue apoyado con votos del oficialismo en la Cámara de Senadores en junio, y este martes será tratado por los diputados.
Al texto, que fue discutido por el pleno de la Cámara alta como grave y urgente, se le agregó un aditivo propuesto por Cabildo Abierto que busca la “imparcialidad” de los medios de comunicación a la hora de hablar de política.
Tal y como lo habían dicho algunos colorados antes de tomar la decisión, la diputada María Eugenia Roselló indicó a La Diaria que tienen “la convicción” de que el presidente Luis Lacalle Pou vetará el artículo 72 añadido por los cabildantes.
En caso de que esto no suceda, los colorados prevén plantear la derogación al aditivo a través de un proyecto de ley. “Si votamos que no, no sale nada, y nosotros queremos que salga la ley de medios. Solo que hemos planteado reparos con ese artículo. Analizándolo con el diputado [colorado Martín] Melazzi, que participó activamente en el tratamiento de este proyecto, fue que decidimos votarlo con la convicción de que el presidente lo va a vetar”, dijo Roselló.
El artículo en cuestión
El aditivo impulsado por CA fue incorporado en el proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual en el artículo 72.
El texto señala: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”.
Y finaliza: “Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.