La bancada del Partido Colorado decidió que no votará la Ley de Medios aprobada en el Senado el pasado martes 28 de mayo, por estar en contra del aditivo propuesto por Cabildo Abierto que modificó el proyecto de ley.

El diálogo con Montevideo Portal, el diputado colorado Martín Melazi dijo que dicha colectividad política no está de acuerdo con el artículo 72 incluido en el proyecto, por lo que no van a votar la ley.

En esta línea, manifestó: “Ha habido mucho trabajo en este proyecto y un artículo empaña todo. La forma de poder solucionarlo es que el artículo sea vetado [por el presidente de la República]. Pero para que el partido vote el presidente va a tener que anunciar que vetará ese artículo en cuestión.

Por su parte, el también legislador Conrado Rodríguez señaló que otra posibilidad es postergar la votación del proyecto de ley para el mes de julio, pero también planteando sobre la mesa la posibilidad de que Lacalle Pou se comprometa a votar dicho polémico artículo.

La posición del Partido Colorado en esta línea es firme: el artículo 72 no lo van a acompañar, aunque naufrague toda la Ley de Medios. También hay algunos diputados del Partido Nacional que han manifestado su rechazo al artículo y en la interna dieron manifestaron su postura en contra.

El aditivo impulsado por CA fue incorporado en el proyecto de ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual en el artículo 72.

El texto señala: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”.

Y finaliza: “Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.

El argumento de Ope Pasquet

Por su parte, el diputado Ope Pasquet manifestó que no solo “no parece razonable ni materialmente posible, siquiera, que cada programa de radio o televisión que trate temas políticos deba ofrecer en cada emisión el repertorio completo de versiones u opiniones sobre el asunto en cuestión”. Sino que también aseguró que, ante la posible sanción del artículo 72 “lo que está en juego es la libertad de prensa”.

“Y con la libertad de prensa, gobierne quien gobierne, no se juega”, expresó.

 “La disposición les dice a los periodistas cómo hacer su trabajo: cuando informen, analicen u opinen, lo que digan debe merecer los seis adjetivos [“imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”] que el texto primero enuncia, para caracterizar el derecho de los ciudadanos, y luego repite para establecer la correlativa obligación de los servicios de difusión”, escribió en X (Twitter) el legislador.

Pasquet admitió que “nadie puede estar en contra de que la ciudadanía acceda a informaciones y opiniones completas, rigurosas, serias, etc.”, pero, contrastó: “La cuestión es cómo se logra eso y quién puede actuar como árbitro que determine la existencia de infracciones a la norma legal”.

Para el colorado “el trabajo de los periodistas consiste precisamente en seleccionar, para ofrecérselo a su público el material que consideren más relevante, más veraz, más interesante, más ilustrativo o más lo que fuere, según la perspectiva de cada uno”.

“Por supuesto que la selección es discrecional del periodista. Por supuesto que esa selección puede tener y normalmente tendrá sesgos, explícitos o no. En las sociedades democráticas el remedio contra los sesgos de la información y la opinión no consiste en disciplinar a los periodistas sino en garantizar la libertad y el pluralismo, para que siempre se pueda escuchar ‘la otra campana’”, cuestionó.

El integrante de Ciudadanos aludió también a la cultura futbolera del país para trazar un paralelismo con su punto de vista: “¿A quién le reconoceríamos autoridad los uruguayos, acostumbrados a que en las canchas de fútbol los jugadores le discutan al juez hasta los saques de banda, para decirle a un periodista que su labor no merece los seis adjetivos del artículo 72?”, cuestionó.

“La apreciación de esas cuestiones no puede ser sino subjetiva y discrecional”, sumó el abogado e ilustró: “Lo que para unos es serio, imparcial y equilibrado puede parecerles inconsistente, parcial e interesado a otros”.

Sumó también que “la pretensión de aplicar la norma sancionando presuntas infracciones generaría discusiones interminables, que enrarecerían el clima político y dañarían el prestigio internacional que el país debe a sus instituciones democráticas”.

Asimismo, negó que se trate, como argumentó Cabildo Abierto en favor del artículo, de un “saludo a la bandera”.

“No nos engañemos, pues. Sancionada la ley, cualquier ciudadano podría invocar el derecho que le reconoce el inciso primero del artículo 72 para actuar contra los servicios de difusión que por intermedio de sus ‘programas y espacios’ lo desconocieran. Sin perjuicio de las acciones civiles de naturaleza indemnizatoria que pudieran entablarse ante la justicia competente”, advirtió y añadió que también se podría reclamar la actuación de la Ursec (Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones) “para imponer sanciones en la vía administrativa”.

“Una de las primeras consecuencias de esto sería la autocensura de los medios de comunicación y de los propios periodistas; para evitar problemas con la política, mejor ocuparse de cualquier otra cosa. Y de periodismo de investigación en esa materia, mejor ni hablar”, remató.