El Colegio de Abogados del Uruguay rechazo vía un comunicado “toda actitud que pueda ser entendida como una injerencia de cualquier poder del Estado sobre otro, y más aún, cualquier intento de incidencia sobre las decisiones de los jueces y juezas del Poder Judicial”.

Aunque en el documento se aclara que la declaración “no puede entenderse en forma alguna como manifestación en relación al juicio penal en curso”, se sostiene que “la separación de poderes es un principio fundamental de nuestro estado de derecho y debemos defenderla a ultranza, “por lo que instamos a los poderes del Estado a manejarse con cautela, sobriedad y mesura en aquellos temas que pueden poner en duda la violación de este principio constitucional”.

“Todos los involucrados que cumplen función pública deben entender la responsabilidad que implica cada una de sus palabras y manifestaciones ya que se trata de señales que, al final del día, pueden generar confusión y división en la ciudadanía frente a cuestiones que son tan básicas que no deberían ser objeto de debate”, apunta el comunicado.

Se agrega que “no se cuestiona el derecho de todo ciudadano e incluso de las autoridades del gobierno de manifestarse sobre un determinado procedimiento judicial, pero sí actitudes como, por ejemplo, la presencia multitudinaria o intimidante ante sedes judiciales en las que puedan caer tanto jerarcas públicos como sindicatos, partidos políticos u otros actores individuales o colectivos de la sociedad”.

“Son hechos que suelen ser reiterados y que obligan, en muchos casos, a los abogados a no poder circular libremente a la salida de los juzgados ni a las partes del juicio, a las que se les aplica el principio de inocencia hasta que haya sentencia en contrario. Reivindicamos el derecho de los colegas de trabajar en un ambiente respetuoso y sin presiones. Asimismo, remarcamos que la independencia no solo es un derecho del juez, sino una obligación que debe cumplir a consciencia”, señalaron los letrados.

Finalmente, aunque se hace referencia a que no se extraigan “consideraciones de naturaleza política alguna que no hacen honor a la tradición cívica del país” del comunicado, la declaración se da días después de que le ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fuera a Durazno a “respaldar” a policías imputados por la muerte de joven de 20 años.

La acción del jerarca fue además apoyada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.  

La Asociación de Magistrados del Uruguay se manifestó este martes ante este hecho y expresaron “preocupación por “presión indebida”, al tiempo que rechazaron “cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas”.