La Asociación Civil El Paso se manifestó junto a otros colectivos en contra del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, una “mala ley” que para las organizaciones firmantes del comunicado “daña la infancia”.

En el documento se menciona que, según la información existente, en 2022 7.035 niños, niñas y adolescentes estuvieron en situación de maltrato y abuso sexual, 529 de explotación sexual y fueron asesinados ocho niños por parte de padres o parejas de la madre.

“Esta situación exige que se actúe con un compromiso real para prevenir, atender, proteger y sancionar esta vulneración de derechos. Hay una responsabilidad que es del Estado, pero también de la ciudadanía en general: tenemos la responsabilidad de exigir protección”, se afirma.

Con respecto al proyecto de ley, se apunta que la iniciativa parlamentaria no “tiene datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas, y menos aún en casos de violencia”.

“Las normas vigentes garantizan la protección de niños, niñas y la persecución de los delitos que los afectan. El problema grave en el sistema de justicia es la falta de recursos y formación que genera demoras y respuestas victimizantes para todas las partes y en especial para niños y niñas”, se agrega.

Las organizaciones sociales cuestionan que el proyecto parte de la premisa, “sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas”.

“Está pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el de protección de niños y niñas, exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes los violentan demostrando desconocer la dinámica de la violencia y las estrategias de quienes violentan”, argumentan los colectivos.

En el texto también se recuerda que las “normas nacionales no deben estar en contradicción con los dispuesto en los convenios internacionales”, por lo que el país se “expone, de aprobarse el proyecto de ley, a recibir observaciones de los comités de seguimiento de esas convenciones por ser regresivas en las garantías de protección”.

“Cada legislador deberá rendir cuentas a la población sobre el voto de cada artículo de este proyecto que ha sido claramente señalado como contrario a los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño y en las leyes nacionales. Votar esta ley es dar una herramienta más a los abusadores y explotadores para que puedan seguir violentando y silenciar a niñas, niños y adolescentes que piden ayuda. Es favorecer la impunidad. Es momento de frenar y no ser parte de este atropello, que cada cual asuma el compromiso de no votar esta mala ley”, criticaron los colectivos sociales.

La declaración, que se suma a la postura expresada en los últimos días por Unicef y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), fue firmada por las siguientes organizaciones: Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Intersocial Feminista, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Social y Red Pro Cuidados.

En particular, Unicef y la Inddhh criticaron en especial el artículo cuarto del proyecto de ley que establece una modificación en el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo referido al régimen de tenencia.

Para esas dos instituciones, en la redacción de el artículo se prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño.

“El texto propuesto mantiene una jerarquización de la tenencia compartida como la alternativa a privilegiar, este aspecto podría considerarse de dudosa compatibilidad con el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes”, había indicado la Inddhh en un comunicado en julio de 2022.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Constitución y Códigos en diciembre y será tratada en el plenario de la Cámara de Diputados el 11 de abril.