La Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) —una organización cuyas entidades fundadoras son el Colegio de Abogados del Uruguay, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Asociación Nacional de Contadores y Peritos Mercantiles y la Asociación de Ingenieros del Uruguay, entre otras— emitió un comunicado el domingo en el que manifestó su “rechazo categórico” al aditivo aprobado en la Cámara de Diputados que otorga un sueldo a la representante del Poder Ejecutivo ante el Fondo de Solidaridad (FDS) de la Universidad de la República.
En el texto, AUDU manifiesta que a esa figura le corresponde presidir la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad (CHAFDS), cargo que hasta el momento se desempeñaba de forma honoraria.
“Desde su creación, por Ley 16.524 del 25/07/1994, el FDS es administrado por la CHAFDS, la cual está integrada por ocho miembros, siendo la AUDU, con un delegado, la única entidad que representa a los contribuyentes en la misma. En concordancia con lo establecido en el art 2° de la mencionada Ley, ‘el Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por ocho miembros’ que son todos honorarios”, señala el texto.
“Dado que la institución cuenta con una infraestructura informatizada y de recursos humanos de base sólida, con cinco gerencias de área y una gerencia general experimentada y eficiente, es posible que la dirección dedique sus esfuerzos a la conducción, de acuerdo con los términos previstos en el Art. 2 de la Ley, no existiendo razones para la retribución de ninguno de sus integrantes. Situación que conoce en profundidad, porque en distintas instancias y durante largos periodos, se debió asumir la ausencia de la presidencia al no contar con el representante del PE, ‘responsabilidades que en algunas oportunidades involucraron al secretario y en otras a nuestro delegado’”, agrega.
El presidente de AUDU, Miguel Fierro, aseguró que el otorgamiento de sueldo al representante del Ejecutivo es un “escenario injustificado y contradictorio” con las políticas promovidas por el gobierno ya que, en términos reales, el salario rondará los 180.000 pesos, equivalente a 23 becas estudiantiles.
“Nuestros objetivos están centrados en defender el destino de los aportes que hacen los profesionales y, por ello, denunciamos estos desvíos injustificados, contradictorios e inaceptables, para que ellos no terminen afectando a un número importante de estudiantes que necesitan de este recurso para acceder a sus estudios universitarios”, indicó.
Finalmente, la comunicación de la agrupación destaca que AUDU representa a más de 20 mil profesionales reunidos en 13 gremiales, y que tiene ya más de 75 años de historia. Además, subraya que la organización nació como respuesta a la inquietud de contar con una agrupación que coordinara y representara de forma legítima los intereses y reivindicaciones del colectivo universitario.