La organización Nada crece a la sombra, que trabaja desde 2014 en unidades penitenciarias, estuvo este viernes en la comisión especial del senado que analiza los artículos de la ley de urgente consideración.

Luego de su participación, la organización manifestó en su cuenta de Twitter varias discordancias con las modificaciones que prevé la LUC para el tema carcelario.

"NADA en esta ley apunta a mejorar las cárceles, se sigue apuntando al encierro masivo en un sistema que lo único que hace es perpetuar el delito y la violencia", dice uno de los tweets del colectivo que aseguró que "ni el aumento de penas, ni la creación de delitos mejora la seguridad", sino que por el contrario aumentan los delitos y se satura el sistema carcelario.

#LUC
Hoy estuvimos en la comisión especial del Senado por la ley de urgente consideración.

Compartimos nuestras impresiones sobre el impacto de esta ley en la seguridad y los riesgos en el sistema carcelario.

* En otro hilo opinamos sobre normativa para adolescentes.

(hilo) pic.twitter.com/bGiFMFIzJ5

— NADACRECEALASOMBRA (@nadacrece) May 8, 2020

Según el colectivo, de ser aprobada la ley "se van a sobrepoblar las cárceles y puede colapsar el sistema carcelario".

Además, señalan que la ley tiene "una ausencia absoluta de la perspectiva de salud" en los casos que propone condenas más duras, dado que, según explican, "aumentar el encierro tiene un impacto significativo en la salud física y mental de las personas privadas de libertad, lo que se traduce en altísimos costos en salud pública y en un deterioro profundo de las personas".

Con respecto a las salidas transitorias, el artículo 31 de la LUC establece que las personas que accedan a esta herramienta deberán tener colocados dispositivos electrónicos, tales como tobilleras, que permitan identificar su localización.

Nada crece a la sombra sostiene que las salidas transitorias "no son un problema para la seguridad" y que este artículo es "una limitación" dado que "la disponibilidad de dispositivos electrónicos no está garantizada y el sistema tiene altos costos".

"¿El Estado puede costear esto o es una traba más para limitar las salidas transitorias?", cuestionan.

Además, con respecto al artículo 32 que inhabilita a los condenados por hurto agravado y rapiña (entre otros delitos) a la libertad a prueba y el 84 que impide a los que cometieron el delito de rapiña (entre otros) a obtener salidas transitorias, el colectivo sostiene que se está bloqueando la posibilidad de estos beneficios penales "a la inmensa mayoría de la población carcelaria", por lo que sugieren excluir los delitos mencionados de ambos artículos.

Con respecto a los temas de drogas, el colectivo sostiene que aumentar las penas "no sirve y es peor" y que se apunta a "los sectores más débiles de la cadena de tráfico, sin apuntar a los reales responsables del narcotráfico".

Por último, "saludan" la iniciativa de crear el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria estipulado en el artículo 87. Sin embargo, sostiene que debe "necesariamente" incorporar otros actores como el Comisionado Parlamentario Penitenciario y "debe valorarse la inclusión de la academia y de la sociedad civil".

El consejo tal cual está en la LUC está integrado por un representante del Ministerio Del Interior, uno de la Fiscalía General de la Nación, y uno del Poder Judicial.