Coalición planteó en Diputados “enfático repudio al dictador Ortega” y pide debate con PCU

Los diputados de la coalición de gobierno presentaron este miércoles ante la Cámara de Representantes un proyecto de resolución para una declaración de condena al gobierno de Nicaragua, en el que manifestaron un “enfático repudio a las nuevas violaciones a los derechos humanos perpetrados por el dictador Daniel Ortega”.

A instancias del diputado de Ciudadanos Felipe Schipani, el oficialismo buscará tratar el asunto en el pleno de la cámara durante la semana próxima. En diálogo con Montevideo Portal, Schipani dijo que espera un respaldo unánime del Frente Amplio a la declaración, y subrayó que augura la participación de los representantes del Partido Comunista de Uruguay (PCU) durante el debate en la cámara.

“Deseamos francamente que se dé un debate en la Cámara y que todas las bancadas acuerden con el contenido de la declaración, que expresa lo que está ocurriendo en Nicaragua y lo que han expresado infinidad de gobiernos del mundo”, dijo el diputado.

“Ojalá todos apoyen porque el año pasado se discutió este tema y los legisladores del Partido Comunista no ingresaron a sala. El Frente Amplio después de una deliberación decidió entrar a sala, pero los legisladores comunistas no lo hicieron”, señaló el legislador.

“Me parece que es un mensaje democrático muy bueno del Parlamento que se aprueben este tipo de condenas por unanimidad. No se puede hacer gárgaras sobre los derechos humanos en oportunidad de los 50 años del golpe de Estado pero sin embargo no condenar enfáticamente lo que está ocurriendo en Nicaragua”, agregó Schipani.

El proyecto de resolución, firmado por todos los legisladores de la coalición, fue presentado este miércoles durante la sesión de apertura del cuarto período de la Legislatura.

El texto expresó su rechazo a la decisión del gobierno de Nicaragua de retirarle la nacionalidad a unos 92 ciudadanos opositores al régimen, lo que abre la puerta para que sean conducidos a la Justicia.

“Estos hechos se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos que desde hace años vienen ocurriendo en dicho país, que incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad y la utilización del aparato estatal para asesinar, encarcelar, torturar y perseguir a toda persona que se oponga al régimen”, señaló el proyecto de declaración en su tercer punto.

“Exigimos al dictador Daniel Ortega que cese con el terrorismo de estado y la violación de los derechos humanos, y a la comunidad internacional que levante su voz a fin de activar todos los mecanismos de protección, apoyo y respaldo a quienes están sufriendo las consecuencias de estos actos”, concluyó el texto.

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018 presentó este miércoles a la prensa su primer informe.

El documento señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad a Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, según informó la agencia EFE.

Uno de los últimos episodios tuvo lugar a mediados de febrero, cuando las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y a casi un centenar de nicaragüenses acusados por delitos considerados “traición a la patria”. Además, a los acusados se los declaró prófugos de la Justicia.

El Gobierno uruguayo emitió el 17 de febrero un comunicado de condena a “las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de la República de Nicaragua que disponen la privación de libertad para referentes políticos, sociales y culturales del país y vulneran sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

El diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez propuso que se les otorgue a tres ciudadanos nicaragüenses la ciudadanía uruguaya.

Desde el Frente Amplio, de momento se han expresado algunos sectores aunque, según dijeron a Montevideo Portal fuentes de la fuerza política, la situación en Nicaragua no fue de momento parte de un debate en la orgánica.

Uno de los sectores del Frente Amplio, Convocatoria Seregnista-Progresistas, emitió un comunicado público sobre el caso en el que “condenó” las prisiones “arbitrarias” realizadas por razones políticas e ideológicas, independientemente del gobierno que las realice, y “rechazó” la anulación de la ciudadanía y de los derechos inherentes a la persona humana, realizada por el “régimen” de Ortega contra los liberados.

El intendente de Salto, Andrés Lima, escribió una carta en la que aseguró Ortega conduce un régimen que “no respeta los derechos civiles y políticos” de la ciudadanía.

“Cuando vemos un Estado que es cooptado totalmente por un partido único que se dedica a utilizar todo el aparato de las instituciones para perseguir, criminalizar y eliminar a todo tipo de oposición, no cabe más que llamar a este régimen por su nombre: dictadura”, escribió en la carta.