Cláusula controvertida de contrato de UPM será incluida en la demanda a la empresa

El Movimiento "UPM 2 No", que nació en oposición a la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay, trabaja desde el anuncio de la pastera en denunciar las condiciones del acuerdo entre el gobierno y la empresa finlandesa.

El abogado del movimiento, Hoenir Sarthou, dijo en el 2018 que el Poder Ejecutivo asume por su cuenta compromisos sin consulta parlamentaria y sin ningún mecanismo de garantía.

Esta semana, al conocerse al anuncio de gobierno y pastera sobre la confirmación de la instalación de la nueva planta, el movimiento decidió demandar judicialmente a ambos para que asuman su responsabilidad en caso de que el emprendimiento genere daños a la población uruguaya.

Sin embargo, cuando Sarthou accedió el martes de noche al texto completo del contrato, se llevó una sorpresa que ahora incluirá en la demanda, según dijo a Montevideo Portal.

"La cláusula 4.2.2.2 es la clave. Le permite a UPM dejar sin efecto todo el negocio -incluso después de la Decisión Final de Inversión- por su sola voluntad, sin pagar multa. Solo con un preaviso de un año. O sea: la Decisión Final de Inversión solo obliga a Uruguay. UPM, mientras no invierta mucha plata, puede retirarse sin consecuencias. Ahora se entiende por qué aceptó anticipar la decisión de invertir, haciéndole una gauchada electoral al partido de gobierno", escribió ayer en redes sociales.

"No se conocía esto, y hacía una semana que se había firmado. Me sorprendió, no creí que se llegara a tanto, sobre todo el mismo día que hicieron el anuncio", dijo Sarthou a Montevideo Portal. "Resulta que mientras UPM se comprometía a la construcción, al mismo tiempo se firmaba por abajo de la mesa una cláusula que los liberaba de obligaciones", agregó el abogado.

Sarthou cree que esto le sirvió al partido de gobierno desde el punto de vista electoral, porque presenta un éxito, "o lo que parecía un éxito". Sin embargo, esto "se anula cuando se ve que lo que hicieron fue liberar a la empresa en realidad". "No se comprometió, al revés, le dieron la tranquilidad de que puede renunciar y luego irse, se convierte en una maniobra", señaló, agregando que al final "el precio es carísimo".

Para el abogado, el riesgo no es que UPM se vaya sin pagar, sino que esa cláusula le permite a la empresa imponer las condiciones que quiera. "Cuando vaya a negociar aspectos prácticos, siempre tiene a favor la amenaza de decir que se va", apuntó.

"En cualquier contrato, si uno no está atado y el otro sí, el margen de negociación es enorme. Ante cualquier problema, si UPM se pone dura, Uruguay debe ceder", señaló el abogado.

La otra visión

Fuentes judiciales consultadas por el diario El Observador señalaron que en contratos grandes es normal que se establezcan cláusulas específicas que son negociadas entre las empresas y los gobiernos. Además, apuntaron que si la empresa renuncia no tendrá derecho a recuperar los costos asumidos y deberá devolver los costos que ya haya recuperado por la contratación de los servicios del proyecto ferroviario.

El ministro de Industria Guillermo Moncecchi, entrevistado en Todo Pasa (Océano), reconoció que existe esta cláusula pero dijo que no la conocía. Sin embargo, los abogados le explicaron que es una "cláusula de estilo".

Sin embargo, Sarthou dijo que estas claúsulas no son comunes. "Cualquiera que conozca o haya firmado cualquier contrato sabe que nadie hace un contrato en el que una parte puede liberarse cuando quiere y la otra no. La prueba es que no estaba en el contrato original. La inventaron ahora. No existe", afirmó.

Sarthou aclaró que esto va a estar incluido dentro de la demanda general y "es otro de los elementos que justifican la acción judicial". La audiencia de conciliación se realizará el 15 de agosto a las 12:30, con representantes de UPM y el Poder Ejecutivo. Se prevé que ni la empresa o el Gobierno quieran firmar un documento en el que asuman responsabilidad por posibles perjuicios, dijo el abogado. Por lo tanto, la demanda seguirá camino.

La demanda que inicia el movimiento es para que UPM sea responsable de los perjuicios a la sociedad uruguaya, e incluye a los afectados por aspectos prácticos, como la instalación de la vía férrea, pero también otros temas "económicos, culturales y educativos que afectan a la sociedad toda".

"El gobierno le aseguró a la empresa que los reclamos van a ser atendidos a través del Banco Mundial; vamos a reivindicar que tenemos el derecho a demandar a UPM en el país", afirmó, aclarando que se agregará "esta situación de estar expuestos a que la empresa se retire, porque es una grave cosa".