En el marco de la investigación por la denuncia presentada por el Frente Amplio (FA) sobre el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie, esta semana cinco personas declararán ante Fiscalía.
Los directores de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la empresa belga declararán ante el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, informó el semanario Brecha y confirmaron fuentes del caso a Montevideo Portal.
La denuncia contra autoridades del gobierno es porque la empresa belga se quedará con la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el año 2081. El senador frenteamplista Mario Bergara dijo días atrás luego de comparecer ante Fiscalía que “se entrega un monopolio por 60 años de manera inconstitucional, ilegal, inconveniente, violando las normas y procedimientos”.
Por su parte, el senador Charles Carrera señaló que “lo que ocurrió con el Puerto de Montevideo es grave, fue un acto ilegítimo, de entrega, sin ningún fundamento a través de una amenaza de un juicio inexistente”.
“Se le entregó un monopolio a un privado hasta el año 2081 con serias consecuencias para la economía nacional y para el bolsillo de todos los uruguayos”, aseguró.
Cruzar fronteras
Tal como informáramos los accionistas de Montecon, el operador de los muelles públicos del puerto de Montevideo, llevarán al Estado uruguayo ante un tribunal de arbitraje internacional por el acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo con la empresa belga Katoen Natie.
El gerente general del operador, Martín González, dijo a Brecha que "las demandas internacionales no van a ser de Montecon, sino de sus accionistas, que van a defender sus intereses y sus inversiones en Uruguay".
El paquete accionario de Montecon pertenece en un 60 % al grupo chileno Ultramar y en un 40 % al canadiense ATCO. Es por esta razón, que los procesos a seguir se atienen dos convenios de protección de inversiones diferentes: el firmado entre Uruguay y Chile en 2010 (aprobado por ley en 2012) y el suscrito con Canadá en 1999.
Se presentarán ante el Poder Ejecutivo (ya sea ante Presidencia o Cancillería, según lo que determine cada convenio), las cartas de conciliación previas, requisito para la primera etapa del proceso.
Ese fue el mismo proceso que llevó a cabo en 2019 la empresa belga Katoen Natie cuando llevó a cabo su amenaza de juicio, amparados en ese caso en el acuerdo de promoción suscrito con Bélgica.
Según supo Montevideo Portal, aún no se ha resuelto si la demanda se presentará ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o frente a un tribunal designado bajo las condiciones del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Actualmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) estudia el recurso administrativo presentado por Montecon y por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA). Además, la Comisión de Promoción de Defensa de la Competencia está investigando el tema.
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