Cinco mujeres y tres hombres fueron condenadas por la Justicia por integrar una organización que hacía maniobras fraudulentas con terrenos en la Costa de Oro, según informó Javier Benech, director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación.

Mencionó además que dos de las mujeres son escribanas y que, “obviamente, se envió a la Suprema Corte de Justicia la condena para que hiciera lo que estime conveniente”, dado que “habitualmente se las suspende en el ejercicio de la profesión”.

Las condenas fueron por los delitos de asociación para delinquir y estafa. Las penas otorgadas van desde los 8 meses de libertad vigilada, hasta una sentencia de tres años de prisión; algunos con prisión efectiva, otras con prisión domiciliaria, y todas incluyen una parte de libertad a prueba en la que se dispone la obligación de fijar domicilio, no salir del país y la obligación de realizar trabajo comunitario”, comunicó Benech.

Dos personas hay una pena de dos años y una de tres años. Una de las penas de dos años es de penitenciaría de cumplimiento efectivo; la de tres años, es un año de cumplimiento efectivo, los dos años restantes de libertad vigilada. Esta ultima pena fue la recibida por una de las escribanas.

La otra escribana tiene una pena de 20 meses con 10 de prisión efectiva y 10 de libertad vigilada. Otro de los hombres tiene 2 años de prisión efectiva. El resto de las personas, la condena más alta es de 24 meses y las penas son mixtas.

“La maniobra consistía en detectar terrenos que estuvieran sin mantenimiento y estas escribanas sacaban la información registral, luego de eso se los ofrecían a un precio bastante barato y se le ofrecía a la gente hacer los trámites con las escribanas de confianza, que eran estas dos, para cerrar la maniobra de alguna manera. Obviamente cobraban también un precio más barato de lo que podía cobrar un escribano particular a los compradores”, sostuvo el jerarca.

Según explicó, lo que vendía esta organización eran los derechos posesorios de terrenos que, en realidad, tenían dueño.

“Ellos detectaban los terrenos que estaban sin mantenimiento, hacían la información registral, además cercaban los terrenos, le cortaban el pasto, los mantenían y los vendían diciendo que hacía cuatro o cinco años que tenían esos terrenos. Vendían los derechos posesorios cuando, en realidad, en algunos casos hacía pocas semanas que los tenía; eran terrenos que tenían dueño, por eso se configura en un delito”, puntualizó.