El senador por el Frente Amplio (FA) y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo que “falló la (Dirección Nacional de) Inteligencia del Estado” cuando se otorgó el pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Enrique Marset.
“A partir de este acto de otorgarle un pasaporte se le dejó en libertad y se permitió que esa persona hoy esté prófuga, a partir de un acto de organismos del Poder Ejecutivo lo cual me parece es muy grave”, comentó el legislador en declaraciones a Montevideo Portal.
“En un país pequeño como el Uruguay, presos en Medio Oriente con un pasaporte falso me sobran los dedos de la mano. Quizás podemos tener un caso cada varios años”, agregó.
Carrera señaló que el cónsul “expidió un pasaporte para una persona que tenía antecedentes y estaba presa”. “Cuando llega el pedido de Cancillería y se hace el trámite lo que se tendría que haber mirado son los antecedentes judiciales de esta persona, que tenía antecedentes por narcotráfico”, acotó.
Marset cayó en manos de las autoridades policiales de los Emiratos Árabes Unidos (EUA), en Dubái, en octubre del 2021 por intentar ingresar a dicho lugar con un pasaporte paraguayo falso.
En enero, mientras estaba retenido por las autoridades emiratíes, le fue otorgado el pasaporte uruguayo a través del consulado uruguayo en Dubái, según informó la semana pasada el semanario Búsqueda. En febrero el hombre fue dejado en libertad y fuentes del caso señalaron que uno de los argumentos que presentó la defensa de este hombre fue que le había sido otorgado el pasaporte de nuestro país y que, por tanto, “no suponía un riesgo” ni que se trataba de un “delincuente de relevancia”, consigna Búsqueda.
Finalmente, el pasado 25 de febrero medios paraguayos dieron cuenta del allanamiento de un depósito destinado para la comercialización de la droga, cuyo propietario es este uruguayo y que estaría implicado en la organización criminal que traficaba drogas y lavaba dinero. Actualmente, Marset Cabrera está prófugo. Se lo declaró en rebeldía y se libró una orden de detención en su contra.
Carrera señaló que Marset “tenía antecedentes penales por delito de narcotráfico en Uruguay y estaba en el radar de la Dirección General de Tráfico Ilícito y Represión desde por lo menos en 2013, cuando se le imputó un delito y cumplió pena hasta 2018 y luego se fue del Uruguay”.
“Lo que no tenía era una causa abierta, pero antecedentes penales sí los tenía. Nuestro objetivo es acceder al trámite en el cual se le otorgó este pasaporte”, añadió.
El senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP) aseveró que esto está relacionado con que el gobierno hizo “la mayor purga en la historia de la Policía Nacional” y “sacó oficiales de policía que tenían contactos, protocolos de trabajo, metodologías. Eso es un problema grave”.
“En el período anterior se trabajó mucho en lo que tiene que ver con mejorar las seguridades de los documentos, tanto el pasaporte como la cédula uruguaya, porque queríamos ingresar al programa Visa Waiver. Para ingresar a ese programa teníamos que mejorar los procedimientos de cómo se otorgaba el pasaporte en el exterior, los documentos de identidad, tener sistemas de información, controles”, aseguró y dijo que “es una mentira” decir que en la administración del FA se “flexibilizaron” los criterios.
Este jueves, el semanario anteriormente mencionado informó que el narco uruguayo en 2019 solicitó a Cancillería desde el exterior del país este documento oficial. No obstante, tras derivar el pedido al Ministerio del Interior, le fue denegado ya que tenía una causa abierta por drogas en Uruguay, que le impedía obtenerlo.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) señalaron a Búsqueda que el pasaporte fue emitido el pasado 25 de noviembre por la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) dependiente de la cartera de seguridad y remitido posteriormente para su entrega. Sin embargo, en esta ocasión y a diferencia del 2019, Marset “carecía de causa pendiente, proceso judicial en curso o requisitoria a nivel nacional” por lo que el Interior continuó con el proceso.
Según el medio anteriormente mencionado, la Policía Nacional estaba al tanto de que se trataba de un narcotraficante de “relevancia internacional”, pero “no tenía las pruebas suficientes” para solicitar su captura.
Las investigaciones colocaron a Marset como uno de los principales ideólogos del cargamento de seis toneladas incautado en 2019, que se dirigía desde Montevideo hacia Togo en contenedores de soja, además de las amenazas de muerte a la fiscal especializada en Estupefacientes Mónica Ferrero.
Más información
El pasado miércoles, senadores del FA presentaron un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Relaciones Exteriores por la entrega del pasaporte a Marset. Los legisladores pretenden conocer si la cartera de Relaciones Exteriores fue quien otorgó el pasaporte y de ser así en qué fecha lo hizo, una copia del expediente en el cual se gestionó y tramitó el pasaporte y si Marset fue quien gestionó la solicitud en el año 2019.
“De ser así se nos remita copia de expediente y nos especifique motivo de su denegatoria”, indica el documento al que accedió Montevideo Portal.
“Especifique el procedimiento administrativo que se sigue cuando el pasaporte es solicitado por una persona residente en el exterior de la República; si existía al momento de iniciarse el procedimiento respectivo a la expedición de pasaporte, requisitoria y/o notificación roja por parte de Interpol de Marset”, piden los legisladores, entre otras cosas.
Lo que dice el Ministerio del Interior
El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo este jueves en el programa Primera Mañana (Radio El Espectador) que “se cumplían las condiciones normativas vigentes en ese momento” cuando se otorgó el pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Enrique Marset.
Consultado por la denuncia del Frente Amplio en la que pidió ampliación de la información sobre el tema, el número tres de la cartera dijo que es “muy bueno” que el partido pregunte.
“Le vamos a preguntar nosotros también, porque había un decreto del año 93, que tenía la firma del presidente (Luis Alberto) Lacalle Herrera, con el entonces ministro (del Interior, Juan Andrés) Ramirez y el canciller (Sergio) Abreu, que, para el otorgamiento de pasaportes había que presentar los antecedentes, no se limitaba a antecedentes nacionales o internacionales. En el 2014, el gobierno del expresidente Mujica flexibiliza eso y se exigen solo antecedentes en el Uruguay y eso, como esta persona no tenía antecedentes en ese momento, ni tampoco tenía una requisitoria internacional, cumplía las condiciones”, sostuvo.
“Podemos saber por qué en el 2014 flexibilizaron ese decreto, que creo coincidiría un poco con la discusión del voto consular, capaz que nos pueden explicar por qué lo flexibilizaron”, agregó.
El protocolo de emisión explicado por un exjerarca de Identificación Civil
Por su parte, Ruben Amato, que encabezó de 2007 a 2020 la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), explicó este jueves en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal) el procedimiento estipulado para la emisión de pasaportes en el extranjero.
“El pasaporte emitido en el exterior sigue siendo competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). La DNIC del Ministerio del Interior opera como corroborador de la identidad de la persona que tramita el pasaporte en los consulados y lo imprime, lo entrega a MRREE y viaja por valija diplomática al consulado respectivo. El pasaporte sale con la firma de cónsul titular del consulado en que se realizó el trámite”, comentó.
“Previo a que DNIC imprima ese pasaporte se solicita a la Dirección Nacional de Policía Científica las personas que tramitaron, para ver si cuentan con antecedentes, que le impiden tener el pasaporte. Si esa nómina viene en forma libre el pasaporte se imprime y se entrega a MRREE, previo chequeo de la identidad de cada uno”, agregó y dijo que “en teoría, no podría salir un pasaporte si no se chequea en Policía Científica de que la persona no tiene antecedentes penales”.
El exjerarca explicó que el documento no se entrega en caso de que uno, por el tiempo de la notación penal, “ve que el delito está prescripto”, así que el interesado solicita que se levante la causa y que el juez comunique que la causa está cerrada a Policía Científica. Esta dependencia luego manda la nómina de la persona, pero “sin anotación ninguna porque la causa ya no existe, por sobreseimiento, por cumplimiento de la pena o por lo que fuere”.
Consultado sobre si esto es lo que podría haber pasado en el caso de Marset, dijo “eso podría pasar sí” ya que los funcionarios de la DNIC “hacen el chequeo de la información y si hay antecedentes no entregan el pasaporte”.