Chargoñia: "discurso neofascista" de Manini Ríos cuestiona la democratización de las FFAA

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió el procesamiento de tres militares por las torturas y muerte de Hugo De Los Santos, estudiante de Agronomía asesinado por la dictadura en 1973 por su presunta vinculación con el movimiento de Liberación Nacional.

Hugo Leonardo de los Santos, de sólo 21 años, fue detenido el 1º de setiembre de 1973, dos meses después del golpe de Estado. Tres días después su cuerpo torturado fue entregado (en cajón cerrado) a su familia en Rocha. Desoyendo las órdenes militares, su tía abrió el cajón y pudo corroborar que si sobrino había sido sometido a torturas.

De los Santos fue detenido precisamente en cercanías de la facultad y trasladado por sus captores al Regimiento de Caballería N.º 6 Atanasildo Suárez en Domingo Arena 4399. Al frente del regimiento se encontraban entonces un teniente coronel y un mayor (como jefe y jefe de Unidad), hoy fallecidos.

Allí, De Los Santos fue sometido a diversos apremios físicos, e intensos interrogatorios por su presunta vinculación al MLN-T. En especial, fue sometido a severas golpizas que derivaron en su deceso.

Dichos tormentos fueron efectuados en diversas ocasiones y en distintos momentos, como se consigna en los informes médicos obrantes en autos. Al frente de tales apremios e interrogatorios estuvieron los tres militares de los que hoy se pide procesamiento: Alexis Grajales, Ariel Ubillos y Lawrie Rodríguez. Con ellos se encontraba otro militar, hoy fallecido ya.

El 3 de setiembre de 1973 fue constada la muerte de De Los Santos a la hora 09:50 en la unidad militar. "No obstante, la muerte estuvo signada por el ocultamiento y aún por sendas falsedades ideológicas realizadas por los funcionarios públicos que participaron en la confección de los documentos de rutina", indica el documento de Fiscalía.

En tal sentido, en el certificado de defunción confeccionado por el médico militar José Alejandro Mautone se consignó como causa de la muerte "edema agudo de pulmón" (algo descartado luego por otros médicos y relativizado por el propio Mautone luego). Por su parte, también la inscripción de la muerte de De Los Santos fue objeto de falsificación en el Registro de Estado Civil.

Una historia de terror

El cuerpo tenía sin embargo numerosos indicios de haber sido maltratado, con erosiones de todo tipo, pruebas de las torturas recibidas tras su detención, y un golpe en el cráneo.

Luego de que el caso comenzó a ser investigado por la Justicia de Rocha, al haber constatado los familiares de De Los Santos los maltratos que presentaba el cuerpo, Mautone informó al Juez Militar de Instrucción que la muerte se produjo "a raíz de un edema agudo pulmonar por insuficiencia cardíaca derecha", pero agregó que el proceso "fue condicionado y desencadenado por los múltiples, repetidos y variados apremios corporales a los cuales fue sometida la víctima".

En el regimiento "fue sometido a diversos tormentos (plantones, picana eléctrica, submarino, colgamiento y plantones) e interrogatorios por su presunta participación en el MLN-T", indica la Fiscalía. Los responsables de dicho trato fueron los oficiales Rodríguez y el militar fallecido.

"No cabe lugar a dudas que el joven fue sometido a gravísimas torturas y como consecuencia de éstas se produjo su muerte. Ahora bien. Una vez acreditado ello, debemos analizar quiénes fueron los responsables de tal aberrante acto", dice el documento. En tal sentido, la Fiscalía Especializada señala que no cabe lugar a dudas que los jerarcas de la Unidad resultan responsables (entre ellos Victorino Vázquez, tío de Gilberto Vázquez, también procesados por delitos de lesa humanidad) "en la mejor de la hipótesis por omisión impropia de la muerte", pero ambos se encuentran fallecidos.

A partir de ello, y con los elementos que se cuentan al presente, "es dable inferir que quienes estaban al momento del deceso y por tanto devienen en coautores de su muerte" son los oficiales Grajales, Ubillos y Rodríguez (además del teniente fallecido que participó con ellos en los interrogatorios).

El teniente fallecido fue quien dio cuenta a su superior de la muerte de De Los Santos, explicando quiénes eran los que se encontraban con él cuando se produjeron los interrogatorios, según consta en los informes del Juzgado Militar de Instrucción.

También hay un acta del extracto de las declaraciones tomadas a De los Santos firmada por Ubillos, lo que demuestra que lo interrogó.

Algunos indagados que declararon dieron cuenta además que quienes trataban con los detenidos y les interrogaban eran los imputados.

"Se puede dar por acreditado que precisamente los oficiales eran los encargados de los detenidos y sus interrogatorios. Ergo debieron participar también en el caso de De los Santos", explica la Fiscalía.

Otro detenido el 31 de agosto de 1973 y que fue sometido a torturas en el mismo lugar también identificó a dos de los imputados. A ello se le suman declaraciones del ex teniente del Ejército Julio César Cooper Alves ante el Grupo de Apoyo al Sijau, en Estocolmo, Suecia, y ante Amnesty Internacional, en Ginebra, Suiza, en 1979, cuando se refirió a este caso. Allí identificó a dos de los responsables del caso (Lawrie Rodríguez y Victorino Vázquez) y agregó que también de los comentarios surgidos entre los oficiales en aquel entonces se tenía plena convicción de que De los Santos había fallecido a raíz de las torturas.

Se suman también declaraciones de un soldado que señala a Rodríguez como partícipe en apremios físicos, pero en el 7° de Caballería de Santa Clara. "Él era el que decidía la tortura. Había cantidad de soldados que trabajaban con él y hacían lo que él les decía todo, el pueblo sabe que él era torturador", dijo.

"Existen elementos de convicción suficientes para sostener prima facie que los indagados se encuentran incursos en un delito de homicidio muy especialmente agravado (por la grave sevicia y por cometerse en el marco de otro delito)", concluye la Fiscalía. En el caso de Lawrie Rodríguez en reiteración real con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos y este en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad, agrega, para solicitar los enjuiciamientos y prisión bajo esta imputación.

El tiempo está después

El de De los Santos fue uno de los tantos casos denunciados y monitoreados por el Observatorio Luz Ibarburu, que había denunciado demoras en varias causas.

El abogado Pablo Chargoñia, integrante del Observatorio, dijo a Montevideo Portal que este es "otro ejemplo de una solicitud que demoró mucho, después de mucha acumulación de pruebas en un crimen ocurrido hace tantos años". El abogado señaló que el pedido de procesamiento es una buena noticia en el sentido de que la solicitud fiscal respalda lo actuado e investigado.

"Es un ejemplo claro de la práctica sistemática de tortura en unidades militares, que es un crimen de lesa humanidad que no puede quede quedar sin castigo", puntualizó.

Consultado sobre si estaba satisfecho con el contenido de la solicitud de procesamiento, comentó que el Observatorio aún lo está analizando pero que "en cada uno de estos episodios de tortura como política de represión, siempre hay muchos más involucrados que los que se señalan en los pedidos fiscales, y las escasas resoluciones judiciales". "Esto es lo que caracteriza al terrorismo de Estado, una conjunción de voluntades. Cuando el pedido se circunscribe a dos o tres personas deja la idea planteada de que se debe seguir investigando", remarcó.

Chargoñia también fue consultado por las expresiones de Guido Manini Ríos, que fuera destituido por afirmar que en los casos de crímenes de la dictadura la Justicia actuó sin pruebas y sin respaldar los principios elementales del Derecho, conceptos que reiteró luego. "La Justicia actuó como venganza", dijo en el programa En Perspectiva. El excomandante en Jefe del Ejército también había dicho que no se podía juzgar a la dictadura con los ojos de hoy.

"Es un discurso que refleja una postura de la derecha contraria a la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Es indecente cualquier ejercicio de justificación de las torturas y muertes ocurridas en dictadura. Es lo que hace sembrando sospecha sobre los escasos procedimientos judiciales, así como de las organizaciones sociales que impulsan las causas", opinó Chargoñia.

Las frases de Manini Ríos ponen "en cuestión a los sucesivos gobiernos que no encararon el proceso de democratización como para que este tipo de discursos neofascistas no tengan el terreno fértil que han tenido hasta ahora en la casta militar", concluyó.