El pasado 7 de febrero, después de haber sido despedida de Canal 10 en diciembre de 2023, la periodista deportiva Ana Inés Martínez afirmó que fue “víctima de acoso sexual y laboral, por la gerencia de la empresa y la gerencia del noticiero, en ese orden”.
Asesorada por Juan Ceretta, la denunciante negocia con el canal mientras llega el 21 de marzo, día en el que tendrá una instancia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, el requisito para llegar a la Justicia laboral, informó Búsqueda este jueves.
El abogado y la denunciante coinciden: “Queremos que este juicio por acoso marque un precedente, y queremos que la discusión sea pública”, dijeron al semanario.
Según el defensor, en Uruguay “no son muy comunes los juicios de acoso sexual o laboral”. “Me consta que hay mucho más acoso sexual —sobre todo hacia las mujeres— en el ámbito laboral uruguayo, y sin embargo la cantidad de juicios que hay son muy poquitos”, indicó.
En este sentido, el abogado de Martínez la “felicitó” por “la valentía que ha tenido hasta ahora”. Además, expresó que si llegan a ir a juicio quedará demostrado que este caso es “un problema estructural del canal”, y que “muchos compañeros [de la denunciante] se pusieron a las órdenes para salir de testigos y están dispuestos a declarar”. “El acoso laboral en este caso entendemos que lo sufrió como represalia por el acoso sexual, pero define el ambiente actual del canal”, agregó.
En tanto, Ceretta contó que cuando Martínez se contactó él y su equipo, entendieron que “jurídicamente la situación que vivió califica como acoso sexual en los términos de la Ley 18.561 [Ley de Acoso Sexual. Prevención y Sanción en el Ámbito Laboral y en las Relaciones Docente Alumno]”. “Entendemos que no califica como delito, y por eso descartamos hacer una denuncia en la Fiscalía”, agregó.
Si bien el defensor de Martínez expresó que en algunos casos se “denuncia por el impacto”, a él y a su equipo les “parecía serio ir por ese camino”. Por eso, explicó, tampoco hicieron la denuncia en los Juzgados de Violencia de Género, y agregó que desde el momento en el que fue despedida, la periodista “no tenía contacto con el acosador”.
“No queríamos usar herramientas del sistema de Justicia que no encajan en la situación, aunque desde el punto de vista del impacto en la opinión pública puedan ser efectistas. Tenemos estos hechos y entendemos que hubo acoso sexual y laboral. La ley establece una indemnización especial para estas dos hipótesis”, señaló al semanario.
La primera reacción del canal fue pagar la liquidación por egreso, pero “ningún rubro extra”. Después, cuando Ceretta dijo que tenía pruebas de que Martínez había sido acosada —y las mostró—, comenzaron a hablar de una “indemnización”. Y aclaró: “No quisimos hacer de esto una cuestión económica, es la herramienta que nos da la ley”. Para que una persona vaya presa tiene que haber cometido un delito, que en este caso no había. Entonces, hicieron una estimación de lo que significaba el daño que la exintegrante de Subrayado sufrió, y el canal les “ofreció una cosa ínfima”.
El mínimo que la ley establece para una indemnización es “seis mensualidades”, esa es la cifra que el canal ofreció. Pero el equipo de defensores de Martínez entiende que “ese es el piso”.
En una primera instancia, llegaron a un acuerdo. “Como esto se dilataba y Ana Inés necesita mantener su vida, llegamos a un acuerdo de aceptar la indemnización común, pero dejamos a salvo que sobre el otro punto íbamos a hacer un reclamo judicial”, dijo Ceretta. El abogado aclaró que “siempre fueron transparentes en lo que iban a hacer”.
En febrero volvió a comunicarse con la abogada del canal para ver si habían reconsiderado la oferta, pero fue la misma. Entonces, decidieron iniciar el reclamo y pedir una audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Al ser consultado por el comunicado en el que Martínez informó que había sido acosada sexual y laboralmente durante su labor en Canal 10, Ceretta señaló que “lo que pasó” fue que la comunicadora “es una figura pública, tiene muchos seguidores, y empezó a sufrir recriminación de sus seguidores porque la habían echado, y ella no daba ninguna explicación y el canal tampoco”. En ese momento consideraron que la periodista debía “comunicar algo públicamente”, para así explicar que la suya “no era una desvinculación porque trabajara mal” ni porque “hubiera problemas”.
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