Abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta, trabaja diariamente junto a estudiantes en litigios que amparan reclamos de personas de bajos recursos económicos.

Acceso a medicamentos de alto costo, programas para personas privadas de libertad o que se encuentran en situación de calle. Esos son solo algunos ejemplos de los temas que tratan los estudiantes que "ponen en agenda" y le dan visibilidad a asuntos en los que es común mirar para el costado.

"Buscamos derrocar el paradigma de que somos todos iguales" ya que "hay desigualdades estructurales", dijo Ceretta a Montevideo Portal.

Ceretta es profesor de un grupo de la asignatura Consultorio Jurídico, dirige la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho y coordina el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos.

"Los resultados a largo plazo son buenos y a corto plazo son malos", sostuvo sobre los litigios que afrontan los estudiantes y cree que lo principal "es el impacto a futuro, pensado para las próximas generaciones".

"A mí me encanta que a los estudiantes les lleguen los casos y se comprometan", explica el abogado y presidente de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El abogado habló con Montevideo Portal sobre la complejidad de los casos, la relación entre estudiantes y representados, y el involucramiento en causas difíciles.

¿Cómo funciona el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho?

El Consultorio Jurídico funciona como una asignatura curricular de la carrera de abogacía. Quiere decir que si sos estudiante de abogacía para recibirte tenés que durante un año atender casos de verdad. Vas a ser como un abogado, pero con la supervisión de un profesor. Eso implica desde atender a la gente, hasta ir al juzgado, hacer los escritos, demandas, audiencias, apelaciones, todo. Ese formato del Consultorio Jurídico como asignatura curricular no es muy común en el mundo. Son pocos los países que tienen eso. El Consultorio funciona como un estudio jurídico grande. La gente viene a la ventanilla, se agenda y es atendida ahí. Cuentan su problema y en función de eso vemos qué es lo que podemos hacer. La gente se agenda, plantea sus consultas, es derivada a un grupo, funcionan un total de 15, cada grupo tiene dos docentes y unos 40 estudiantes aproximadamente. La persona entra al aula, cuenta su caso y el profesor con los estudiantes discuten el caso y se asigna el caso a uno o varios estudiantes, depende de la complejidad. El estudiante vuelve a reunirse en privado con la persona y ahí se diseña una estrategia para su caso. Es como meter un estudio jurídico en el medio de una clase. La ventaja es que al ser 40 estudiantes por grupo y al haber otros grupos descentralizados (no en el edificio de la Facultad de Derecho) estamos hablando de 700 estudiantes como procuradores. En materia de Familia quien más litiga, salvo la defensoría pública, es el Consultorio. El Consultorio funciona a demanda, la gente viene y atendemos las cosas que vengan, con un reglamento para que este servicio, que es totalmente gratuito, no se transforme en una competencia desleal. El reglamento establece que atendemos en principio personas con ingresos inferiores a 30 Unidades Reajustables, se puede hacer excepciones que lleven eso hasta las 60 UR, para casos donde una persona tiene muchos hijos o se trata de mujeres solas. También se pueden hacer excepciones de parte de los docentes cuando nos interesa el caso por razones de humanidad o vulnerabilidad de las personas.

¿Cómo complementa ese trabajo la Clínica de Litigio Estratégico?

El Consultorio no se involucra en temas que no le vengan. Eso motivó que en el año 2015 se cree una asignatura que es como "hija del Consultorio", que es la Clínica de Litigio Estratégico y yo la dirijo. Es una materia distinta, pero lo que hace es en lugar de trabajar a demanda elige casos. No esperamos a que vengan a la ventanilla, sino que vamos a buscar los casos que nunca vendrían. Por ejemplo, las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad en una cárcel, y así con múltiples ejemplos. Normalmente son casos más complejos, de naturaleza colectiva, que además tienen otra diferencia con el Consultorio. En el Consultorio ganar es ganar y perder es perder, pero en la Clínica el objetivo es meter el litigio en el medio de una lucha social. A veces el objetivo puede ser más modesto, no todo se va a solucionar con un juicio y el objetivo puede ser poner un tema en agenda pública, hacer que se discuta. A veces perdiendo un juicio podés lograr más repercusión que ganándolo. Perder puede ser ganar, depende cómo lo uses el perder. Hay una tercera pata que es el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos. Cuando empezamos a trabajar desde el Consultorio y sobre todo desde la Clínica en algunos casos más difíciles nos dimos cuenta que no se puede pedir a un profesor que tiene una dedicación de 10 horas, por ejemplo, que pueda trabajar bien con los estudiantes determinados casos. Nos dimos cuenta que estaba bueno involucrarnos en causas más difíciles, pero para eso se necesita apoyo técnico. El decanato de la Facultad de Derecho decidió crear un espacio pequeño con un equipo que apoye a esa gente. Está pensado para casos en los que docentes del Consultorio o la Clínica se ven desbordados, como pueden ser temas de Derechos Humanos o medio ambiente. Cuando se creó el espacio se llamó a concurso y yo gané el concurso para coordinarlo. Hay un docente más y un estudiante avanzado en régimen de pasantía remunerada, por lo que somos tres personas trabajando aquí, junto a algunos voluntarios. El apoyo que damos a los grupos que se involucran en causas complejas se basa en buscar jurisprudencia a nivel internacional o a nivel nacional. Eso sirve para saber si lo que hace el grupo se hizo en otros países con otros casos. Del mismo modo funciona el vínculo dentro de la universidad. Si un docente quiere información sobre un caso la puede pedir en el laboratorio y ahí es donde asesoramos y explicamos por dónde debe encarar, se dan contactos, bibliografía, entre otras cosas. Eso facilita el camino. El equipo a pesar de ser chico en las etapas de receso estudiantil mantiene activos los casos.

¿Se privan de algún tipo de caso?

Lo único que no estamos haciendo es penal en la parte de la defensa. Sí estamos haciendo el patrocinio de las víctimas. No lo hacemos porque no tenemos la infraestructura para dar respuesta a cuestiones que requieren una resolución rápida, de momento. No hemos encontrado la manera de reinsertar eso en el proceso de aprendizaje. No hay que olvidar que todo lo que hacemos es para que los estudiantes aprendan, ese es el objetivo final.

¿Cuáles son los casos más complejos en los que trabajan?

Tratamos casos sobre derechos humanos. Los casos más complejos en general refieren a litigio estructural o desigualdades estructurales porque todavía estamos muy atrasados en eso. Las causas de desigualdad estructural son las que te ponen en desigualdad desde el arranque solo por tener un color de piel distinto, haber nacido en tal lugar, ser mujer, pertenecer a una minoría. Esas son las causas más complejas, pero que más nos apasionan. Si alguien no busca llegar a ellos e intentar con el litigio insertarse en esas luchas seguramente no tengan la posibilidad de hacerlo. Seguimos teniendo una matriz en Uruguay que está muy asimilada al liberalismo francés, de decir que todos nacemos iguales, entonces todos somos iguales, parecería que todos tenemos las mismas oportunidades y si no lográs un determinado estándar mínimo es porque no te esforzaste lo suficiente. Ese paradigma está en franca crisis hace mucho tiempo y nosotros lo que buscamos en estos casos más complejos desde el litigio ayudar a derrocar ese paradigma y demostrar que hay desigualdades que son estructurales. También inciden las decisiones personales que influyen en que te vaya mejor o peor, pero está claro que arrancás 2 a 0 abajo. La cuestión es cómo hacer para que esa igualdad formal se transforme en igualdad real y que las chances sean las mismas. Si no se analiza toda la historia de cómo uno llegó hasta ahí en definitiva no se puede combatir esa desigualdad real.

¿Hay victorias y derrotas en los litigios? ¿Cómo son los resultados?

Los resultados a largo plazo son buenos y a corto plazo son malos. Por poner un ejemplo, cuando en el 2012 nos involucramos con acciones de amparo para obtener medicamentos no cubiertos por el sistema o prestaciones de salud no cubiertas se perdió la mayoría. Hoy se ganan más del 95%, pero eso llevó un tiempo. Estas luchas no son de un día para otro. Por ejemplo, nosotros en los últimos años trabajamos con litigios en materia de vivienda, perdimos todos los juicios que hicimos, nunca ganamos uno. No hay muchos, pero todos se perdieron. El consuelo es que en algunas sentencias de tribunales donde hay tres votos empezamos a tener algún voto que se afilia a nuestra posición en el tema vivienda. Esos cambios de paradigma son muy fuertes, vos no los lográs de un día para otro. En lo otro que trabajamos en materia de Derechos Humanos es en la formación de los estudiantes. Cuando trabajo con un estudiante sobre un tema no solamente trabajo para que él pueda hacer un juicio mientras está en mi grupo y lograr algo, sino pensando que en 10 años va a ser juez. Si participó de esto se supone que va a tener otros parámetros y otra apertura mental de los que tiene hoy. Ahí también la apuesta es para largo plazo, estamos metiendo esto en el proceso de aprendizaje. El gran impacto se ve a largo plazo. Por ejemplo, por más que se hagan 400 seminarios para tratar el tema de la perspectiva de género no va a cambiar la realidad. Podemos aspirar a que si metemos el tema de la perspectiva de género en los cursos las nuevas generaciones que van saliendo salgan mejor de las que están ahora, pero el cambio no va a ser para mañana.

¿Te ha ocurrido que algunos casos te han afectado personalmente?

Por supuesto. Hay casos que te llegan muchísimo, eso pasa con la mayoría de los casos en los que trabajamos. A diferencia de lo que se cree de que a los estudiantes no le lleguen los casos, a mí me encanta que a los estudiantes le lleguen los casos y se comprometan. Este litigio es un litigio militante, vos no podés ser escéptico a las cosas que llegan. Me encanta que se comprometan y me digan "esto no puede ser profesor, alguna vuelta tenemos que encontrarle". Quiero sacarles esa cuestión de tecnicismo puro sin ningún compromiso humano por los demás. Te aseguro que algunos que quizás no hayan tenido tanto interés después de pasar por el curso no salen así, podrán encontrar cosas que no les gusta y otras que sí, pero no es una materia más. Conocieron gente o se involucraron. En el tema salud es imposible no involucrarte al tratar casos delicados y relacionarte con niños, padres y familias. Nos pasa en salud, cuando trabajamos con privados de libertad o en otros temas. En las causas que son colectivas pasa más todavía ese sentimiento de que algo te remueve. En 2018 hicimos el primer amparo colectivo, quiere decir que la sentencia le va a servir no solo a la gente que hizo el juicio, sino también a un montón de gente que ni siquiera existía cuando se hizo el juicio. Eso para nosotros marco un antes y un después porque no había amparos colectivos hasta ese momento en Uruguay. Fue un juicio para que los niños con HIV del Pereira Rossell pudieran acceder a la medicación para el HIV en formato pediátrico. Como cada vez, afortunadamente, hay menos niños a los que se les transmite HIV por transmisión materna infantil el laboratorio dejó de traer la versión pediátrica, no le interesaba vender porque eran pocos, aunque estamos hablando de 150 niños. Empezaron a darle las pastillas de adultos de 600 miligramos, pero fraccionadas. Ahí decidimos hacer un juicio pensando en que no podemos ayudar a los niños que ahora tienen esto, pero ¿y los que vienen después? Planteamos el juicio de manera colectiva desde la Clínica de Litigio Estratégico y la sentencia condenó a que ASSE, el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública tienen que dar la medicación en versión pediátrica, aunque tenga que importarla, a los niños que existían cuando hicimos el juicio, a los que vengan después y a los que sigan naciendo. Es imposible no involucrarse y comprometerse en estos casos.

¿Cómo es la situación actual en cuanto al acceso a medicamentos de alto costo?

Se han incluido algunas cosas más, pero la velocidad de inclusión es muy pobre. Yo diría que la brecha se ha aumentado, además nosotros creo que hemos hecho un agujero bastante grande, en el sentido de que nuestros consultantes son todo personas que ganan menos de 38 mil pesos. Son pacientes del Hospital de Clínicas, de ASSE y del interior la mayoría, por lo que no se enteraban que existían determinados medicamentos y los médicos no se los recomendaban. Antes no reclamaban y hoy esa gente está reclamando. En algunas áreas ha habido avances importantes en los últimos años, hay que reconocerlo, como en oncología o hematología que han aparecido cosas que eran impensadas. La ciencia va a una velocidad cada vez más rápida y la velocidad de incorporación del sistema de salud sigue a la misma velocidad de siempre.

¿Es necesario realizar cambios en el Fondo Nacional de Recursos? ¿Cuáles?

Está bien que exista el Fondo Nacional de Recursos, pero lo que tiene que cambiar es el criterio de priorización. No con respecto a un medicamento sobre otro, sino qué valor le vamos a dar al derecho a la salud. La cuestión es si Uruguay como Estado va a pensar que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Para que sea un derecho fundamental todos tenemos que tener el mismo acceso. Si todos tenemos que tener el mismo acceso el Estado debe asegurar a los que no pueden acceder por sí mismos ese acceso, eso lo dice la Constitución. ¿A los pobres e indigentes que no pueden comprarse un medicamento, cómo se lo vamos a garantizar? Es necesario ver cómo conseguimos el dinero para garantizar eso, porque a veces se hacen razonamientos que son errados. A veces te dicen que los recursos son finitos y no podés gastar más de tanto. Nosotros al Estado le dimos algunas prorrogativas que los particulares no tenemos. Le dimos la posibilidad de emitir papel moneda, crear impuestos, entre otras cosas. La cuestión es qué decidís hacer con ese derecho a la salud, si solo en el discurso va a ser para todos o si en los hechos va a ser para todos. Hay un tema que estamos intentando meter en las demandas y es la teoría de la escasez. Es falsa esa teoría por dos razones, porque escasez de medicamentos no hay, se producen medicamentos para darle a todo el mundo. La industria farmacéutica tiene un potencial de producción de medicamentos para todos. Lo que es escaso es la gente que puede pagarlos. Si sos gobierno de cualquier país te eligen para que trabajes en que si hay medicamentos estén mejor distribuidos, lo que está mal distribuida es la riqueza en definitiva. Las medidas que tienen que tomar los gobiernos son en cuanto a derechos fundamentales, pero no digo que esto sea fácil. Si a la salud la ponemos como derecho fundamental no puede haber diferencias entre el que tiene plata y el que no tiene plata. Si es exagerado el precio de esos medicamentos el que tiene que controlarlo es el gobierno el que tiene que tomar medidas. En 2017 empezamos a hacer juicios por el medicamento que cura la hepatitis C. Hicimos el primer caso, de una maestra en Maldonado, se ganó y después empezamos a ganar todos. En ese momento el tratamiento entero costaba 20 mil dólares. El problema de la enfermedad es que demora 15 años su desarrollo, podés tener la enfermedad y no darte cuenta. Podés estar cansado y no te das cuenta, hasta que un día tenés el hígado con fibrosis y necesitás un trasplante. El Fondo Nacional de Recursos te va a financiar el trasplante de hígado, que cuesta 140 mil dólares y no te cura la hepatitis C, solo te cambian el hígado. Pero no estábamos dispuestos a pagar 20 mil dólares para curar y evitar el trasplante de hígado. Lo que sucede es que los que llegan al trasplante son pocos. ¿Cuántas personas podrían tener potencialmente hepatitis C en Uruguay? Como 50 mil personas que no saben, por lo que estaba el temor de que aparezcan esos 20 mil dólares multiplicados por esa cantidad de gente. Lo que sucedió fue que la India anuló la patente del laboratorio que fabrica ese medicamento y fabricaron su propio acople. Hoy ese medicamento hecho en la India sale 10 dólares. Hoy lo estamos dando en Uruguay y lo compramos en la India. Cuando dicen que Uruguay no se puede enfrentar a la industria farmacéutica no sé si es tan así. Antes decían que no se podía enfrentar a la industria tabacalera, depende de los límites que vos te pongas. No es una lucha fácil, seguro, pero capaz hay que hacer alianzas con Brasil y Argentina en principio. Lo que no pueden quedar en el medio son las personas, sobre todo las personas pobres. Lo que queremos es que en la salud no importe si fuiste presidente o un jubilado de la construcción para acceder a un medicamento.

Has hablado de negligencia del Estado, ¿eso sigue ocurriendo actualmente?

La negligencia del Estado es algo histórico. Lo mío nunca fue ni un reproche al Frente Amplio ni a los gobiernos anteriores o al de ahora. En este tema de la salud hay una coherencia absoluta, ha sido exactamente igual con todos los gobiernos. Con algún matiz, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud para mí fue un paso adelante en muchas cosas, aunque en el primer nivel de atención se siguió con los parámetros que digo. Cuando avanzabas y los gastos aumentaban caímos en un neoliberalismo absoluto. El que tiene plata compra y el que no tiene no. Pero no quiere decir que todo sea malo y haya cosas que no hayan funcionado. Todos tienen aciertos y errores, lo que pasa es que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio lo que se hace más reprochable es la dicotomía entre el discurso y los hechos en cuanto a prestaciones de alto costo. Desde el punto de vista jurídico para nosotros cambian los gobiernos y los juicios son absolutamente iguales, no hay ningún cambio.