Nicolás Cendoya, exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación del Frente Amplio, envió una carta al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Gonzalo Lorenzo, en la que solicita, “con profundo dolor”, que “no se efectúe” su “recontratación en el cargo de profesor adjunto de Derecho Administrativo en esa casa de estudios”, para evitar “exponer a la Facultad a la presión mediática y la distorsión de los hechos de parte de quienes forman parte” de una campaña de “desprestigio” en su contra.

En marzo de 2022, el juez Fernando Islas resolvió la formalización de la investigación contra Cendoya por tres delitos de abuso innominado de funciones, los que surgen de los siguientes hechos: en primer lugar, un exfuncionario con vínculos con Cendoya trituró papeles en la Ursec; en segundo término, la habilitación considerada irregular de una radio de Soriano; y, por último, otra autorización sobre la potencia de transmisión de una emisora de Salto, procedimiento también cuestionado por las actuales autoridades de la Ursec. Además, en octubre de 2022, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inhabilitó a Cendoya para ejercer la profesión de abogado.

Tras la imputación y la inhabilitación de la SCJ, la agrupación estudiantil Bloque Reformista Universitario en Marcha (BRUM) pidió el año pasado que se lo separara del cargo en Udelar, bajo el argumento de que no “puede dar clases de una materia por la que está siendo imputado”. “La notoriedad pública que dicha causa ha tomado nos lleva a cuestionarnos cómo sería el desarrollo del curso que a su cargo tiene Cendoya para este segundo semestre, donde estudiantes ven en distintos medios de comunicación que su docente está siendo formalizado”, expresó BRUM en el comunicado presentado ante las autoridades de la Udelar.

A pesar de que la investigación de la Fiscalía sobre Cendoya aún no ha terminado, por lo que no hay acusación en su contra, el exjerarca solicitó al decano que no lo recontratara. “Durante los últimos tres años he sido objeto de una operación política y una campaña de desprestigio a todo nivel, incluso redes sociales y medios de comunicación, con el único fin de desprestigiarme y despojarme de toda actividad de carácter público, sin permitirme siquiera ejercer mínimamente el derecho de defensa”, dice Cendoya en la carta que entregó al decano de Derecho este lunes y a la que tuvo acceso Montevideo Portal.

“En primer término, se me intentó acusar de destrucción de documentos, imputándoseme la autoría de una rotura de papeles cuando ni siquiera había tenido contacto alguno con la persona que lo realizó en forma previa a la misma. Es más, me enteré de ese hecho posteriormente a que sucediera. Se probó que toda la documentación de la Ursec se tramitaba de manera electrónica y que ningún documento falta de la época de la tramitación en papel. De todas maneras, nunca fui formalizado por ese hecho, sino que la formalización en ese punto refiere a que me reuní con el secretario general en forma previa al directorio en que se iba a tratar el tema. Aunque parezca insólito, esa es la imputación, que cae por su propio peso”, expresa el imputado.

Luego, aborda las cuestionadas habilitaciones a las radios. “Ante el fracaso de ese primer intento culpabilizador, se me intentó responsabilizar por ‘habilitar una radio comunitaria de Palmitas [Soriano] en tiempo de veda electoral’. Se demostró que la decisión adoptada por la Comisión Directiva de Ursec fue totalmente ajustada a derecho y, si se quisiera discutir esa regularidad, están explícitas las razones por las que se adoptó, lo que exilia toda posibilidad de arbitrariedad”, expresa Cendoya en la misiva, y agrega: “Ante las notorias debilidades de ese segundo intento culpabilizador, se me intentó responsabilizar por tolerar el funcionamiento de una radio comunitaria de la ciudad de Salto con una potencia superior a la autorizada por el Poder Ejecutivo, sin prueba válida de mi participación en la decisión. Se demostró la existencia del problema de interferencias fronterizas y la inocuidad de que se autorizara el trámite de aumento de potencia a ser solicitado por el grupo de personas autorizado a operar la radio por el Poder Ejecutivo, con lo que la acusación perdió toda sustantividad”.

El exjerarca apunta en su carta contra el fiscal que lo investiga, Diego Pérez, quien el 24 de febrero de este año solicitó en audiencia una prórroga para continuar la investigación, la extensión de las medidas cautelares (fijación de domicilio y prohibición de salir del país) y anunció que también lo estaba investigando por otros hechos. El juez le otorgó dos meses de prórroga para reunir prueba, pero aceptó parcialmente la extensión de las medidas cautelares, ya que cayó la prohibición de salir del país.

“El fiscal de la causa demoró un año en investigar lo que solo requería unas pocas semanas de investigación, y casi tres años después sigue sin contar con los elementos para acusar y, de ese modo, iniciar el juicio en el que, finalmente, podré defenderme”, se queja Cendoya, y agrega: “Se le ha otorgado una última prórroga por 60 días para hacerlo en la que, según algunos medios de comunicación, podría llegar a mutar todas las infundadas acusaciones hacia una culpabilización, porque el trámite de aumento de potencia de la Uni Radio de nuestra Universidad fue demasiado rápido, obviando que dicha autorización fue realizada por el Poder Ejecutivo”.

La inhabilitación y las clases

Cendoya recuerda en la misiva dirigida al decano y a los consejeros y consejeras de la Facultad de Derecho de la Udelar la inhabilitación para ejercer la abogacía impuesta en octubre por la SCJ. “En el camino, se me ha despojado de la posibilidad de ejercer mi profesión liberalmente en un procedimiento administrativo llevado adelante por la SCJ, en que la instructora del mismo se negó a entrar al fondo del asunto por considerar que será objeto del proceso penal, en el que, reitero, todavía no he tenido oportunidad procesal de controvertir la acusación del fiscal porque este sigue demorando ilegítimamente la formulación de la misma. Cabe aclarar que el Tribunal de Apelaciones había revocado la decisión de primera instancia de oficiar a la SCJ”, plantea el exjerarca.

Además, recuerda que se ha dispuesto “un sumario administrativo en el Hospital de Clínicas” en su contra, al que considera “sin fundamento válido alguno”, puesto que “la invalidez de las acusaciones iniciales del fiscal se extiende a esta decisión adoptada por las mismas razones”. En la carta anuncia que recurrió administrativamente la decisión de iniciarle un sumario, e informa que no ha tenido más respuesta a su recurso que “el silencio”.

“Soy plenamente consciente que el Consejo de Facultad ha sido el único órgano que ha actuado de acuerdo a derecho, rechazando la iniciativa de decretarme un sumario administrativo con suspensión, lo que me ha permitido trabajar haciendo lo que más me gusta, que es dar clases, hasta el pasado mes de febrero. Ha hecho valer la presunción de inocencia y la necesidad de las garantías mínimas del Estado de derecho, cosa que mucho agradezco, especialmente en un contexto en que mis derechos han sido vulnerados una y otra vez”, escribió Cendoya.

Por otra parte, el exdirector de la Ursec agradece “profundamente” a sus compañeras y compañeros del Instituto de Derecho Administrativo y a su Dirección “por formular la propuesta” de su contratación para el año lectivo 2023, “basada en inobjetables motivaciones de carácter técnico”.

Entonces, sobre el final de la misiva, explica los motivos por lo que solicita que no se lo recontrate: “En este contexto, exponer a la Facultad a la presión mediática y la distorsión de los hechos de parte de quienes forman parte de la campaña preseñalada, con relación a la decisión de mi contratación, solo contribuye a ensanchar la brecha entre quienes se comprometen con una visión material del Estado de derecho y quienes, lamentablemente, se dejan llevar por la presión y la distorsión mediática de la realidad, entre otras cosas, por no contar con una versión de primera mano y con los documentos sobre la mesa de los hechos en cuestión”.

“Es por eso que, por esta vía, y también haciendo extensivo el agradecimiento y la disculpa a las y los 141 estudiantes que se inscribieron a mi curso del primer semestre, consciente de que habré de volver cuando se produzca el concurso de oposición y méritos, ya terminado este vía crucis jurídico procesal que me ha tocado atravesar, vengo a solicitar que no se me contrate para el dictado de los cursos de Derecho Administrativo correspondientes al año 2023”, concluye Cendoya.