Castración para agresores sexuales de menores: Luisiana aprueba un proyecto de ley

Por The New York Times | David W. Chen

Cuando la representante Delisha Boyd, de Luisiana, leyó en las noticias a principios de mayo que un hombre acusado de violar a una niña de 12 años era un delincuente sexual registrado que anteriormente había agredido a una niña de 5 años, no pudo evitar pensar en su propia familia: su madre, durante gran parte de su vida, había acarreado un trauma tras ser violada por un conocido de la familia cuando tenía 15 años.

Entonces Boyd llamó a la senadora estatal Regina Barrow, de Baton Rouge, su amiga y compañera demócrata. Juntas, se comprometieron a impulsar lo que parecía un proyecto de ley con pocas probabilidades de éxito que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica de los agresores sexuales de niños.

“Pensé: ‘Tenemos que impulsarlo, tenemos que hacer algo por estos niños’”, comentó Boyd, quien representa a Nueva Orleans.

En menos de dos semanas, Boyd y Barrow lograron convencer a sus respectivas cámaras (ambas dominadas por los republicanos) para que aprobaran el proyecto de ley el lunes, poniendo al estado en vías de convertirse en el primero en codificar este procedimiento.

Aunque Luisiana y otros estados como California, Texas y Florida permiten desde hace mucho que los tribunales ordenen la castración química, la castración quirúrgica, que es mucho más intrusiva, pone a Luisiana a la vanguardia de un debate en torno a una forma de castigo que suele asociarse más con países que tienen sanciones penales mucho más duras, como Pakistán y Nigeria.

El proyecto de ley permitiría a los jueces ordenar que quienes hayan cumplido condena por delitos sexuales contra menores de 13 años sean sometidos a una castración quirúrgica la semana siguiente a su salida de prisión. Si el preso se niega, se le podría imponer una pena adicional de entre tres y cinco años más en prisión.

El proyecto de ley permite ordenar el procedimiento tanto para hombres como para mujeres, mediante la extirpación de testículos u ovarios, basándose en la recomendación de un experto médico designado por el tribunal.

Ahora falta la firma del gobernador Jeff Landry, un republicano que asumió el cargo en enero prometiendo mano dura contra la delincuencia. De adoptarse, se aplicaría a los condenados por delitos cometidos después del 1 de agosto.

“Estamos hablando de bebés que están siendo violados por alguien”, dijo Barrow a los legisladores en abril durante una reunión del comité. “Es imperdonable”.

El proyecto de ley fue en cierto modo inesperado, pues la castración quirúrgica no había encabezado la lista de prioridades legislativas de nadie en todo Estados Unidos.

De hecho, la castración química tampoco ha sido un tema importante en los últimos años; el último estado en promulgar una ley de este tipo fue Alabama, en 2019, y Luisiana solo ha tenido un caso en la última década, de acuerdo con Boyd.

Las investigaciones que se han llevado a cabo para determinar la eficacia de tales leyes han sido escasas.

En un artículo publicado en 2005 en el Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, investigadores que analizaron la literatura médica descubrieron que la castración química “reducía los niveles de testosterona y afectaba la desviación sexual”. No obstante, también advirtieron que, debido a su metodología, los resultados eran de “fiabilidad cuestionable”.

Sin embargo, la ley de Luisiana pertenece a otra categoría completamente distinta, y no hay pruebas que indiquen que la medida ayudaría a reducir los delitos sexuales contra menores, señaló Emily Horowitz, profesora de sociología en el St. Francis College de Brooklyn y autora de From Rage to Reason: Why We Need Sex Crime Laws Based on Facts, Not Fear.

“Esta nueva ley no es más que venganza; carece de evidencias de eficacia y está dirigida a una población despreciada y desamparada que ya está sujeta a decenas de consecuencias colaterales severas posteriores a la condena”, señaló. “Prácticamente, no hay pruebas de que incrementar los castigos tenga algún impacto en la reincidencia sexual”.

Grupos nacionales que se dedican a los derechos de los presos y los delitos sexuales cuestionaron si los médicos violarían su juramento hipocrático, basado en el principio de “no hacer daño”, si tuvieran que realizar esos procedimientos ordenados por un tribunal.

“La idea de que mutilemos los cuerpos de las personas en nombre de los sobrevivientes es realmente una afrenta para quienes han sobrevivido a la violencia sexual”, dijo Amber Vlangas, directora ejecutiva de la organización Restorative Action Alliance.

Algunos grupos pronosticaron que habrá demandas alegando que la legislación es inconstitucional, basadas en el derecho a la intimidad de la 14ª Enmienda, así como en la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda.

“Les aseguro que estaremos preparados”, advirtió Sandy Rozek, vocera de la Asociación Nacional para Leyes Racionales sobre Delitos Sexuales. “Solo necesitaríamos que un abogado en Luisiana se asociara con nosotros”.

Algunos legisladores, por su parte, expresaron su preocupación por el historial de condenas injustas de Luisiana y la posibilidad de sesgo racial.

“¿A quién afecta más esto?”, preguntó el representante Edmond Jordan, demócrata de Baton Rouge, un hombre negro, durante una audiencia legislativa. “Sé que es neutral con respecto a la raza. Sé que decimos que puede aplicarse a cualquiera, pero todos sabemos a quién afecta”.

Boyd también propuso un proyecto de ley este año que requeriría un procedimiento de vasectomía para los agresores sexuales de niños. Esa medida fue aprobada por la Cámara, pero no salió de un comité del Senado.

La representante aseguró que el proyecto de ley de castración quirúrgica empoderaría a las mujeres víctimas de abusos sexuales, subrayando que esperaba que se convirtiera en un elemento disuasorio. En todos los casos, agregó, los presos podrían elegir la alternativa de permanecer más tiempo en prisión.

“Nadie va a atarte a una camilla y obligarte a hacerlo”, concluyó.

David W. Chen cubre las legislaturas estatales, la elaboración de políticas a nivel estatal y las fuerzas políticas que las sustentan. Más de David W. Chen