Caso de Los Vagones: la Justicia decidió mantener la prisión domiciliaria a dos expolicías

La Justicia decidió mantener, a pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la prisión domiciliaria de Winston Vitale y Alejandro Ferreira, dos expolicías imputados por detenciones ilegales y torturas durante la dictadura en un lugar conocido como "Los Vagones".

El tercer imputado por esta causa, Hugo Guillén, se suicidó este sábado, según informó la diaria. Los tres fueron formalizados en diciembre de 2019 y fueron enviados a la cárcel como medida cautelar, pero en marzo el juez de Canelones Luis Alberto Sobot les concedió la prisión domiciliaria.

Ricardo Perciballe, fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, dijo este lunes a Montevideo Portal que la Justicia decidió en una audiencia celebrada hoy que Vitale y Ferreira, cuyas medidas cautelares finalizaban, continuaran con la prisión domiciliaria.

El caso ya tuvo varios atrasos. En su momento, la defensa de los imputados presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia. Luego, en una audiencia celebrada en setiembre, la defensa de los imputados presentó otro recurso, en este caso de recusación contra el fiscal Perciballe, lo que volvió a demorar el trámite.

En este marco es que se amplió la medida cautelar, pero aún no está fijada una audiencia de control de acusación, que es previa a la del juicio, por lo que la resolución final se dilatará.

En esta causa se investiga la detención clandestina y torturas a varios militantes del Partido Comunista y de la Unión de Juventudes Comunistas durante la dictadura cívico militar (1973-1985) en el centro de detención Los Vagones.

La investigación se inició a finales del año 2016, cuando la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino, supo que durante los años de acción ilegitima del Estado (1968-1973) y durante el golpe de Estado existió en la ciudad de Canelones un centro clandestino de secuestro y tortura, que se conoció en la ciudad como Los Vagones.

La asociación Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria (AGORA) le llevó a Rubino una serie de testimonios de personas que habían sido víctimas de "tratos crueles, inhumanos y degradantes" en ese lugar. Rubino accedió a ese material y decidió denunciarlo ante la Fiscalía.

Perciballe comenzó citando a algunas de las víctimas, por lo menos doce personas, quienes coincidieron en que fueron detenidas ilegítimamente entre los años 1975 y 1976 y recluidas en Los Vagones, que estaba ubicado -en primera instancia- en el Parque Artigas.