Este martes sobre las 14:30 horas se celebrará la audiencia en la que la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione pedirá la imputación para el senador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín.
Ghione llegará a la instancia judicial con el convencimiento de pedir prisión preventiva para el legislador y el docente. Durante estos meses, el equipo fiscal ha podido recabar una serie de elementos que demuestran que las víctimas son perseguidas y, en algunos casos, amenazadas.
Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de la causa, por lo menos cuatro víctimas denunciaron ante Ghione la presencia de autos sospechosos frente a sus casas. Esto provocó que los denunciantes, por recomendación de las propias autoridades, salieran lo menos posible de sus viviendas hasta saber qué decidirá la jueza Marcela Vargas respecto a las medidas cautelares.
Incluso, uno de estos vehículos “raros” —como describieron los propios denunciantes— se detuvo un par de veces frente a la casa de Ghione, por lo que la fiscal también decidió radicar la denuncia.
Por otro lado, Ghione también posee en la carpeta investigativa una serie de escuchas telefónicas que hablan de algunas de las víctimas, sobre todo de las dos con perfil más público: la militante y primera denunciante, Romina Celeste, y el joven Jonathan Mastropierro.
En uno de los audios, informado por el periodista Eduardo Preve, una persona cercana a Penadés se refiere a la investigación. “Lo que pasa es que la jueza y la fiscal son unas hijas de puta. Porque son de esos de género y toda esa mierda”, indica.
La otra persona que está al teléfono responde: “Bueno, pero no lo van a culpar de algo que no hizo”. El militante cercano a Penadés replica: “Bueno, pero lo que pasa es que hay unos cuantos de estos que declaran, por eso Gustavo pide que levanten el anonimato. Él no sabe [quiénes son] para defenderse”.
Además de este tipo de audios, el informante aseguró que Ghione posee elementos que dejan en evidencia la persecución tanto a las víctimas como a la Fiscalía. Durante todo el proceso, la fiscal se ha abocado a garantizar la seguridad y preservar la integridad de los denunciantes.