La investigación por la destrucción de un documento que presuntamente formaba parte del expediente del caso Marset sumó un nuevo capítulo en los últimos días: el fiscal Alejandro Machado envió un oficio a Cancillería solicitando ampliar la información para determinar qué fue lo que sucedió.

El magistrado, que lidera la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, pidió que desde el ministerio vuelvan a mandar los expedientes que ya se habían solicitado y que, según entiende, fueron entregados incompletos, según informó Búsqueda.

Tras el archivo de la causa que indagó sobre presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte al narcotraficante en Emiratos Árabes Unidos, el fiscal decidió seguir adelante con la investigación para determinar responsabilidades en la destrucción de documento que realizó Roberto Lafluf, asesor del expresidente Luis Lacalle Pou.

Una de las hojas solicitados por Machado, tal como consignó el citado medio, es un “comprobante de envío” fechado el 24 de noviembre de 2022 que no estaba en la información que se le fue otorgada en primera instancia. 

Dicho documento acredita que una funcionaria de la subsecretaría del ministerio entregó un sobre con los chats entre la exvicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario del Interior Guillermo Maciel. Esa hoja, a su vez, posee la firma de, presuntamente, un trabajador de la oficina del exministro Francisco Bustillo.

Además, Machado solicitó que se le envíe un escrito, que también entregó Ache, que dice lo siguiente, con fecha del 28 de noviembre de 2022: “Recibí de la señora subsecretaria Carolina Ache, por segunda vez, testimonio notarial del primer testimonio de protocolización del acta de testimonio de comunicaciones cursadas por WhatsApp con el señor subsecretario del Ministerio del Interior”.

Según se informó en marzo de 2024, el funcionario que recibió ese documento por segunda vez y que le llevó los chats a Lafluf fue Carlos Mata, quien era director de Asuntos Jurídicos de Cancillería y hombre de confianza de Bustillo.

La posible destrucción de documentos fue señalada por Carolina Ache, quien, en su momento y en acatamiento de una orden judicial, había confeccionado un informe sobre el caso.

Según Ache, Lafluf le habría pedido que rearmara el documento, excluyendo las presuntas conversaciones comprometedoras. Ante la negativa de la funcionaria, el entonces asesor presidencial le pidió que le remitiera una nueva copia, ya que habría destruido la primera.

El 4 de noviembre de 2023, el expresidente Lacalle Pou dijo en conferencia de prensa que el documento que Lafluf destruyó “no era parte de un expediente”, sino que era una “hoja protocolizada por un escribano”. “Hoy, porque supuse que esta pregunta era una de las que me podían hacer, verificamos en el GEX y no era parte del expediente”, afirmó.

Una vez recabada la información solicitada, la fiscalía iniciará una etapa de interrogatorios para profundizar en la investigación.