La fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno investiga la posibilidad de que durante la pasada administración se cometieran delitos en el manejo de la información sobre el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hoy requerido en tres países y en paradero desconocido.
Según informara el noticiero Telenoche, desde la mencionada fiscalía se envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE). En dicho documento se solicita información acerca de un “presunto ocultamiento de chats y destrucción de documentos relacionados” con la causa.
Durante el pasado gobierno, el MRREE estuvo en el ojo del huracán luego de que se conociera el otorgamiento de un pasaporte a Marset, documento que se tramitó con una celeridad inusitada y que el narcotraficante recibió cuando estaba preso en Abu Dabi y en riesgo de ser extraditado a Paraguay.
El sonado caso del narco Sebastián Marset y el pasaporte uruguayo que se le otorgó cuando estaba preso en Emiratos Árabes Unidos comenzó a fines de 2021. Sin embargo, fue en 2023 cuando se produjeron repercusiones que impactaron con fuerza en la Torre Ejecutiva y en la opinión pública.
La polémica comenzó el 1º de noviembre de ese año, cuando se conocieron mensajes que Carolina Ache, quien hasta diciembre de 2022 fuera viceministra de Relaciones Exteriores, había intercambiado con su superior, el entonces canciller Francisco Bustillo, y con el viceministro del Interior Guillermo Maciel.
La divulgación de los audios generó una crisis que se saldó con una serie de renuncias: dejaron sus cargos los ya mencionados Bustillo y Maciel, el asesor presidencial Roberto Lafluf y también el ministro del Interior Luis Alberto Heber.
Ahora, el fiscal Alejandro Machado busca determinar si el gobierno de Luis Lacalle Pou tuvo intención de ocultar el contenido de las conversaciones entre Ache y Maciel. Además, la investigación apunta a esclarecer si hubo destrucción de documentos y si estos hechos configuran un delito.
La posible destrucción de documentos fue señalada por Carolina Ache, quien, en su momento y en acatamiento de una orden judicial, había confeccionado un informe sobre el caso.
Según Ache, Lafluf le habría pedido que rearmara el documento, excluyendo los presuntos chats comprometedores. Ante la negativa de la funcionaria, el entonces asesor presidencial le pidió que le remitiera una nueva copia, ya que habría destruido la primera.
Una vez recabada la información solicitada, la fiscalía iniciará una etapa de interrogatorios para profundizar en la investigación.
En setiembre pasado, el mismo fiscal archivó la investigación penal sobre la entrega del pasaporte a Marset. Sin embargo, la línea de indagación sobre el posible ocultamiento de información continúa abierta y las nuevas autoridades de Cancillería parecen dispuestas a avanzar en ese terreno.