El caso del narco uruguayo Sebastián Marset, que logró salir de prisión luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidiera un pasaporte a su nombre, trajo una polémica más en los últimos días acerca del marco legal que permitió al delincuente hacerse del documento.

El decreto 129/014, aprobado en mayo de 2014, establece que para tramitar el documento desde el exterior es necesario disponer de “información de antecedentes judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años o en su defecto consultar a la filial de Interpol respectiva”.

Es decir, si el individuo no posee una causa abierta en Uruguay, puede realizar el trámite. Por eso, desde el oficialismo argumentan que actuaron ajustados a derecho, dado que la normativa ampara que se le haya otorgado el pasaporte a Marset.

Esta legislación surge de una modificación al decreto 167/993 de 1993, que indicaba que para solicitar el documento desde otro país se debía pedir “información de conducta a los mayores de 14 años”. Esta solicitud estaba a cargo de los cónsules.

Desde el Ministerio del Interior actual aseguraron que esto “abarcaba un gran abanico y no se resumía solo a las causas que la persona en cuestión podía tener en nuestro país”. “Habría que preguntarle al Frente por qué cambió el decreto”, sugirió la fuente.

El exdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil Ruben Amato, quien encabezó en 2014 las transformaciones, dijo a Montevideo Portal que “es un disparate que se diga que Marset obtuvo el pasaporte por los cambios”.

Esa administración decidió modificar la legislación por dos razones: entendían que no correspondía que los cónsules “se hicieran cargo de prácticamente todo el proceso”, y porque el gobierno de Estados Unidos pidió a Uruguay un “aggiornamento” de los pasaportes.

“El decreto del 93 dejaba la expedición del pasaporte en manos de los agentes consulares. Te decía que si se presentaba ante el cónsul, este podía pedir los antecedentes a las autoridades. Podía, no debía”, aclaró Amato.

Además, según el exjerarca, los documentos anteriores a 2014 se realizaban a mano y no existía un control desde Identificación Civil para saber cuántos y a quiénes se les había otorgado el pasaporte.

Ante la pregunta de cómo operó la actual legislación ante el caso Marset, Amato criticó que “faltó inteligencia policial”.

Agregó que si bien el delincuente no estaba inhibido de obtener el pasaporte, el Ministerio del Interior debería haber “averiguado más”. “Se cae de maduro que algo pasó, porque si estaba colaborando con la DEA y Policía Científica no se enteró, es porque falta coordinación”, apuntó Amato.

En tanto, el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal dijo a Montevideo Portal que “es mentira que el gobierno del Frente Amplio haya flexibilizado el decreto”. Según Leal, el decreto del 93 era mucho más “permisivo”.

En la misma línea que Amato, se limitó a decir que es “inadmisible” que el oficialismo acuse que la situación de Marset se dio por la legislación de 2014.