Este mes, y tras largas dilaciones, se llevaron a cabo las audiencias del juicio por la muerte del joven Facundo Cuadrado, ocurrida en marzo de 2021 en el departamento de Tacuarembó.

Tal como informáramos, la tragedia se desencadenó en la madrugada del 20 de febrero, cuando un grupo de compañeros de liceo acampaba en una chacra propiedad de la familia del joven que ahora está imputado. Los jóvenes celebraban el cierre de su etapa liceal y el inminente inicio de estudios universitarios que cursarían en Montevideo.

Durante la celebración corrió la cerveza, y en uno de los viajes al inmueble cercano para traer más bebida, Santiago, el hijo del propietario del lugar, regresó con una chumbera accionada a nitrógeno. Desde unos arbustos disparó sobre sus amigos y uno de los balines alcanzó en el corazón a Facundo Cuadrado, de 18 años.

El herido fue internado en estado grave. Se le diagnosticó muerte cerebral y finalmente dejó de existir el 26 de marzo, poco después de un mes del incidente.

A la salida de una de las audiencias judiciales se produjo un roce entre Milton Cuadrado, padre de Facundo, y Joaquín Gamba, abogado de la familia de Santiago.

El legista acusó a Cuadrado de decirle cinco veces “cuidá a tu hija”. Por su parte, el progenitor de Facundo aseguró que hubo insultos recíprocos en esa instancia, pero que no profirió ninguna amenaza. Por esa razón, dijo también presentó una denuncia contra el abogado.

En su reclamo, Milton Cuadrado aseguró que durante los dos años que lleva la investigación del caso, su familia sufrió “burlas y provocaciones dentro de la sede judicial por parte de la familia del imputado y su abogado defensor, el doctor Joaquín Gamba”.

Lo que motivó el reclamo formal ante las autoridades fue que Gamba le dijo a Cuadrado: “Te voy a reventar la cabeza. Yo no te tengo miedo, te voy a reventar la cabeza”. En el mismo documento, Cuadrado agregó: “Hace una semana atrás, el doctor Gamba publica en redes sociales que nuestra familia no aceptaría una sentencia menor a la solicitada por la Fiscalía; de ser así, la familia haría justicia por mano propia, por lo que hace presumir que estaba preparando la cancha para esta última instancia”.

Sobre el final de la denuncia, Cuadrado pidió que Gamba sea “recusado de la causa”. “El mismo, en su calidad de defensor público, puede ser sustituido por un similar”, concluye el texto, al que tuvo acceso Montevideo Portal.

En contrapartida, la denuncia de Gamba contra Cuadrado expresa que este último habría amenazado a la hija del abogado, una niña de 10 años, usando las expresiones mencionadas líneas arriba. Según supo Montevideo Portal con base en fuentes judiciales, las autoridades determinaron la prohibición de acercamiento para garantizar la protección de la menor.

Este lunes, la Asociación de Defensores de Oficio (Adepu) terció en la disputa y emitió un comunicado. Dicha misiva no se limita al caso puntual antes referido, ya que también se refiere en términos generales a situaciones que —aseguran— son repetidas.

“Nuevamente los defensores y las defensoras públicas nos vemos expuestos en nuestra integridad a consecuencia del ejercicio de nuestra función”, reza la misiva.

“En esta oportunidad debemos lamentar un grave hecho de violencia sufrido por nuestro compañero Dr. Joaquín Gamba, quien se desempeña como defensor penal en el departamento de Tacuarembó”, detalla luego.

“Como señalamos en reiteradas ocasiones, hemos detectado un incremento de casos en los que compañeros y compañeras sufren actos de violencia en el ejercicio de su función, por lo que incorporamos esta problemática en nuestra plataforma reivindicativa, habiendo tenido diversas reuniones con autoridades”, añade el texto.

“Se debe considerar que atendemos en forma diaria a decenas de personas en las situaciones más diversas que se pueden dar (especialmente de consumo y salud mental) con quienes debemos tener contacto personal y privado. Por otra parte, en muchos casos somos llamados a actuar en casos de gran conmoción social, donde muchas veces se desconoce nuestro rol agraviando al defensor/a quien se encuentra realizando su trabajo, que es nada más ni nada menos que garantizar el Estado de Derecho a las personas imputadas en el proceso penal”, prosigue el envío.

“El respeto entre los operadores de la justicia, así como de las personas involucradas en los procesos, medios de comunicación y población general es fundamental para contribuir en la erradicación de estos actos de violencia”, destacan los abogados.

Por ello, debido a “esta grave denuncia y la situación vivida por el compañero”, la Adepu formuló dos planteos:

“Rechazamos los actos de violencia sufridos, apoyando y solidarizándonos a nuestro compañero y su familia ante la violencia sufrida” es el primer punto.

“Continuaremos realizando seguimiento de la situación [en] la cual ya existe intervención judicial. En el marco del conflicto que nos encontramos, seguiremos exigiendo las medidas que garanticen mayor seguridad, así como protocolos de actuación ante estas situaciones”, indica el segundo y último.

Previamente, el Colegio de Abogados de Tacuarembó había emitido un comunicado en el que manifestaba su preocupación por la denuncia formulada contra Gamba. “Algunos procesos judiciales implican mucho dolor, pero es imprescindible que los operadores judiciales todos puedan desarrollar su labor en un ámbito laboral de seguridad y respeto”, expresaban los abogados tacuaremboenses.