Caso Chaves Sosa: asesino declaró ante el Tribunal de FAU y surgieron datos para Fiscalía

Presidencia homologó un fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que tomó declaraciones al coronel retirado de la Fuerza Aérea Enrique Ribero, encarcelado por el asesinato Ubagesner Chaves Sosa, un militante del Partido Comunista y del Frente Amplio cuyos restos fueron hallados en el año 2005 tras ser secuestrado en 1976.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó el pasado lunes la homologación del acta del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea, que se emitió el 16 de diciembre de 2019. En dicha acta, el tribunal resolvió por unanimidad encuadrar la causa del asesinato de Chaves Sosa a manos de Ribero como un hecho que afecta el honor de las fuerzas armadas.

En concreto, se encuadró el caso dentro del Límite D2, "Descalificación por falta gravísima, haciendo constar que fue un hecho aislado y afecta el honor de las Fuerzas Armadas".

Con esta homologación, se determinó que Ribero pase a situación de reforma y se dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional remita inmediatamente el testimonio íntegro de Ribero a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, "a los efectos que esta estime pertinente en el marco de sus competencias".

En resumen, tras las declaraciones de Ribero al tribunal militar, los integrantes del tribunal entendieron que la actuación del coronel, a pesar de considerarse "un hecho aislado", "afecta el honor de las fuerzas armadas". Así las cosas, se envían los datos a Fiscalía y se pasa a reforma al militar, lo que implica varios cambios en su situación.

Entre otras cosas, implica que cobre menos pensión, aunque el dinero restado se entrega a la familia. También se pierde el derecho a usar el uniforme y ya no es reconocido como oficial.

Ribero fue condenado por la Justicia en 2013 a 19 años de penitenciaría por un delito de homicidio muy especialmente agravado, al ser caratulado como "homicidio político". Dicha sentencia fue ratificada en 2014 por el Tribunal de Apelaciones y en 2015 por la Suprema Corte de Justicia.

Tras declarar el año pasado en el Tribunal Superior de Honor, del fallo "emerge con claridad la responsabilidad personal del oficial enjuiciado respecto a los hechos", lo que también fuera acreditado por la Justicia, razón por la que fue condenado "por la comisión de un gravísimo crimen, aspecto que sin duda compromete muy seriamente a aquel en el campo del honor militar".

Sin embargo, el tribunal (y posteriormente el presidente) entendieron que es necesario elevar las declaraciones a la Fiscalía porque, a partir de que Ribero proclama su inocencia en el caso, da cuenta de "la eventual participación en los hechos de otros funcionarios militares que son individualizados en sus descargos".

En una nota de noviembre de 2019, el diario El Observador informó que hasta ese momento la Fuerza Aérea brindaba a Rivero un servicio de transporte para que pudiera ir a su casa los días que tenía salidas transitorias de la cárcel de Domingo Arena, que eran ocho por mes.

El quite del transporte se hizo dos días después de que se informara que Ribero había presentado en Fiscalía y ante el Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea documentos en los que implicaba en la muerte y desaparición de Chaves Sosa a varios oficiales retirados. 

Al momento de ser secuestrado y asesinado, Chaves Sosa tenía 38 años y una hija. Estaba casado y vivía en Montevideo, aunque era oriundo de Rivera. Era obrero de la industria metalúrgica e integraba la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y la Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.).

Chaves Sosa estuvo recluido en la base área Boiso Lanza, donde sufrió diversas torturas. Su cuerpo, hallado enterrado en una chacra de Pando propiedad de la Fuerza Aérea, tenía abundante cal por debajo y por encima.

Por el mismo caso fue condenado a 16 años de penitenciaría (también ratificada en diversas instancias) el coronel José Araújo Umpiérrez, un exaviador. Su condena, al igual que la de Ribero, se dio en 2013.