Casmu: interventores denuncian “gastos superfluos” y contratación a empresas de jerarcas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este miércoles en el Parlamento un resumen del informe de los interventores de la mutualista Casmu que comenzó a fines de julio.

En el documento, al que accedió Montevideo Portal, se evaluó la “gestión administrativa, económica, financiera y asistencial” llevada adelante por las autoridades del Casmu, que no fueron desplazadas al realizarse la intervención.

 El informe concluyó que “desde el punto de vista del análisis de los procedimientos contratados, “se detectaron desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, al Reglamento de Compras así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos”, que implicaron perjuicios para la institución.

 “Se han detectado importantes irregularidades en las contrataciones de servicios en diversas áreas (Recursos Humanos, Obras, Limpieza, Vehículos), donde un elevado número de los contratos firmados por montos elevados y por plazos de varios años, no han sido aprobados por el Consejo Directivo, ni siquiera informados al mismo, ni en los que se ha respetado lo establecido en los Estatutos de la institución”, indica el informe.

En esta línea, se remarca que al gerente de Logística, Proyectos e Inversiones de la organización “se le atribuyeron poderes con amplias potestades para representar a la institución, potestades no delegables según los estatutos”. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que se creó “una gerencia” con poderes “amplios” que incumple con la normativa institucional.

Asimismo, los interventores solicitaron consulta al Registro de Comercio, con respecto a las empresas con las que la mutualista contrata y terceriza servicios.

En este orden, se señaló que surgió información “respecto a representantes, directivos y domicilios, constatándose además que algunos eran a su vez jerarcas y funcionarios de la institución al mismo tiempo”.

“Existe una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno y de oposición de intereses en relación a adquisiciones y pagos, que no son excepciones, sino la regla. Previo a las adquisiciones o firma de contratos no se realizan análisis económicos para determinar la conveniencia de precios y condiciones ofrecidos. Respecto a las adquisiciones, como se mencionó, en varios casos son funcionarios de la institución los encargados de adquirir a empresas de las que ellos mismos son representantes o directivos”, señala el informe.

Además, se agrega que los pagos se realizaron de acuerdo a lo facturado por el proveedor sin control de los contratos.

“Existe un número elevado de personas autorizadas a conformar facturas pero que desconocen los contratos respaldantes del gasto que se factura y que deben aprobar. Se observa reiteradamente que la misma persona que indica la necesidad, controla luego las facturas y autoriza los pagos. Se realizan pagos de contratos vencidos, por objetos no incluidos en el alcance de los mismos o por precios diferentes (más elevados) a los pactados contractualmente”, se añade.

Con respecto a la contratación de servicios de terceros, el documento detalla que se tercerizan transporte, vigilancia, limpieza, recolección de residuos, farmacia, centro de imagenología, gestión del Sanatorio Nº 3 (“Clínica Garibaldi”), enfermería a domicilio, suministro de personal, cadetería, marketing y call center, campaña de captación de nuevos afiliados y comunicación de diversos servicios.

“Se han podido constatar informalidades, desequilibrios contractuales en favor de empresas contratadas, falta de procedimientos que doten de transparencia a las diversas contrataciones, indefiniciones contractuales y obligaciones contraídas por Casmu en perjuicio de la empresa”, valoraron los interventores. En esta línea, detallan que la mutualista contrató servicios en tres contratos a una empresa en la que su presidente y vicepresidente eran personas con altos cargos en la institución.

“Estas personas son quienes, a su vez y por parte de Casmu, solicitaban el servicio y conformaban las facturas que serían pagadas a la empresa a la cual estaban vinculados y que es la que prestaba el servicio. Esto entraría en contradicción con el artículo 44 de la ley 18.211 el que dispone expresamente la incompatibilidad en el ejercicio de dirección y gerenciamiento de entidades del Sistema Nacional Integrado de Salud con la provisión de servicios. La ley dispone la nulidad de dichos contratos”, afirma el documento.

Según los interventores, al sugerirse la suspensión del pago a diferentes empresas, “hasta que se aporte la documentación de respaldo”, en algunos casos se respetó la solicitud, pero en otros no.

“En algunos de estos casos, se están recibiendo las notas de crédito correspondientes por importes millonarios en pesos. Sin embargo, en otros casos, Casmu ha procedido igualmente al pago teniendo un expreso informe en contra por parte de los interventores. En ese contexto se ha pago en más de una oportunidad a empresas que mantienen deudas importantes con Casmu a las que se pagó con cheques del día. Estos pagos se continúan realizando al día de hoy sin el aval de los interventores, mes tras mes. Esto es llamativo frente a los demás pagos que como se verá, están muy atrasados o se realizan en general con cheques a 180 días y por encima de ese plazo con conformes. Existe un elevado número de empresas tercerizadas contratadas para diferentes objetos, cuyos socios, representantes y domicilios, coinciden”, indicó el MSP.

Gerencias y gastos superfluos

El documento presentado por el Poder Ejecutivo también cuestiona los gastos relacionados a afiliaciones.

“A agosto de 2024 llevaba gastados más de US$ 2.600.000 según la contabilidad. No se ha dado respuesta a la información solicitada por los interventores, sobre la inconsistencia en el monto del gasto informado por la gerente comercial y el que surge de la contabilidad, ni del monto gastado actualizado a la fecha”, consigna el documento.

Además, se agrega que la Gerencia de Logística también realizó contrataciones por su lado a servicios de publicidad vinculados a Medis Group y Previsional”.

“En ninguna de las dos gerencias se ha contratado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de compras de la institución”, concluye el informe.

“A cuatro meses de asumir los interventores, se continúan registrando pagos o asumiéndose nuevas obligaciones por parte de Casmu que, o bien no fueron elevados a los interventores para su análisis, o bien fueron rechazados por estos, pero la institución los concretó y concreta igualmente. Se han constatado gastos superfluos en un momento de crisis financiera como la que atraviesa la institución”, se agrega.

Finalmente, las autoridades que intervinieron cuestionan la “forma de los recursos de la institución”, pero agregan que la institución seguirá intervenida sin desplazamiento de autoridades, dado que la normativa no faculta a llegar a ese extremo.

No obstante, apuntan: “Es una institución con dificultades en su gobernanza, en su gestión administrativa y financiera en todos los aspectos, que necesita avanzar en una reestructura profunda y real para mejorar su situación económico-financiera”.

Según supo Montevideo Portal, el MSP envió la información reunida por los interventores del Casmu a Fiscalía para que determine si hay delitos. Por su parte, el directorio del Casmu anunció que dará una conferencia de prensa a la hora 19:15 de este miércoles.