La fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, remitió en enero un escrito dirigido a la entonces ministra de Salud Pública, Karina Rando, por la situación de la mutualista Casmu. Allí dice que el Ministerio Público no “advierte en principio y sin perjuicio la existencia de presuntas conductas delictivas que fundamenten el registro de una denuncia penal para su eventual investigación”.

La existencia de dicho oficio, con fecha del 9 de enero de 2025, fue dado a conocer en las últimas horas por el diario El País y Montevideo Portal accedió a él.

Se trata de un documento en respuesta a un oficio remitido por la entonces titular de la cartera el 5 de setiembre de 2024, luego de confirmada la intervención por parte del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, comenzada en agosto de ese año.

A comienzos de diciembre de 2024 el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó en el Parlamento un resumen del informe de los interventores en el que se evaluó la “gestión administrativa, económica, financiera y asistencial” y que concluyó que “desde el punto de vista del análisis de los procedimientos contratados, se detectaron desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, al Reglamento de Compras así como otras observaciones a las adquisiciones y los pagos”, que implicaron perjuicios para la institución.

Este mismo informe fue presentado ante la Fiscalía, que lo analizó y concluyó que en él, en principio, no advierte conductas delictivas.