Casa de Galicia: la Asamblea General mantuvo el veto de Lacalle en reñida votación

La Asamblea General votó mantener el veto del Poder Ejecutivo, realizado por el presidente Luis Lacalle Pou, a los primeros tres artículos de la ley que buscó garantizar el cobro de indemnización por despido para los extrabajadores de Casa de Galicia, centro de salud que fue cerrado tras una resolución de la Justicia.

De los 29 senadores presentes en la votación, 17 votaron por la negativa y 12 por mantener el veto. En el caso de los diputados, de 97 representantes en sala, 56 votaron contra la medida del presidente y 41 por ajustarse a las observaciones hechas por Lacalle.

Para levantar el veto del presidente se necesitaban los votos de tres quintos de los legisladores presentes de cada Cámara, y en caso de que una de las dos no alcanzara los tres quintos, no se levantaba.

De haber estado todos los senadores presentes en el pleno, incluido el titular de la Cámara, cuyo asiento lo ocupó la senadora Graciela Bianchi, en ejercicio de la vicepresidencia, eran necesarios 19 votos para levantar el veto. En Diputados, de estar presentes los 99 representantes, se requerían 60 votos negativos.

Con los senadores presentes en sala al momento de la votación, se hubiesen necesitado 18 votos negativos, por lo que faltó uno. En Diputados, con 97 presentes, eran necesarios 59 votos contrarios al veto, por lo que faltaron 3.

En medio los reclamos de legisladores del Frente Amplio por la aplicación y de los gritos e insultos de los exfuncionarios de Casa de Galicia que estaban en las barras, Bianchi dio la orden de desalojarlas y de levantar la sesión de la Asamblea General.

El viernes 17 de noviembre, el presidente envió al Parlamento un documento en el que observó (vetó) los primeros tres artículos del proyecto de indemnización, sumando propuestas sustitutivas.

Las posiciones en torno a revocar la decisión de Lacalle Pou eran divididas en el oficialismo, en particular en el Partido Nacional, ya que algunos legisladores, como el senador Sergio Botana, votaron a favor de levantar la observación. Por su parte, el Frente Amplio y Cabildo Abierto apoyaron en bloque el levantamiento de las observaciones.

Hasta hace unos días, según supo Montevideo Portal, los votos necesarios para levantar el veto no estaban, pero la dinámica de la sesión de este miércoles puede hacer cambiar dicha situación. “Hoy es voto a voto”, resumió un senador.

Artículos vetados

En la resolución del veto se observaron los primeros tres artículos de la iniciativa parlamentaria “por razones de constitucionalidad y conveniencia”. A su vez, el veto presidencial plantea tres artículos sustitutivos a los observados.

En sus argumentos, el presidente plantea que la razones para vetar los primeros artículos responden a una violación de los artículos 8 y 86 de la Constitución de la República.

“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos o las virtudes”, establece el artículo 8 de la Carta Magna.

En esta línea, se plantea que dentro del marco de la Ley 19.690 (Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social), la iniciativa parlamentaria establece “un sistema de garantías de créditos laborales específicos para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”.

“Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los postconcursales), no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”, se señala en el documento.

Y agrega: “Resulta más cuestionable que se utilicen fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlo a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso de los trabajadores de la ex Casa de Galicia en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido (garantizar y abonar en forma breve y perentoria —180 días— los créditos de los extrabajadores de Casa de Galicia)”.

Con respecto al artículo 86 de la Constitución, el veto sostiene que este tipo de leyes que implican un gasto para el Tesoro Nacional deben ser por “iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”.

Texto sustitutivo

El veto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea, a su vez, una redacción sustitutiva para los tres artículos observados por Lacalle Pou.

En este sentido, se modifica el monto planteado para el Fondo Especial de Insolvencia de Casa de Galicia, limitándolo a 54.700.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 8 millones—, mientras que se garantizan los créditos laborales a percibir por cada trabajador en 30.000 UI ($ 175.000).

Los montos propuestos por el presidente en los artículos sustitutivos van en línea con el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

En cambio, el aprobado en el Parlamento establece que “los créditos laborales referidos en la presente ley se garantizarán hasta por un máximo equivalente a 105.000 Unidades Indexadas ($ 612.000) por trabajador”.

Según estimaciones, la erogación de Rentas Generales para dar cumplimiento a esta ley sería de unos US$ 40 millones, mientras que la iniciativa del Ejecutivo lo limita a US$ 8 millones. Una vez entrado al Parlamento el veto presidencial, ahora la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tiene 15 días para citar a la Asamblea General para tratar lo enviado por el Ejecutivo.