El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera realizó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, después de que la cartera resolviera no investigar la serie de incidentes que derivaron en la caída de dos ministros (Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber), un subsecretario (Guillermo Maciel) y un asesor presidencial (Roberto Laffluf).
Carrera señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que “hace unos días se supo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no va a investigar el incidente que derivó en la destitución de Bustillo”.
“Desde la cartera se excusaron afirmando que ya había una investigación en manos de la Fiscalía y, por lo tanto, no correspondía investigar internamente, lo cual no es cierto. Es obligación de la administración investigar cualquier irregularidad y, según el decreto 500/991, la vía administrativa es independiente de la vía judicial”, apuntó el legislador frenteamplista.
En el pedido de informes, Carrera reclama que se investigue cómo llegó un documento proveniente de Cancillería, que debía entregarse a la Justicia, a manos del exasesor en Comunicación del presidente Roberto Lafluf.
“¿Cuál fue el fundamento normativo para que no se inicie una investigación administrativa ante un hecho grave como que un expediente pase directamente de Cancillería a manos del asesor Lafluf? ¿Es política del Ministerio de Relaciones Exteriores no investigar paralelamente con la Justicia hechos de apariencia irregular en cumplimiento del decreto 500/991?”, cuestionó Carrera.
El decreto 500/991 establece el procedimiento administrativo y disciplinario aplicable a los funcionarios públicos de la administración central, que en su artículo cuarto establece: “La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos, ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las partes”.
Los hechos
Según trascendió, Lafluf le expresó, a través de un mensaje de WhatsApp, a la exvicecanciller Carolina Ache que había destruido el acta notarial que dejaba constancia sobre las comunicaciones mantenidas entre Ache y Maciel en referencia al narcotraficante Sebastián Marset, a quien el gobierno uruguayo le otorgó un pasaporte.
Según la versión de Ache, el asesor presidencial le pidió que borrara los mensajes que mantuvo con Maciel y que volviera a protocolizar el contenido de su celular sin esas conversaciones.
Sin embargo, Ache ya había protocolizado las conversaciones con una escribana pública el 18 de noviembre, una semana antes del pedido de Lafluf.
En teoría, Lafluf habría destruido el primer documento protocolizado por Ache y le pidió que lo volviera a presentar ante el encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La exsubsecretaria se negó a volver a protocolizar los chats y, finalmente, entregó el 28 de noviembre de 2022 una copia del acta que certificaba la existencia de esos chats.
Presentamos un pedido de informes a Cancillería.
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) February 1, 2024
Hace unos días se supo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no va a investigar el incidente que derivó en la destitución de Bustillo.
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