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La Unión de Vendedores de Carne (UVC) se mostró a favor de la decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de vetar tres artículos de la Rendición de Cuentas que permitían que las pollerías y carnicerías en el interior del país fueran habilitadas por las intendencias y no por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
El presidente de la UVC, Hebert Falero, aseguró que la resolución del presidente “fue muy coherente”.
“El INAC, en estos casi dos años, había hecho un relevamiento muy bueno de todas las carnicerías y flexibilizó muchísimo las exigencias para habilitar las carnicerías y las pollerías en el interior”, sostuvo Falero.
El comerciante destacó que unificar la habilitación de las carnicerías “es lo más legal que hay”.
“Es ilegal que volvamos a lo de antes, que había carnicerías que el mismo INAC no sabía que existían, por lo que no eran controladas. Eso es problemático para la gente, para el consumidor y desleal para los carniceros que están bien habilitados y cumplen con todas las normativas”, consideró Falero.
Y agregó: “Creo que volver para atrás, con lo poco que están exigiendo en el interior para la habilitación, no es una buena medida”.
Consideró que la decisión de establecer ese artículo en la Rendición de Cuentas se hizo sin consultar al INAC, y que se hizo “por amiguismo”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne de Uruguay (Adicu), Jorge López, se mostró también a favor del veto de Lacalle Pou.
“Entendemos que en Uruguay existe un contralor que es el INAC, que es modelo a nivel mundial, que tiene todo el equipo técnico y el conocimiento para regular toda la cadena cárnica, desde la producción a la distribución y hasta la venta”, consideró López.
“No vemos una razón lógica de por qué dejar en este caso la proteína aviar, las pollerías, por fuera de este contralor que es el INAC. Realmente, haciendo esto y permitiendo que las pollerías queden por fuera, haríamos que los que no se registran compitan deslealmente con todo el resto de los actores de la industria cárnica. Y, a su vez, podrían ocasionarse casos en los que se venda carne sin control de la cadena de frío, con el riesgo que esto implica para el consumidor final que consume esos productos”, sostuvo el presidente de Adicu.
Y opinó que con este veto “se está cuidando al consumidor”.
“La LUC ya flexibilizó muchísimo lo que son las exigencias, tanto para carnicerías como para pollerías, por lo que creemos que no hay razones para no estar registrado. No tiene ningún sentido dejar por fuera de esta fiscalización al INAC, que es el instituto competente en esta materia”, explicó.
El veto de Lacalle Pou
De los cinco artículos que vetó Lacalle Pou de la Rendición de Cuentas, tres estaban vinculados a la habilitación de las carnicerías, que devolvía la potestad de hacerlo a las intendencias departamentales en el interior del país.
La iniciativa modificaba la competencia que le fue dada al INAC en la Ley de Urgente Consideración (LUC), votada en julio de 2020, cuando se estableció un aumento “en las facultades y competencias del INAC para el control y la sanción a las carnicerías de todo el país”.
Hasta ese momento, eran los gobiernos departamentales los encargados de llevar adelante estos controles, con excepción de Montevideo, donde ya estaba facultado el INAC, que pasó a tener potestad para todo el territorio nacional.
Lacalle Pou argumentó en el documento dirigido a la Asamblea General que las razones para el veto de estos tres artículos tienen que ver con la necesidad del “fortalecimiento de una visión integral de toda la cadena de carne por parte del INAC, y que exista un marco legal con aplicación uniforme a nivel nacional”.
“Tal como como se fundamentó en la exposición de motivos de la LUC, el Poder Ejecutivo entendió necesario fortalecer el INAC, buscando eliminar la informalidad del mercado cárnico, para también garantizar la inocuidad de las carnicerías”, apunta el documento.
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