Después de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció ante la Asamblea General rebajas impositivas al IRPF (Impuesto a la Renta de Personas Físicas), al IASS (Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social) y también cambios en el IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) para micro y pequeñas empresas, el Frente Amplio (FA) apoyó su crítica fundamentalmente en que las medidas eran “insuficientes” y, además, recordó cambios tributarios que se habían realizado en el pasado.

La oposición afirmó que, aunque votará la rebaja de impuestos en el Parlamento, entiende que el Gobierno “está devolviendo lo que quitó”.

En esta línea, se marcaron puntualmente dos modificaciones tributarias que se dieron durante este período: el cambio en el criterio para los ajustes de las franjas del IRPF y el IASS (enero de 2021), y la quita de la devolución de dos de cuatro puntos de IVA cuando se paga con tarjeta de débito (marzo de 2020).

En el primer caso, el Poder Ejecutivo definió en 2021 modificar el criterio para ajustar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) utilizando como indicador el Índice Medio de Salarios (IMS), cuando la variable utilizada para dichas actualizaciones desde 2012 era el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Este cambio en 2021, según el presidente del FA, Fernando Pereira, “hizo que más trabajadores pagaran” IRPF y “que a todos les aumentara” la carga tributaria.

“Mucha de la gente que hoy deja de pagar es la que comenzó a pagar hace dos años. Hoy aflojan un poquito la cincha con la que habían apretado a la gente en uno de los peores momentos del país”, argumentó Pereira el pasado viernes, en respuesta a los anuncios impositivos realizados por Lacalle Pou.

En contraposición, desde filas del Gobierno y también algunos analistas económicos señalaron que la decisión que se tomó en 2021 fue en realidad siguiendo el criterio de neutralidad fiscal.

El argumento esgrimido por el Poder Ejecutivo radica en que, si el aumento de los salarios es medido por el IMS y la BPC se actualiza atada a este índice, entonces, el efecto en la recaudación sería neutro como consecuencia de que las franjas del IRPF se ajustan por la evolución de la BPC, siguiendo el mismo comportamiento que los salarios y manteniéndose el peso relativo que tiene el impuesto en el ingreso de los trabajadores.

“Eso no es cierto. Que lo justifiquen”, respondió Lacalle Pou cuando fue consultado en Rivera por las declaraciones de Pereira y del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, sobre que los cambios tributarios implicaban una “devolución de lo que se quitó” al inicio del período.

Para el Gobierno, no hubo aumento ni baja en el pago de impuestos para los contribuyentes de IRPF categoría II con el cambio de metodología en el cálculo de la BPC.

¿Qué pasó en 2021 y 2022? ¿Y antes?

Lo que en realidad ocurrió a partir del cambio de criterio que aplicó el Gobierno en enero de 2021, fue que los trabajadores asalariados pagaron más IRPF ese año, que si el ajuste de la BPC se hubiese realizado por el IPC como se venía haciendo.

Esa situación es la que sostiene la crítica realizada por el FA, que estima se recaudaron entre US$ 60 y US$ 65 millones más con el cambio de criterio que si se hubiese ajustado la BPC por la inflación. 

Sin embargo, el peso relativo que tuvo el impuesto sobre el salario fue el mismo que tuvo en 2020, por lo que podría calificarse que el impacto del cambio fue “neutro”.

Estrictamente, lo que pasó en 2021 y 2022 fue que aquellos trabajadores que perdieron salario real pagaron menos IRPF que en 2020, pero la relación entre su remuneración y la carga del impuesto permaneció incambiada. Si un trabajador perdió 1% de salario real, tras el ajuste de la franja, pagó impuestos con relación a esa pérdida en su remuneración, pero no más como afirmó Pereira.

Sin embargo, el planteo esencial del FA es que, si se hubiese mantenido el criterio utilizado hasta 2020, esos trabajadores que perdieron salario podrían haber pagado menos impuestos, en lugar de mantenerse sin cambios el peso relativo de su aporte tributario sobre sus ingresos.

El fundamento teórico del FA y de los gobiernos anteriores para realizar los ajustes de las BPC atados a la inflación se sustenta en que, si aumenta el salario real de un trabajador, este aporte más IRPF, pero si cae pague menos impuestos.

Mientras tanto, al ajustarse la BPC por IMS el trabajador seguirá pagando lo mismo, aunque caiga su salario real. No obstante, en caso de que el Gobierno mantenga el mismo criterio, en el mediano o largo plazo la carga impositiva sobre los trabajadores sería menor si se registrase un aumento del salario real.

En 2022, la inflación cerró en 8,29%, en 2021 en 7,96% y en 2020 en 9,41%, mientras que el registro del IMS fue 9,41% (por encima del IPC) el año pasado, 6,28% (por debajo) en 2021 y 7,58% (por debajo) en 2020.

El valor actual de una BPC es de $ 5.660 y el mínimo no imponible de ingresos para el IRPF se ubica en 7 BPC ($ 39.660 mensuales) para los trabajadores. Las deducciones dependerán de los aportes a la seguridad social y de si el contribuyente tiene o no hijos menores, o si paga alquiler.