Cámara inmobiliaria pide aprobación “urgente” de proyecto que regula actividad

La Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU), que agrupa a más 800 empresas del sector, emitió un comunicado en el que insta al Parlamento a aprobar un proyecto de ley que regula la actividad inmobiliaria, que lleva más de un año esperando su aprobación legislativa.

A comienzos de marzo de 2023 ingresó al Parlamento un proyecto de ley —impulsado por la CIU— que fue aprobado por la Comisión de Constitución y Código de Diputados a mediados de noviembre de ese mismo año.

“Esta situación no solo causa inquietud en el gremio inmobiliario, sino que también representa un peligro latente para la sociedad en su conjunto”, expresa el comunicado fechado el martes 26 de marzo.

Además, la CIU considera que “la ausencia de regulación propicia el surgimiento de oportunistas que operan al margen de la ley, realizando actividades ilegales e incluso estafas que afectan a ciudadanos y empresas por igual”.

Asimismo, la misiva dice que el hecho de que no haya una ley “abre las puertas al lavado de activos”, y “fomenta la proliferación de prácticas ilícitas y la creación de un submercado clandestino que pone en riesgo la seguridad jurídica y económica de quienes participan en transacciones inmobiliarias”.

Por eso, el gremio hace “un llamado urgente al Parlamento, para que priorice el tratamiento y la aprobación” del proyecto.

“La regulación de la actividad inmobiliaria es esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y el desarrollo sostenible del mercado, así como para proteger los intereses de los consumidores y promover la inversión responsable”, termina el comunicado.

Entre otras cosas, el proyecto de ley de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay plantea la creación del Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que tiene entre sus objetivos llevar un registro de los operadores habilitados, “generar información real y fidedigna sobre las transacciones que se realizan en el país a través de la creación de un Observatorio del Mercado Inmobiliario y fiscalizar el correcto desempeño de la actividad”.

De acuerdo con datos del Banco de Previsión Social (BPS), el sector inmobiliario emplea aproximadamente a 27.400 personas. Sin embargo, estudios realizados por la CIU indican que el informalismo en el sector ronda entre el 50 y 60%.

Con relación a las sanciones, se establece que quienes infrinjan lo dispuesto por el proyecto pueden ser suspendidos temporariamente y tener multas de entre 1.000 Unidades Indexadas (UI) y 500.000 UI, entre $ 5.700 y hasta $ 2.845.000, aproximadamente.

Sin embargo, hay voces dentro del rubro que se oponen al proyecto. El diario El País consignó a fines de 2023 que otro gremio, la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) —que nuclea a empresas como RE/MAX, Engels & Völkers, Coldwell Banker y Century 21— no está de acuerdo con el texto.

Para Cumei, el proyecto haría que se cierre “el mercado” y que haya “menos competencia”, y ataca directamente a las franquicias internacionales.

De hecho, Cumei presentó objeciones a este proyecto en Diputados, que, según denuncian, “no fueron adecuadamente escuchadas” en su momento.

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