El directorio de la Caja de Profesionales entregó este jueves al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una serie de medidas, comprendidas en un anteproyecto de ley, que tiene como objetivo mejorar la situación que atraviesa el sector.

El ministro de la cartera, Pablo Mieres, fue quien recibió la iniciativa y destacó la actitud del directorio. “Cuando hay crisis no es fácil tomar esas medidas y, sin embargo, le han puesto el pecho a las balas y ha habido un diálogo muy profundo, intenso y permanente entre el Directorio de la Caja de Profesionales y el Poder Ejecutivo”, expresó en rueda de prensa.

En ese sentido, el jerarca afirmó que el diálogo con la Caja “ha sido muy fructífero, franco y valiente”. Mieres explicó que la realidad del sector fue “heredada” de los gobiernos anteriores, debido a que “se dejó correr de manera poco responsable esta situación”.

El camino

En febrero de 2022, la Caja de Profesionales comenzó a tomar las primeras resoluciones tendientes a disminuir los egresos, eliminando beneficios extraordinarios que se habían otorgado por encima de los porcentajes legales y que ya no era viable económicamente seguir manteniéndolos.

En junio de 2022, en conjunto con el Poder Ejecutivo, la Caja creó un grupo de trabajo para estudiar la modificación de la Ley 17.738, con medidas tendientes a buscar soluciones inmediatas, denominada “ley express”. Desde esa fecha al 22 de diciembre de 2022, hubo reuniones de trabajo, intercambios y evaluaciones que culminaron en la aprobación de una batería de medidas por parte del directorio de la caja por mayoría de cinco votos afirmativos y dos negativos.

Aprobadas las medidas a tomar, el directorio elaboró el anteproyecto de ley que este jueves entregó al ministro de Trabajo.

Dentro de los votos afirmativos están los de tres directores elegidos por los activos y dos del Poder Ejecutivo, y dentro de los que votaron negativo figura un director de los activos y el elegido por los pasivos.

Entre las medidas que plantea el directorio de la Caja al Gobierno para su afiliados activos están: incremento de la edad mínima de jubilación a 65 años, aumento de la tasa de aporte de 16,5 a 19%, ajuste de la tasa de reemplazo a 45% y el aumento de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio —llevarlo a 18 años—. 

Por otro lado, se pretende crear para los nuevos afiliados una nueva escala de sueldos fictos que pasarían a ser 15 categorías con cambios cada dos años, en lugar de las 10 vigentes actualmente. Además, se propone crear una tasa de contribución pecuniaria de los pasivos.